La Superintendencia Nacional de Salud abrió a comentarios un proyecto de circular con el que busca reforzar la atención y protección de menores de edad con riesgo vital. La propuesta, básicamente, define la gestión de los casos según cohortes de alto costo, como niños y jóvenes con hemofilia, trasplantes, cáncer, enfermedades crónicas y huérfanas, entre otras.
La iniciativa, además, plantea una articulación de servicios que garantice el acceso efectivo y la calidad en la prestación, así como la representación del afiliado ante el prestador, “para lo cual será necesario el apoyo de la red de prestadores de servicios de salud y su coordinación con los proveedores de tecnologías en salud contratados”.
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Uno de los puntos centrales de la circular, de acuerdo con la Supersalud, establece que los reclamos clasificados como de riesgo vital tendrán que ser gestionados y resueltos de manera prioritaria e inmediata, en un plazo máximo de ocho horas para emitir una “respuesta de fondo”. Si esto llega a incumplirse, las EPS deberán dar a conocer a la Supersalud las razones de la demora, así como identificar a los responsables de las barreras o retrasos en la atención.
El proyecto también plantea que, en caso de que se den incumplimientos o posibles omisiones que afecten el derecho a la salud de esta población, la Supersalud trasladará copias a organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, sin perjuicio de las funciones de supervisión, inspección, vigilancia y control que le corresponden a la entidad.
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La iniciativa, en suma, busca implementar mecanismos especiales para hacer seguimiento a niños, niñas y adolescentes que enfrentan riesgo vital. Por ejemplo, plantea la creación de bases de datos priorizadas y que se realicen contactos mensuales efectivos para verificar que los tratamientos se estén prestando de manera continua y interrupciones.
“Con estas medidas, la Supersalud busca reducir las barreras administrativas, evitar retrasos injustificados y garantizar una atención oportuna, continua e integral para una población que cuenta con especial protección constitucional”, se lee en el comunicado de la entidad.
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