¿Si nos concentramos en los pobres?

Opinión

Foto: El Espectador

Entre 1996 y 1998 el sector salud en Bogotá experimentó una transformación significativa. En primer lugar, se les arrebató a los concejales el control sobre los hospitales públicos, porque eran ellos quienes entregaban al secretario de Salud de turno la hoja de vida para designar a los directores; Mockus y su secretaria de Salud recuperaron esta facultad nominadora y de gestión en general.

En segundo lugar, los recursos financieros destinados a la salud aumentaron, lo que permitió, entre otras cosas, contratar una póliza o seguro para eventos de alto costo para un millón de bogotanos pobres, que estaban en el Sisbén y aún no podían acceder al régimen subsidiado de salud. La población recibía atención y luego se verificaba su condición. La aseguradora tenía la obligación y la facultad de identificar si los beneficiarios de estos servicios tenían la capacidad económica para estar en el régimen contributivo y, por otro lado, si provenían de departamentos vecinos que debían pagar por los servicios recibidos. Este seguro, aumento el acceso, mucho mejor que en las EPS, y, ahorró recursos significativos al distrito.

Esta experiencia fue retomada por la ministra de Salud en 2001, quien, mediante un proyecto de ley, intentó crear una póliza única de alto costo para todos los colombianos, incluyendo los regímenes especiales. Desafortunadamente, dicho proyecto fue archivado por el lobby de varios gremios, que buscaban evitar, la obvia disminución, o no aumento, de la UPC del régimen contributivo de salud, al que estaban afiliados no más de 16 de los 44 millones de colombianos. Al interior del Ministerio se concluyó que, si el proyecto se hubiera presentado para los 22 millones de colombianos pobres, afiliados o no al subsidiado, la ley habría prosperado y habríamos evitado un despilfarro billonario de recursos que ocurrió posteriormente, conocido como la “Feria del NO POS y el alto costo”, que aún nos pesa hoy, por un mercado inclemente, que no perdona la oportunidad del lucro.

La lección aprendida fue crucial para que en la ley 1438/2011, se recentralizaran en la nación los recursos territoriales que cofinancian dicho régimen y así poder establecer el “giro directo a prestadores” exclusivamente para el régimen subsidiado. Es importante señalar que el debate en el Congreso no superó los cuatro meses y que, a su vez, fue la “semilla de la ADRES”, valorada por todos los agentes.

Si el actual gobierno hubiera tenido en cuenta ambas lecciones aprendidas, concentrando la reforma en estatizar el régimen subsidiado: prohibiendo el lucro, haciendo realidad la compra centralizada de medicamentos para los 25 millones de sus afiliados, licitando desde la nación un seguro para eventos de alto costo, se habría aprobado en meses sin necesidad de “mermelada”, y, lo más importante es, que llevaría dos años: el avance en mayor acceso de los pobres, -resaltando la Colombia profunda- a los servicios y medicamentos, la red pública estaría fortalecida. Si logró ampliar el giro directo a prestadores al régimen contributivo, sumándolo al del régimen subsidiado que opera desde abril de 2011, aspiración de los proveedores de servicios y medicamentos que la han valorado, así haya malestar por su manejo, incluso desde las EPS intervenidas.

Con todos los defectos y virtudes del modelo vigente y el retroceso ocurrido en los últimos dos años para ambos regímenes y los maestros, que, además, afectó a todos los agentes del sistema de salud, es imperativo concentrarnos en la prioridad de mejorar el servicio de salud para los pobres, como fue la promesa de gobierno, que -con o sin reforma- ya no cumplirá. Será el próximo gobierno el que tendrá el reto y la responsabilidad de retomar el camino.

Carlos M. Ramírez. R es ex viceministro de Salud y ex director de la ADRES.

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