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En 2020, cuando la pandemia nos tomó por sorpresa, la salud mental empezó a tener una relevancia distinta. Nuestra vulnerabilidad psicológica comenzó a medirse con un termómetro más compasivo y consciente. Hoy, seis años más tarde, muchas cosas han evolucionado con respecto a aquel primer gran llamado de atención sobre la salud mental.
Pero, a pesar de la conciencia que hay actualmente sobre la importancia del tema, en Colombia seguimos abordando la salud mental como algo marginal, muchas veces reactivo, casi siempre silencioso. La conversación, tal como la hemos tenido hasta ahora, ya no es suficiente. Y ese es, precisamente, el punto de partida: la conversación debe cambiar.
Los más recientes datos del Instituto Nacional de Salud (INS) revelan que para 2025 más de 28 mil personas intentaron quitarse la vida en el país. De estos, los jóvenes de entre 15 y 29 años concentraron más de la mitad de los casos.
Además, en el marco de la más reciente Cumbre de Universidades de la Alianza 4U, integrada por la Universidad del Norte, Universidad EAFIT, Universidad Icesi y el CESA, la salud mental fue el tema central de discusión y dio origen a un estudio que hoy ponemos a consideración del país. Sus hallazgos son claros: estamos frente a un desafío estructural que atraviesa generaciones, sectores y territorios, y que exige respuestas coordinadas, sostenidas y, sobre todo, más ambiciosas.
Si aspiramos a una Colombia más productiva, innovadora y equitativa, debemos reconocer una realidad ineludible: no existe competitividad sostenible sin bienestar. No existe liderazgo transformador sin salud emocional. No existe aprendizaje significativo cuando las personas viven en estados persistentes de ansiedad, agotamiento o desesperanza.
Este no es un reto exclusivo del sistema de salud, por el contrario, es un desafío que interpela a toda la sociedad:
A las familias, porque son el primer entorno de cuidado, confianza y contención emocional. A las empresas, porque el bienestar dejó de ser un beneficio complementario para convertirse en un factor estratégico de productividad, cultura organizacional y de sostenibilidad. Interpela a las instituciones educativas, porque formar profesionales no puede limitarse a la transmisión de conocimientos; implica acompañar el desarrollo integral de las personas, su propósito y su capacidad de enfrentar un mundo cada vez más incierto, e interpela, por supuesto, al Estado, porque la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, con políticas que trasciendan el corto plazo.
Pero cambiar la conversación también implica cambiar la forma en que entendemos el problema, porque no se trata únicamente de ampliar la atención clínica, aunque eso es indispensable, sino también de construir entornos (educativos, laborales y sociales) que prevengan el deterioro emocional, que promuevan el bienestar y que reconozcan la salud mental como un activo colectivo.
Se trata también de dejar de hablar de salud mental solo cuando hay crisis, y empezar a integrarla como parte central del desarrollo.
La evidencia está sobre la mesa. El momento exige actuar.
Por eso, el llamado es para que Gobierno, universidades, empresas, familias y sociedad civil tengamos una responsabilidad compartida. La salud mental no puede seguir siendo una conversación privada ni un tema secundario en la agenda nacional, porque detrás de cada cifra hay una persona, y detrás de cada persona que encuentra apoyo, propósito y bienestar, hay una posibilidad real de transformar su entorno.
En esa transformación, también se juega el futuro del país.
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Por Emilia Restrepo, rectora del CESA
