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En los últimos dos días, mientras miles de ciudadanos marchaban en las calles, un breve video circulaba en redes sociales. En él, una voz trataba de explicar cuáles serían las consecuencias del proyecto de ley que busca una “reforma” al sistema de salud que se está tramitando en el Congreso. Cualquiera, al verlo, enfurecería de inmediato.
“Si nos clavan la reforma a la salud el usuario tendrá el deber del autocuidado. Si la EPS argumenta que no se cuidó, el usuario deberá pagar su atención”, señalaba. Además, aseguraba que, de ser aprobado ese documento, el modelo de salud sería similar al de Estados Unidos y eso obligaría a los colombianos a pagar pólizas adicionales. “Si se acepta la reforma tributaria se aceptan las demás”, concluía.
En Instagram, uno de esos videos tenía casi 260 mil reproducciones al cierre de esta edición. En Twitter, varios usuarios replicaron indignados esos “argumentos”, pese a que en ninguna de las páginas de la ponencia que será debatida en el Congreso hiciera referencia a esas supuestas transformaciones que darían un giro de 180 grados al sistema de salud.
Otro punto que se popularizó entre quienes no estaban de acuerdo con el proyecto de ley 010: aseguraban, como también lo hacía el video, que acabaría con el Instituto Nacional de Cancerología para cederle el “negocio” a la clínica oncológica de Sarmiento Angulo.
“No existe ninguna razón técnica para que el Congreso otorgue facultades extraordinarias al presidente para transformar el Instituto de Cancerología. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de dejar a discrecionalidad de Iván Duque el futuro de este importante centro?”, anotó Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. “Se debe anotar la incursión del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Ángulo en el negocio de la prestación de servicios de salud en oncología. Tiene un enorme centro de salud que dirigió el actual ministro de Salud”.
Pero el Instituto Cancerológico (INS) tiene una lectura muy distinta. Como le explicó a El Espectador, ese artículo, en realidad, lo estaban esperando. “El INC tiene una naturaleza híbrida única: como prestador de servicios de salud y como centro de investigación, y requiere que se le reconozca como tal para poder generar mayor valor público”, advierte. “Por ello el Gobierno solicitó al Congreso facultades extraordinarias al presidente para que el INC pueda contar con una nueva arquitectura jurídico-administrativa que le permita su transformación (...) Requerimos desarrollar un papel más protagónico en ciencia y tecnología”.
En palabras de una funcionaria, se trata de un gran malentendido que ha causado una enorme confusión. Corcho, que reitera que el proyecto de ley no resuelve ningún problema de fondo, no insiste en que el INC está equivocado en su interpretación y en que Duque no debería tener esas facultades.
Razones de fondo
El profesor Jairo Humberto Restrepo, del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, es un viejo conocedor del sistema de salud colombiano. Cuando lee que el país va a adoptar el modelo de EE. UU. o que cambiará el INC, le sorprende que esos puntos hayan cogido fuerza. “Está bien que tengamos opiniones diferentes y debemos respetarlas, pero tenemos que ser más responsables a la hora de informar. No podemos jugar ahora con fake news”, dice. Otra que se le viene a la cabeza es la supuesta idea de eliminar los hospitales públicos del país que, de hecho, asegura, necesitan una gran reingeniería porque es lugar “donde se concentra la corrupción”.
Para Restrepo, más allá de cómo algunos políticos están manipulando esta discusión, hay razones de fondo para discutir la viabilidad de esa “reforma” a la salud. El primer punto que hay que tener en cuenta, explica, es que el proyecto de ley no es nuevo: ha sufrido grandes cambios desde julio de 2020. Entonces, fue presentado con la firma de 90 congresistas afines al Gobierno y estuvo enmarcado en el ingresó de Cambio Radical a la coalición oficial. Luego, en septiembre, el gobierno de Duque envió un mensaje de urgencia para que lo tramitaran, pero solo hasta ahora es que le prestan atención.
Cuenta Restrepo que, en comparación al primer proyecto este ha tenido transformaciones, aunque el inicial también tenía grandes vacíos. “Solo le pongo un ejemplo: el primero tenía mensaje de urgencia por el contexto en el que estábamos, pero ni siquiera tenía ningún capítulo relacionado con la pandemia. No tenía ni corrección de estilo. Era bastante mediocre”, advierte. "
Sin embargo, tenía, a sus ojos, unos puntos valiosos que se fueron perdiendo. Párrafos relacionados con la búsqueda de financiamiento para el sistema fue uno de ellos. Otro tenía que ver con la depuración de las EPS. “Hoy conserva buenas cosas, como resaltar el rol de la medicina familiar, pero esta discusión puede darse con esa ‘urgencia’. Necesitamos una reforma, pero el Ministerio de Salud debe escuchar a todos los actores, sentarse con ellos. Lo mejor es que el Gobierno reconozca esos errores y prepare una buena iniciativa en la que haya gobernanza, porque esta ya no tiene ni pies ni cabeza”.
“Este proyecto no resuelve ningún problema estructural del sistema. Ni de financiamiento, ni de talento humano, ni de acceso, ni de rectoría”, agrega Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, también cree que no tiene mucho sentido continuar con ese proyecto. ¿La razón? Se perdieron en la marcha, afirma, tres puntos fundamentales de fondo: el giro directo, “que mejoraría la liquidez del sistema”; el subsidio a la oferta para hospitales públicos de baja complejidad, “que era la gran oportunidad de poner a funcionar ese sector que tiene tantas dificultades”, y el “subsidio a la maternidad de mujeres pobres”. Además, dice, “se debía cambiar el papel de las EPS y que se conviertan en administradores regulados. Ojo, no quiero decir con eso que se acabe el aseguramiento”.
Para Gustavo Morales, presidente de Acemi, que agremia a las EPS del régimen contributivo, fue, por el contrario, un alivio que eliminaran de la ponencia original el “giro directo”, pues era, para él, un “incentivo perverso”. Lo que más le preocupa ahora es otro artículo relacionado “con nuevas facultades de la Superintendencia de Salud para que vigile a inversionistas que inyecten recursos al sistema”. Si son conglomerados empresariales, también deberían responder por los compromisos y errores de sus EPS.
La idea sí le suena a Giraldo, quien tiene una buena manera de resumir la situación de ese proyecto de ley que él prefiere no llamar “reforma”: “En este momento es difícil dar un debate sereno, técnico, con buenos argumentos. Sí se tiene que hacer una reforma del sistema de salud y tiene que ser un punto crucial en la campaña presidencial. Hay muchos argumentos para realizarla. Lo que ha sucedido en esta pandemia muestra con claridad cuáles actores han cumplido y cuáles no”.