Unos pocos días después de que Colombia entrara en cuarentena para intentar detener el rápido avance del SARS-CoV-2, un grupo de epidemiólogos escribieron un manifiesto dirigido al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en el que resaltaba la importancia de trabajar hombro a hombro entre especialistas de la salud y gobernantes.
En respuesta a la petición de los profesionales y, además, siguiendo las sugerencias del Instituto Nacional de Salud sobre la vigilancia y el control de la pandemia, Aguilar escuchó el llamado y ordenó la creación de ocho salas situacionales conformadas por académicos, epidemiólogos y salubristas de las universidades locales. En las salas se asesoraba en la toma de decisiones a la Gobernación y a la Secretaría de Salud departamental para el manejo y control de la emergencia sanitaria por COVID-19.
El primer caso confirmado en el departamento se registró el 17 de marzo, un par de semanas antes de la creación de los grupos. Hasta finales de mayo, cuando Bogotá, Barranquilla, Leticia y Cali sufrían por altas tasas de contagio entre sus pobladores, las cifras en Santander eran envidiables: el 31 de mayo el reporte de casos llegaba apenas a 69.
Para Laura Rodríguez, médica magíster y PhD en epidemiología y coordinadora de las salas situacionales, las bajas cifras al inicio de la pandemia se deben a varias razones. Por ejemplo, que el departamento solo tuviera un vuelo internacional evitó que se importaran casos del extranjero, además la vía principal que conecta a Santander con Bogotá estaba cerrada. “Hay que reconocer también que adoptamos las medidas de aislamiento desde el primer momento”, afirma la especialista.
Sin embargo, un mes más tarde los casos aumentaron de forma radical y ascendieron a 757 para el 30 de junio. Para los primeros días de julio, el gobernador declaró la alerta naranja, porque Santander superó el 67 % de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos pese a ser uno de los departamentos con una de las redes de salud más robustas del país.
La tercera semana de julio, estando a punto de superar el 75 % de la ocupación, lo que implicaba la alerta roja, Santander recibió 30 ventiladores entregados por el Gobierno Nacional y el porcentaje bajó al 60 %. Aunque es un alivio para la situación del departamento, el último reporte de contagios registró 2.137 casos confirmados.
Para Rodríguez, el aumento de casos tuvo diferentes orígenes: “La carretera se arregló y eso hizo que entrara más gente al departamento y se inició la reactivación económica”, explica la epidemióloga.
Santander pasó en cuestión de días de ser un ejemplo de manejo en la pandemia a un caso problemático. La renuncia de al menos tres epidemiólogos a las salas situacionales dejó expuestas las tensiones.
“A principios de junio empezaba el desconfinamiento, y desde las salas le escribimos una carta al gobernador diciéndole que no debía asumir esas nuevas normas del Gobierno Nacional, porque podía hacer que se disparara la pandemia en Santander. Hicieron caso omiso a la sugerencia, lo que me hizo sentir que mi trabajo y el de mis compañeros no se estaba tomando en cuenta y decidí renunciar”, afirma Javier Idrovo, médico PhD en epidemiología y profesor de la UIS.
Pese al hecho, Rodríguez decidió seguir en las salas convencida de que el papel de la academia es acompañar y asesorar a los entes departamentales en función del beneficio de la gente.
“Ciudades capitales como Bucaramanga cuentan con mejor talento humano y recursos para afrontar la pandemia, mientras que los municipios de categorías 4-6 (82 de los 87 de Santander) no cuentan con los mismos recursos, son además los más vulnerables y dependen totalmente del departamento; así que es a ellos a quienes también hay que apoyar. ¿Imagínate que esto llegue al campo y no se pueda controlar? A municipios rurales donde incluso el ingreso por carretera es difícil. Sería terrible”, explica.
Una de las debilidades del departamento es la capacidad de pruebas diagnósticas. Para el 13 de julio en Santander se estaban analizando entre 400 y 700 pruebas diarias, pero los expertos afirman que para la situación del departamento se deberían estar haciendo entre 1.000 y 2.000 al día. Hay varias razones por las que el número de pruebas es tan bajo, una de ellas es la que más llama la atención.
Aunque el Laboratorio Departamental de Santander fue autorizado para procesar pruebas desde que inició la pandemia en marzo, hasta hoy no se ha analizado la primera prueba de COVID-19 allí.
En un debate de control político, al que fue citado el secretario de Salud departamental el pasado 13 de julio, se explicó que el retraso en la habilitación del laboratorio se debía a que hayproblemas con unosequipos que no llegarían antes de tres o cuatro meses. Admitió que están recolectando más muestras de las que pueden procesar en los laboratorios que síestán en funcionamiento.
Según Rodríguez, aunque los mandatarios han escuchado las recomendaciones de las salas y se ha logrado avances en el manejo de la pandemia, la velocidad de reacción del departamento es menor a la velocidad en la que evoluciona la pandemia.
Un caso extraño
Una de las propuestas de las salas que se llevó a cabo fue la creación de 10 grupos de búsqueda activa, que en principio debían estar conformados por un epidemiólogo, un enfermero y un auxiliar que tomara las pruebas.
La idea es que los especialistas de la salud se encarguen de hacer vigilancia epidemiológica en los diferentes municipios de Santander, y aunque esto significa que la búsqueda activa de casos en el departamento aumentaría y se tendría un mejor manejo de la situación, de las 10 personas contratadas para estos grupos de vigilanciahay un perfil en particular que ha llamado la atención.
Según su hoja de vida en la plataforma CVLAC, Alexánder Almeida tiene tres pregrados: uno en fisioterapia, otro en economía y el último en administración de empresas. Además, ha realizado tres especializaciones, cuatro maestrías, tres doctorados y un posdoctorado.
Hasta ahí podríamos pensar que es una persona que ha cultivado una fructífera vida académica, pero lo que genera preguntas es que seis de esos títulos tienen como fecha de culminación los meses de marzo y abril de 2020.
El contrato de este bumangués de 36 años que aparece en la base de datos de la Gobernación tiene los mismos títulos, pero en los últimos seis la casilla donde se pregunta si se ha graduado de estos estudiosestá marcada con un “no”.
Almeida asegura que lleva cinco años realizando estos seis estudios: dos pregrados, dos maestrías, un doctorado y un estudio posdoctoral. Afirma que todos ya fueron culminados, pero reconoce que algunos fueron realizados en universidades fuera del país y que no han sido convalidadosaún. Entre ellos están los que lo titulan como epidemiólogo.