Recobros por medicamentos, un fenómeno imparable en Colombia

El viernes 26 de julio, la Corte Constitucional publicó un documento que pasó inadvertido. Era un auto (140 de 2019) en el que hacía un breve recuento de un asunto que desde hace varios años inquieta a Colombia: los sobrecostos de los medicamentos. En trece páginas hacía un breve resumen de las acciones que el Ministerio de Salud había tomado para contener ese problema. Reconocía que entre 2014 y 2018 las medidas tomadas por esa cartera habían permitido un ahorro de $4,8 billones, pero su conclusión no era tranquilizadora: ha habido avances, escribieron los magistrados, pero esas mejoras no han sido suficientes para superar las dificultades. La manera de calificar ese proceso de regulación, ordenado en 2012, era un tajante “Nivel de cumplimiento medio”. (Lea El Minsalud quiere ponerle tope al precio de una nueva tanda de medicamentos)

“Siguen configurándose prácticas irregulares relacionadas con los costos de los medicamentos”, apuntaban para luego invitar a la Procuraduría, la Supersalud, la Contraloría y la Fiscalía a que investiguen el fenómeno de los sobrecostos de las medicinas. También los instaba a imponer faltas disciplinarias o penales si encontraban irregularidades. (Lea Este es el grupo de los "indispensables" en el mundo de los medicamentos en Colombia)

Un par de días antes de que la Corte publicara ese auto, en el Ministerio de Salud se había realizado una reunión a la que asistieron buena parte los actores del sistema. En el piso cuarto, la Adres, entidad que maneja la plata del sistema de salud, presentó un balance de sus acciones. Los datos que mostraron en un par de diapositivas parecían confirmar lo que el alto tribunal sugeriría luego: algo no anda bien en el mercado farmacéutico.

La gráfica de barras amarillas que acompaña este texto resumía la principal inquietud: el valor del grupo de medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios (es decir los fármacos del no POS) continuaba creciendo. Pese a las medidas, los llamados recobros, pagados con dinero de todos los colombianos, seguían aumentando. A diferencia del primer semestre de 2018, aquellos recobros al Estado fueron 7,4 % mayores en valor: representaron $2,34 billones frente a los $2,18 billones del año pasado, una cifra seis veces superior a lo que pagó la Juventus por tener en su nómina a Cristiano Rolando.

“Recobro imparable, invencible, insostenible”, fue la manera como resumió en Twitter aquella gráfica Carolina Gómez, exdirectora de Medicamentos del Minsalud y miembro del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la U. Nacional. “Es una situación incontrolable”, añade Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica (Observamed). En otras cifras: mientras que en 2012 esos medicamentos le costaron al país alrededor de $6 billones, en 2018 Colombia tuvo que desembolsar $10 billones.

***

Cristina Arango Olaya es economista, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (EE. UU.) y desde los primeros días de diciembre de 2018 se convirtió en la directora de la Adres. Reemplazó a Carlos Mario Ramírez, un viejo conocido en el sector.

Arango sabe que el incremento de esos recobros representa un riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud. Sabe también que frenarlos no es fácil, porque los motivos de ese inquietante fenómeno son diversos. A sus ojos, hay dos esenciales: un incremento de la población que se beneficia de esas medicinas NO PBS y los diferentes valores a los que algunos actores del sistema suelen cobrar al Gobierno ciertos fármacos. Le suma una explicación más: el hecho de que estén cobrando con cada vez más frecuencia los tratamientos más caros del mercado.

Un buen ejemplo es el pembrolizumab, para tratar el melanoma metastásico. Conocido popularmente como Keytruda, este fármaco, comercializado por Merck Sharp & Dohme, fue el que tuvo mayores ventas en 2018 entre los medicamentos que habían entrado al país un año antes. A mediados del 2018 habían reportado ventas por $15.515 millones. En el nuevo informe de la Adres aparece como el tercero más prescrito entre el grupo de los “nuevos”.

Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento de la U. Nacional, cree que en esta compleja ecuación del aumento de recobros hay otros ingredientes. Le añade uno más: el poco trabajo que suele haber con los médicos para que se haga un uso racional y pertinente de los medicamentos en Colombia. Con frecuencia el marketing suele generar una demanda que beneficia a algunos laboratorios, dice. Gómez cree, sin embargo, que en estos meses ha habido medidas valiosas para detener esa tendencia. Poner valores máximos de recobro es una de ellas.

Tanto ella como Óscar Andia están seguros de que otro gran paso hubiese sido sacar adelante una regulación que impulsó el Gobierno Santos (la circular 08) y que parece haber quedado en el olvido: poner precios a los nuevos medicamentos que entren a Colombia de acuerdo con su valor terapéutico. Un estudio publicado en el “British Medical Journal” en 2017, resume la razón de esa idea: el 57 % las medicinas para tratar el cáncer que se aprobaron en Europa entre 2009 y 2013 no demostraron mejorar la calidad de vida de los pacientes ni darles más tiempo de vida que los ya existentes.

Pero entre todas la tecnologías de salud que fueron prescritas en 2018 y que no hacían parte del Plan de Beneficios, los medicamentos no son los únicos que generan preocupación. También hay otros grupos que Arango ve con inquietud, pero prefiere ser prudente. “Estamos analizándolos cuidadosamente”, replica. Uno de ellos, los productos nutricionales. La mayoría hacen parte de la marca Ensure, de la multinacional Abbott.

El viernes 26 de julio, la Corte Constitucional publicó un documento que pasó inadvertido. Era un auto (140 de 2019) en el que hacía un breve recuento de un asunto que desde hace varios años inquieta a Colombia: los sobrecostos de los medicamentos. En trece páginas hacía un breve resumen de las acciones que el Ministerio de Salud había tomado para contener ese problema. Reconocía que entre 2014 y 2018 las medidas tomadas por esa cartera habían permitido un ahorro de $4,8 billones, pero su conclusión no era tranquilizadora: ha habido avances, escribieron los magistrados, pero esas mejoras no han sido suficientes para superar las dificultades. La manera de calificar ese proceso de regulación, ordenado en 2012, era un tajante “Nivel de cumplimiento medio”. (Lea El Minsalud quiere ponerle tope al precio de una nueva tanda de medicamentos)

“Siguen configurándose prácticas irregulares relacionadas con los costos de los medicamentos”, apuntaban para luego invitar a la Procuraduría, la Supersalud, la Contraloría y la Fiscalía a que investiguen el fenómeno de los sobrecostos de las medicinas. También los instaba a imponer faltas disciplinarias o penales si encontraban irregularidades. (Lea Este es el grupo de los "indispensables" en el mundo de los medicamentos en Colombia)

Un par de días antes de que la Corte publicara ese auto, en el Ministerio de Salud se había realizado una reunión a la que asistieron buena parte los actores del sistema. En el piso cuarto, la Adres, entidad que maneja la plata del sistema de salud, presentó un balance de sus acciones. Los datos que mostraron en un par de diapositivas parecían confirmar lo que el alto tribunal sugeriría luego: algo no anda bien en el mercado farmacéutico.

La gráfica de barras amarillas que acompaña este texto resumía la principal inquietud: el valor del grupo de medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios (es decir los fármacos del no POS) continuaba creciendo. Pese a las medidas, los llamados recobros, pagados con dinero de todos los colombianos, seguían aumentando. A diferencia del primer semestre de 2018, aquellos recobros al Estado fueron 7,4 % mayores en valor: representaron $2,34 billones frente a los $2,18 billones del año pasado, una cifra seis veces superior a lo que pagó la Juventus por tener en su nómina a Cristiano Rolando.

“Recobro imparable, invencible, insostenible”, fue la manera como resumió en Twitter aquella gráfica Carolina Gómez, exdirectora de Medicamentos del Minsalud y miembro del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la U. Nacional. “Es una situación incontrolable”, añade Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica (Observamed). En otras cifras: mientras que en 2012 esos medicamentos le costaron al país alrededor de $6 billones, en 2018 Colombia tuvo que desembolsar $10 billones.

***

Cristina Arango Olaya es economista, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (EE. UU.) y desde los primeros días de diciembre de 2018 se convirtió en la directora de la Adres. Reemplazó a Carlos Mario Ramírez, un viejo conocido en el sector.

Arango sabe que el incremento de esos recobros representa un riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud. Sabe también que frenarlos no es fácil, porque los motivos de ese inquietante fenómeno son diversos. A sus ojos, hay dos esenciales: un incremento de la población que se beneficia de esas medicinas NO PBS y los diferentes valores a los que algunos actores del sistema suelen cobrar al Gobierno ciertos fármacos. Le suma una explicación más: el hecho de que estén cobrando con cada vez más frecuencia los tratamientos más caros del mercado.

Un buen ejemplo es el pembrolizumab, para tratar el melanoma metastásico. Conocido popularmente como Keytruda, este fármaco, comercializado por Merck Sharp & Dohme, fue el que tuvo mayores ventas en 2018 entre los medicamentos que habían entrado al país un año antes. A mediados del 2018 habían reportado ventas por $15.515 millones. En el nuevo informe de la Adres aparece como el tercero más prescrito entre el grupo de los “nuevos”.

Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento de la U. Nacional, cree que en esta compleja ecuación del aumento de recobros hay otros ingredientes. Le añade uno más: el poco trabajo que suele haber con los médicos para que se haga un uso racional y pertinente de los medicamentos en Colombia. Con frecuencia el marketing suele generar una demanda que beneficia a algunos laboratorios, dice. Gómez cree, sin embargo, que en estos meses ha habido medidas valiosas para detener esa tendencia. Poner valores máximos de recobro es una de ellas.

Tanto ella como Óscar Andia están seguros de que otro gran paso hubiese sido sacar adelante una regulación que impulsó el Gobierno Santos (la circular 08) y que parece haber quedado en el olvido: poner precios a los nuevos medicamentos que entren a Colombia de acuerdo con su valor terapéutico. Un estudio publicado en el “British Medical Journal” en 2017, resume la razón de esa idea: el 57 % las medicinas para tratar el cáncer que se aprobaron en Europa entre 2009 y 2013 no demostraron mejorar la calidad de vida de los pacientes ni darles más tiempo de vida que los ya existentes.

Pero entre todas la tecnologías de salud que fueron prescritas en 2018 y que no hacían parte del Plan de Beneficios, los medicamentos no son los únicos que generan preocupación. También hay otros grupos que Arango ve con inquietud, pero prefiere ser prudente. “Estamos analizándolos cuidadosamente”, replica. Uno de ellos, los productos nutricionales. La mayoría hacen parte de la marca Ensure, de la multinacional Abbott.