Supersalud niega aval a la controvertida EPS Salud Andina
La presencia de dos secretarios de salud entre los socios de la EPS, llevó a la Supersalud a rechazar su habilitación.
El Espectador
El superintendente de Salud, Gustavo Morales, le frenó el camino a la controvertida EPS Salud Andina que desde el 8 de junio de 2012 estaba buscando luz verde para empezar a funcionar.
Aunque el principal cuestionamiento que se le ha hecho a esta empresa es que uno de sus mayores accionistas –el empresario y ganadero Gerardo Vecino Villarreal– fue salpicado por desmovilizados de las Auc, la razón fundamental que expuso Morales para negarle el aval es que dos de sus socios actualmente se desempeñan como secretarios de salud, por lo que están inhabilitados.
Se trata de los secretarios de Salud de Atlántico, David Peláez Pérez, y del municipio de Soledad, Carlos Mario Bula, quienes aparecen como miembros de la junta directiva de Inversiones Clínicas Andinas, la mayor accionista de la nueva EPS. Aunque ambos coincidieron en afirmarle a El Espectador que estuvieron sólo en la formación de esta empresa como asesores, y que renunciaron antes de posesionarse como funcionarios públicos, en un registro de la Cámara de Comercio de septiembre de 2012 siguen apareciendo como miembros activos.
En la resolución de la Superintendencia de Salud, que rechaza la solicitud de habilitación, se lee que ambos funcionarios pertenecen a “organismos públicos que supervisan la actividad de las EPS”, por lo que no son personas “adecuadas, ni apropiadas para ejercer una labor trascendental para el Estado, como es la salud”.
Además de estos argumentos, El Espectador conoció que habría nuevas razones para cuestionar la presencia de Gerardo Vecino Villarreal en esta EPS.
El nombre de Villarreal aparece junto al de Carlos Enrique Páramo Samper (miembro de la junta directiva de una de las sociedades accionistas de Salud Andina) en un lío jurídico que llegó hasta la Contraloría y que tiene de por medio una deuda de $3.000 millones.
Esta deuda es el resultado de un negocio de 2008, cuando la Empresa Social del Estado (ESE) Rafael Francisco de Paula Santander entró en liquidación y todos sus activos comenzaron a ser vendidos. Uno de ellos era la Clínica 1° de mayo, que fue comprada por Clínicas Andinas (gerenciada por Gerardo Vecino) y otras empresas. Cinco años después persiste una deuda de $3.000 millones, como consta en documentos de la Contraloría y en la demanda que la ESE Rafael Francisco de Paula Santander le instauró a los deudores.
A la larga historia de tropiezos de Salud Andina habría que sumarle el despido de dos superintendentes delegados, que en su momento dieron el visto bueno para la habilitación de la EPS sin tener en cuenta las inconsistencias, y la denuncia que el abogado Abelardo De la Espriella, apoderado de Salud Andina, anunció que interpondría en contra del supersalud Gustavo Morales por prevaricato, omisión, injuria y calumnia agravada.
Salud Andina podrá presentar los recursos de reposición que considere pertinentes ante la decisión de la Superintendencia de rechazar su habilitación.
El superintendente de Salud, Gustavo Morales, le frenó el camino a la controvertida EPS Salud Andina que desde el 8 de junio de 2012 estaba buscando luz verde para empezar a funcionar.
Aunque el principal cuestionamiento que se le ha hecho a esta empresa es que uno de sus mayores accionistas –el empresario y ganadero Gerardo Vecino Villarreal– fue salpicado por desmovilizados de las Auc, la razón fundamental que expuso Morales para negarle el aval es que dos de sus socios actualmente se desempeñan como secretarios de salud, por lo que están inhabilitados.
Se trata de los secretarios de Salud de Atlántico, David Peláez Pérez, y del municipio de Soledad, Carlos Mario Bula, quienes aparecen como miembros de la junta directiva de Inversiones Clínicas Andinas, la mayor accionista de la nueva EPS. Aunque ambos coincidieron en afirmarle a El Espectador que estuvieron sólo en la formación de esta empresa como asesores, y que renunciaron antes de posesionarse como funcionarios públicos, en un registro de la Cámara de Comercio de septiembre de 2012 siguen apareciendo como miembros activos.
En la resolución de la Superintendencia de Salud, que rechaza la solicitud de habilitación, se lee que ambos funcionarios pertenecen a “organismos públicos que supervisan la actividad de las EPS”, por lo que no son personas “adecuadas, ni apropiadas para ejercer una labor trascendental para el Estado, como es la salud”.
Además de estos argumentos, El Espectador conoció que habría nuevas razones para cuestionar la presencia de Gerardo Vecino Villarreal en esta EPS.
El nombre de Villarreal aparece junto al de Carlos Enrique Páramo Samper (miembro de la junta directiva de una de las sociedades accionistas de Salud Andina) en un lío jurídico que llegó hasta la Contraloría y que tiene de por medio una deuda de $3.000 millones.
Esta deuda es el resultado de un negocio de 2008, cuando la Empresa Social del Estado (ESE) Rafael Francisco de Paula Santander entró en liquidación y todos sus activos comenzaron a ser vendidos. Uno de ellos era la Clínica 1° de mayo, que fue comprada por Clínicas Andinas (gerenciada por Gerardo Vecino) y otras empresas. Cinco años después persiste una deuda de $3.000 millones, como consta en documentos de la Contraloría y en la demanda que la ESE Rafael Francisco de Paula Santander le instauró a los deudores.
A la larga historia de tropiezos de Salud Andina habría que sumarle el despido de dos superintendentes delegados, que en su momento dieron el visto bueno para la habilitación de la EPS sin tener en cuenta las inconsistencias, y la denuncia que el abogado Abelardo De la Espriella, apoderado de Salud Andina, anunció que interpondría en contra del supersalud Gustavo Morales por prevaricato, omisión, injuria y calumnia agravada.
Salud Andina podrá presentar los recursos de reposición que considere pertinentes ante la decisión de la Superintendencia de rechazar su habilitación.