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Las incapacidades médicas son un derecho que tienen los trabajadores para que, en caso de una enfermedad o accidente laboral, puedan tomar días de recuperación o rehabilitación que les permitan volver a realizar sus actividades laborales.
Estas deben estar certificadas debidamente por un profesional de la salud de la EPS, en caso de enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo; o de la ARL, en caso de enfermedades o accidentes laborales.
Su remuneración depende de la duración que tenga y del tipo de incapacidad que sea. Si se trata de una incapacidad de origen laboral, la responsabilidad de su pago será de la ARL y corresponderá al 100 % del salario del empleado durante el tiempo estipulado por el médico de la entidad. Esto solo cambiará si hay una certificación de invalidez permanente o hasta la recuperación del paciente.
Las incapacidades médicas comunes, en cambio, son responsabilidad del empleador si son de uno o dos días. Estas deben pagarse en un 100 %.
A partir del tercer día, la incapacidad pasará a ser responsabilidad de la EPS y cubrirá un 75 % del salario del empleado durante el tiempo que dure su recuperación, a menos que supere los 540 días. En este último caso, pasará a ser responsabilidad de la Administradora del Fondo de Pensión a la que esté afiliado.
Como se trata de un derecho que involucra recursos del empleador y de diferentes entidades del Sistema de Seguridad Social, falsificar un documento de este tipo podría tener varias consecuencias legales y laborales.
En cuanto a las laborales, la falsificación de una incapacidad laboral podría entrar dentro de lo que el Código Sustantivo del Trabajo denomina engaño o falta grave por parte del trabajador. Estas dos conductas están clasificadas como formas de despido por justa causa.
Además de esta medida, los empleadores podrían reportar el caso a las autoridades para abrir una investigación y allí podrían surgir al menos dos consecuencias.
El Código Penal en Colombia establece que la falsificación de un documento privado es un delito que podría tener entre 16 meses y nueve años de prisión.
Además, las autoridades también estarían encargadas de investigar si la incapacidad fue presentada con el fin de justificar una ausencia o si la persona tenía la intención de obtener beneficios económicos a través de esa falsificación. En ese caso, podría estar cometiendo fraude o estafa, un delito que tiene penas que van desde poco más de un año hasta más de 12 años de prisión, según los beneficios que se haya obtenido por medio de la falsificación.
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