La Superintendencia de Salud anunció la apertura de una investigación administrativa a Famisanar EPS y a Colsubsidio tras las denuncias, publicadas por este diario, hechas por la familia de Ana María Cuesta, quien era directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y falleció el pasado 11 de junio.
La decisión de esta entidad llega también luego de realizar una auditoría en la que “encontró material suficiente que evidencia la falta de seguimiento por parte de la EPS y del gestor farmacéutico en la entrega oportuna y completa de los medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas”, como era el caso de Ana María Cuesta.
Como contamos en la edición del domingo 15 de junio en El Espectador, Cuesta fue diagnosticada a los 19 años con hipertensión pulmonar. Más adelante, a su diagnóstico se sumó el de lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune que afecta al pulmón, y para la que aún no hay cura conocida.
La paciente tomaba dos medicamentos de alto costo como parte de su tratamiento: ambrisentan, que no recibía por parte de la EPS desde abril, y selexipag, que le formularon en 2023 y cuya última entrega habría sido en diciembre de 2024.
Tras la publicación de este medio, Famisanar anunció una revisión “de manera rigurosa todo lo relacionado con la atención médica brindada a la señora Ana María Cuesta, incluyendo la entrega de sus medicamentos”.
La auditoría de la Supersalud también incluyó a la IPS que atendió a Cuesta, sobre la cual también había denuncias por parte de su familia. “La Superintendencia determinó que la IPS actuó cumpliendo los protocolos para la atención y de manera oportuna, verificando un proceso adecuado, sin embargo encontró dificultades en la comunicación entre gestor y EPS para el seguimiento y resolución efectiva de medicamentos pendientes para pacientes con patologías crónicas”, detallaron en el comunicado.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento por parte de Famisanar EPS ni el gestor farmacéutico Colsubsidio sobre la investigación anunciada. La información recopilada por la Supersalud será revisada por la delegatura de investigaciones a las EPS y a gestores farmacéuticos, en donde podrían presentarse sanciones.
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