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En un breve comunicado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la organización Pacientes Colombia y la Mesa de Usuarios en Salud están pidiéndole al personal de salud que suspenda durante cinco minutos sus actividades el próximo miércoles, 29 de enero, para protestar por lo que ellos califican como una “crisis humanitaria” que “padece la salud en Colombia”.
“Con la salud en la UCI, se hace necesaria una movilización de toda la sociedad colombiana para exigir a los responsables nacionales los pagos de deudas atrasadas y la financiación sostenible del sistema de salud”, aseguran.
De acuerdo con el documento, la idea es que entre las 7 p.m. y las 7:05 p.m, tanto médicos, como enfermeras, cuidadores y usuarios, pongan en pausa sus actividades y “hagan ruido”. “Necesitamos que todos en el país se entere del #SOSPorLaSalud”, añaden.
Las razones para convocar a esta actividad, dicen, son, primero, que “durante los últimos años el sistema de salud colombiano afronta serias dificultades en materia de calidad y oportunidad de los servicios”.
A sus ojos, el período del presidente Gustavo Petro, ha estado marcado por una discusión legislativa que “aleja a todos los responsables de atender adecuadamente las urgencias actuales para garantizar la continuidad en los tratamientos de millones de colombianos”.
Recuerdan, además, que, según los datos de la Superintendencia de Salud, en el 2024 se radicaron 1.5 millones de reclamaciones, “una cifra nunca antes vista”.
En el comunicado hacen alusión a la intervención que han tenido que hacer las altas cortes, como la Corte Constitucional, para que “las instituciones oficiales” cumplan con sus deberes. Solo esta semana, ese tribunal expidió un auto en el que le da varias órdenes al Ministerio de Salud, entre ellas que pague la deuda que tiene con las EPS relacionada con los presupuestos máximos, unos recursos indispensables para garantizar el tratamiento de enfermedades de alto costo.
Para la Asociación de Sociedades Científicas y las organizaciones de pacientes, Colombia se enfrenta, en este momento, “a un desfinanciamiento progresivo estimado en $10 billones, que genera incertidumbre en toda la cadena operativa del sistema y se evidencia en los cierres de servicios de salud en todos los municipios del país”.
Así mismo, manifiestan que “el talento humano que hoy se encuentra empleado no tiene certeza si en unos meses sus puestos de trabajo se mantengan y los llamados de alerta no han sido escuchados”.
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