El miércoles (22 de febrero) se conoció que la Superintendencia de Salud impuso una multa de $5.800 millones de pesos a la EPS Sura, tras comprobar que la entidad había restringido el acceso a los servicios de salud de una mujer de 75 años en condición de discapacidad en Barranquilla y “que tiene diagnosticadas múltiples patologías neurológicas que afectan su movilidad y su calidad de vida porque requiere de cuidados especiales”, explicó la Supersalud. (Puede leer: ¿Tiene crédito con el Icetex y su cuota subió este año? La entidad explica por qué)
Las inconsistencias, según la Superintendencia, comenzaron desde que, en octubre de 2022, la mujer solicitará una valoración médica domiciliaria. Sin embargo, ante la inatención, que además le significó retrasos en la autorización de cuidados de enfermería y el suministro de una cama hospitalaria, la paciente interpuso una tutela los primeros días de diciembre.
El Juzgado Segundo de Familia Oral de Barranquilla falló a favor de la mujer el 5 de diciembre y le ordenó a la EPS realizar la valoración y autorizarle los servicios que requería. La cita se llevó a cabo el 20 de diciembre. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de la Supersalud. Según cuenta el hijo de la mujer, el 16 de diciembre la EPS envió los resultados de la valoración médica. Es decir, los resultados llegaron antes que la cita. (Le puede interesar: Campesinos sin primaria o bachillerato ahora podrán acceder a programas del Sena)
Frente a esto, dice la Superintendencia, “se estaría ante un evento de presunta falsedad documental y una eventual falta a la ética médica de la profesional firmante de ese documento”.
La decisión del Juzgado fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 7 de febrero de este año. Allí, se le ordena a la EPS que en las 48 horas siguientes debe garantizar la entrega de los insumos y autorizar el servicio de enfermería, así como realizar una nueva valoración médica al paciente. (También puede leer: Los estudiantes van menos y sacan peores notas en las clases que son más temprano)
Según la Supersalud, la EPS incumplió ambos fallos y en la investigación que adelantó la entidad “queda claro que al no contar con el acceso al servicio de enfermería y la cama hospitalaria en el momento en que los solicitó, y debido a dilaciones y omisiones por parte de la EPS se puso en riesgo la integridad personal y la vida de la paciente”.
Por este incumplimiento, y al ser reincidentes, pues en 2015 la EPS Sura había sido sancionada por hechos similares, la Supersalud le impuso una multa de 5.000 salarios mínimos legales, una de las más cuantiosas en la historia reciente de la entidad contra una EPS, reconoció la misma Superintendencia. (Puede interesarle: Fulbright publicó 51 becas para maestrías y doctorados en Estados Unidos)
¿Qué dice la EPS Sura sobre la multa?
En la mañana de este jueves (23 de febrero), la EPS Sura emitió un comunicado en respuesta a la multa impuesta por la Supersalud. En el documento, la entidad asegura que la afiliada recibe y sigue recibiendo “toda la atención médica integral necesaria según su condición”.
Sin embargo, sí reconoce que se presentó una demora inferior a 15 días en la prestación de algunos servicios, como la entrega de la cama y la asignación de una enfermera para el cuidado durante ocho horas diarias. “La compañía implementará las acciones necesarias para evitar que esto se vuelve a presentar”, aseguran en el comunicado. (Lea: Mineducación agilizó el trámite de licencias de calidad para la Educación Superior)
Respecto a la multa de $5.800 millones, la EPS Sura asegura que esta no es una sanción confirmada y que proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales serán empleados por la entidad. “EPS Sura, dentro de estos términos presentará sus argumentos en ejercicio de su derecho constitucional de defensa”, apuntan.
Por último, dicen desde la EPS, “la sanción y su monto en cuantía de 5.800 millones de pesos resulta desproporcionado y no tiene precedentes en el país”. Esto, aseguran, será expuesto por la compañía en los recursos de ley con los que cuentan.