Así fue el debate que le dio el último empujón a la reforma a la salud en la Cámara

El debate de este lunes, con el ministro Luis Fernando Velasco (a la derecha y de pie).

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de varios meses de debates y controversia, este martes fue aprobada la reforma a la salud en la Cámara de Representantes en segundo debate. Tras una discusión que inició en horas de la tarde y se prolongó hasta la noche, los representantes le dieron su aval a los últimos artículos que hacía falta votar, entre ellos los que le daban algunas facultades especiales al presidente Gustavo Petro.

Los primeros en reaccionar fueron los gremios de las EPS. Carmen Eugenia Dávila, directora de Gertarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, se pronunció señalando que “el texto recién aprobado generará un modelo desintegrado, fraccionado, desfinanciado y que pone en riesgo la protección financiera de las familias y hogares. Esperamos que en el Senado se pueda tener un debate más técnico”.

Tras un largo debate que se prolongó hasta las horas de la noche, fue aprobado el proyecto de ley que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro. Su próxima prueba, el Senado.

Todas las proposiciones alrededor del artículo 42 quedaron como constancia. Este artículo detalla cómo se elegirán los gerentes de los hospitales públicos, un tema que generó mucha controversia este lunes. Los ponentes señalaron que después de todo el debate, optaron por dejar el artículo tal cual en la ponencia y le piden así a la Cámara aprobarlo. Ayer el ministro Luis Fernando Velasco había pedido cambiarlo.

El artículo 42 es del capítulo II de las Instituciones de Salud del Estado del proyecto de reforma, y detalla cómo se elegirá al director (o directora) de los hospitales públicos. En la ponencia original se estipulaba que esta elección se dará dentro de los tres meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal, distrital o gobernador, para un período de cuatro años. En el texto había una serie de requisitos que tenía que cumplir ese director, por ejemplo, un puntaje mínimo en una prueba que prepararían y llevarían a cabo las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, una proposición aceptada por Alfredo Mondragón, ponente del proyecto, eliminó esos requisitos, dejando solo hacia el final que “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá realizar previamente un proceso de inducción, el cual será reglamentado por el Ministerio de Salud”. En esa nueva redacción las Universidades y el Departamento de la Función Pública no tenían ninguna función, algo que fue entendido por algunos congresistas como una eliminación de la meritocracia.

El tema escaló a tal punto que el propio presidente Gustavo Petro se refirió a la nueva redacción: “Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”, escribió el presidente en X (antes Twitter).

“El artículo 42 plantea un contrapeso en el proceso de elección de gerentes para evitar una clientelizacion de los hospitales públicos en Colombia. De ninguna manera elimina la autonomía constitucional a gobernadores y alcaldes, pero uno no puede defender esa autonomía cuando durante 30 años han malversado recursos de la salud para la politiquería. entendemos que todos ellos son responsables de la salud en sus territorios, pero muchos hospitales de este país se han clientelizado, politizado y generado tremendos problemas de corrupción”, defendió Martha Alfonso Jurado, ponente de la reforma en el Congreso.

La plenaria aprobó el artículo 143 del proyecto por 73 votos. Falta un artículo.

La plenaria de la Cámara se declara en sesión permanente. Faltan alrededor de dos artículos por aprobarse.

La plenaria de la Cámara discute uno de los últimos artículos que faltan por aprobar, el 143. Es sencillo, dice: “La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.

Los congresistas de oposición y de independencia aprovecharon para volver a poner en cuestión los tiempos de transición de la reforma a la salud, que el proyecto dice será de dos años. “Incluso voces que provienen del Gobierno nacional han dicho que se necesita que el sistema de información unificado exista ya, y se van a necesitar para eso cinco años. Este periodo de transición es un tiro al pie de la reforma. Por eso propusimos ampliar ese tiempo, pero no hubo poder humano que lograra”, dijo la representante Jennifer Pedraza.

Los ponentes de la reforma a la salud aceptaron eliminar el artículo 128 que determina dar facultades extraordinarias al presidente para capitalizar Nueva EPS. Los congresistas aceptaron la proposición de Olga Lucia Velásquez Nieto, representante de la Alianza Verde, que señaló que un artículo (el 96) del Plan Nacional de Desarrollo ya contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda capitalizar a las empresas de orden nacional. “El 128 no se requiere para capitalizar a Nueva EPS”, señaló Velásquez.

La plenaria aprobó esa proposición de eliminación por 101 votos

La Cámara aprobó los artículos 122 y 123 de la reforma. “Congresistas, mil gracias, ese espaldarazo que le han dado al gobierno, el Gobierno lo valora mucho”, celebró Luis Fernando Velasco, ministro de Interior.

El presidente de la plenaria, Andrés Calle, informó que aún no hay acuerdo para votar el artículo 42 alrededor de la elección de gerentes de hospitales públicos (que explicamos aquí) e informó que el debate entonces continuará con los artículos 122, 123 y 128. En estos hay temas clave para el Gobierno.

Todos hacen parte del título de disposiciones generales de la reforma. El 122 versa sobre la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Aquí se señala que el proyecto garantizará “los derechos fundamentales a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, en lo que respecta a las medidas relacionadas con el derecho fundamental a la salud, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI)”.

Es decir, el Gobierno los consultará antes de tomar cualquier decisión que implique, por ejemplo, la organización, administración, consolidación, financiación y gestión del sistema de salud indígena, también los mecanismos de implementación, seguimiento, evaluación y control y los mecanismos de transición necesarios para la implementación del proceso de reorganización en el marco de sus estructuras, entre otras cosas.

El 123 garantiza la misma consulta y consentimiento libre, pero ahora para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Rrom. Ambos artículos, tanto el 122 como el 123, revisten al presidente de facultades extraordinarias (por seis meses) al presidente para expedir las normas con fuerza de ley, cuyos contenidos sean producto de la concertación en el marco esas consultas.

Finalmente, el artículo 128 es muy clave para el Gobierno. Aquí se le dan facultades extraordinarias al presidente por el término de seis meses para “dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación”. Hay que recordar que la reforma le da nuevas responsabilidades a Nueva EPS, señalando que esta acogerá los usuarios en donde no queden EPS.

“Se está planteando que el presidente tenga esas facultades para capitalizar Nueva EPS. Nosotros vaticinamos que va a ser una situación critica la que vivirá esa EPS, no va a dar abasto”, señaló Andrés Forero, del CD.

Una proposición no avalada de la congresista Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, indica que debido a ese papel preponderante de Nueva EPS, esa capitalización (que no es más que la inyección de recursos) deberá ser presentado al Congreso a través de un proyecto de ley “para que la discusión no se salte al Congreso”. Este artículo necesita, para pasar, mayorías absolutas, es decir, mínimo unos 94 votos.

“Estas facultades, como están propuestas con tanta amplitud, son inconstitucionales. (...) Es contrario a la constitución política determinar una capitalización que además tiene participación privada. Yo considero que este artículo no se puede pasar”, dijo Carolina Arbelaez, representante de Cambio Radical.

Nuevamente, y como ha sido usual, las bancadas de oposición como Centro Democrático y Cambio radical anuncian que se retiran del recinto en los momentos de votación.

Con más de 70 votos, la plenaria de la Cámara negó la proposición del Centro Democrático (CD) de aplazar el debate. “Esta es quizá la última vez en que esta cámara discutirá este tema”, dijo Andrés Forero, del CD.

La Comisión de Ética se reunió este martes para discutir la recusación a un grupo de congresistas del partido Conservador por supuesto conflicto de interés respecto a la discusión de la reforma a la salud. Una vez recibido el caso, la comisión analizó si la recusación cumplía los requisitos de ley y concluyó que en este caso no sucedía. La comisión negó la recusación y los congresistas conservadores podrán participar del debate.

La plenaria negó el cambio de orden del día, propuesto por la oposición, que pedía discutir otros proyectos antes de llegar a la reforma a la salud. En contraste, las mayorías aprobaron el orden del día tal cual.