Todas las embarradas de la EPS Salud Vida que una jueza de Valledupar no quiso ver

La EPS Salud Vida tiene un total de 1´161.921 afiliados. En otras palabras sus directivos son responsables de la vida y la salud de ese enorme número de colombianos distribuidos en  17 departamentos y Bogotá. Las cifras de un informe de interventoría conocido por El Espectador demuestran que por casi 18 años los encargados de esta EPS hicieron todo lo contrario a lo que insinua el propio nombre de la empresa: Salud Vida. 

La EPS que cuenta con 21 Socios (Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. y la  Clínica Médico Quirúrgica S.A entre los mayoritarios) fue sujeto de una medida de vigilancia especial desde octubre de 2015. Durante estos cuatro años sus movimientos han sido vigilados y se le prohibió seguir afiliando personas. Sin embargo, ha sido imposible que mejore sus indicadores. 

Ante este panorama, hace un par de semanas la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de esta EPS. Sin embargo, la decisión de un juez se atrevesó en el camino de poner fin a este largo descalabro. En respuesta a una tutela el juzgado primero civil de Valledupar le ordenó a la Supersalud suspender de manera inmediata la resolución con la que había ordenado liquidar a la EPS. 

Aunque la jueza Zoraya Inés Zuleta argumentó que se trataba de garantizar que “los pacientes sigan siendo atendidos sin dilaciones ni negativas por parte de los prestadores adscritos a la red, hasta la fecha en que se emita una decisión de fondo dentro de la presente acción constitucional”, el panorama administrativo, financiero y de salud apunta hacia otro lado. (Lea: Con tutela frenan liquidación de EPS Saludvida).

Una grave situación

Al primer semestre de 2019 los indicadores de la EPS Salud Vida son para sentarse a llorar. En el caso de salud materna, la EPS presenta  una altísima tasa de mortalidad materna en ambos regímenes con 265 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 

Otro indicador muy sensible es la alta incidencia para sífilis congénita llegando a 2,02 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Igual pasa con la cobertura de citología cervicouterina, el examen para prevenir el cáncer de cuello uterino. Mientras el estándar en Colombia es cercano al 80% entre las pacientes de esta EPS apenas acceden un 37%. Ni hablar de tamizaje para mamografía. En Salud Vida apenas llega a un 18% cuando debería estar cerca del 70%.

Algo realmente grave en términos de salud es el cubrimiento de solo el 55% en vacunación de menores de 1 año, cuando el estándar mínimo requerido es del 95%. Todo un fracaso institucional y de salud pública. 

Obviamente toda esta ineficiencia se refleja en incumpliendo de entrega completa de medicamentos y también en las quejas de pacientes y proveedores: las tutelas en salud contra la EPS superan las 3.300 en solo seis meses. 

“Se evidencia el cierre progresivo de 43 servicios en 11 departamentos, como lo informa la contralora designada. Estos hechos, por el contrario, reflejan que no hay cobertura suficiente, ni oportunidad en la prestación de los servicios a sus afiliados y que el costo de su operación es elevado”, señala el informe. 

De lo que más se quejan los afiliados es la restricción en el acceso a los servicios de salud, demoras en la asignación de citas médicas especializadas, del tiempo de entrega de autorización de servicios, la oportunidad en la entrega de medicamentos e insumos no PBS, demoras en el traslado o ubicación de usuarios en referencia y contrarreferencia.

Problemas sistemáticos con la plata

Las cuentas financieras también son un desastre. Mientras sus activos son de 349.170, los pasivos superan el billón de pesos. 

Del total de sus activos, el 71% se encuentra concentrado en las cuentas por cobrar, de estos el 73%, equivalentes a $309.987 puede convertirse en liquidez, sin embargo, el 65% de esta cifra es cartera con edad superior a 360 días, es decir, de difícil recuperación.

Todo indica que desde la intervención, los directivos de la EPS se la han ingeniado para manipular los recursos que le llegan. "El análisis demostró que Saludvida realizó pagos vía giro directo a la Fundación Medico Preventiva para el bienestar Social, la cual es accionista con el 42,98% de la EPS… el análisis realizado a sus estados financieros prende nuevamente las alarmas sobre un posible esguince a las medidas cautelares. Acuerdos de transacción, constitución de uniones temporales y contratos de cesión de créditos son algunas de las figuras jurídicas empleadas para saltarse la medida".

En este juego financiero parece haber entrado la propia justicia colombiana. Por ejemplo, en el marco de un proceso ejecutivo iniciado por la IPS ante el juzgado 2do del circuito  de Valledupar, pretendiendo el pago de más de $17.000 millones, Saludvida aprovechó para suscribir un contrato de transacción con la clínica Laura Daniela. Con la aprobación del juez se sella el contrato y se realiza un pago inicial de $13.000 millones de pesos y unos pagos periódicos cercanos a los $700 millones y un depósito de $1.200.

El dinero de estas transacciones se habría girado a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A, subsidiaria controlada por Credicorp Capital Holding Colombia SAS, controlada a su vez por la filial Credicorp LTD con domicilio y nacionalidad en Bermudas, en la actualidad, y meses atrás con domicilio en Panamá.

Otro caso detectado fue un carrusel de dinero cercano a los $14.000 millones a través de contratos de cesión de acreencias.  Una de las compañías involucradas en esto fue FUTURO VISIÓN S.AS., conformada por COLOMBIAN HEALTH CORPORATION SAS en un 45% y VISIÓN TOTAL S.A.S. con el 55%. Donde COLOMBIAN HEALTH CORPORATION está constituida y con único accionista, por JUAN PABLO SILVA ROA, quien es Representante Legal de SALUDVIDA S.A. EPS y además hijo de Nancy Roa Arenas y nieto de Hortensia Arenas Avila (accionistas de SALUDVIDA).

Todo esto a pesar de que el 80% del saldo de las cuentas de la EPS se encuentran en estado restringido.