Tutelas de salud, privilegio para los más ricos
Estudio realizado por la Universidad Nacional concluye que la mayoría de los esfuerzos del sistema de salud se concentra en resolver estos problemas, mientras se descuidan las necesidades del resto de la población.
Agencia de noticias UN
A esa conclusión llegó Claudia Marcela Vargas en la investigación presentada en la Conferencia magistral “Análisis comparativo de la judicialización del acceso a medicamentos en cuatro países de América Latina”, como parte de la programación académica del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N).
La investigadora, magíster en Farmacia de la U.N., advierte que como las personas que tienen más acceso a estos mecanismos jurídicos son un grupo privilegiado, el consumo de medicamentos de alto costo termina afectando la posibilidad de que el resto de la población pueda gozar de los mismos beneficios, situación que es mucho más grave en las zonas rurales.
Sus aportes forman parte de los resultados de su tesis de doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), mediante la cual se propuso indagar sobre aquellos medicamentos a los que se tenía acceso por vías judiciales y tutelas.
Casos como Juxtapid (para disminuir el colesterol) –cuyo frasco de 28 cápsulas vale 110 millones de pesos–, o Viekira Pak (para el tratamiento de pacientes con el virus de la hepatitis C), con un precio que supera los 30 millones de pesos por una caja de 56 tabletas, son algunos ejemplos de esta dramática situación.
Debido a que los medicamentos que son nuevos usualmente salen al mercado con precios muy altos, este escenario es un caldo de cultivo para que los sistemas de salud se vean obligados a priorizar y restringir su uso a algunos pacientes, e incluso a no cubrirlos por falta de recursos.
Así mismo, la interposición de tutelas y recursos legales para tener acceso a medicamentos de alto costo termina generando un cuello de botella porque todos los actores del sistema concentran sus esfuerzos en resolver estos problemas descuidando las necesidades del resto de la población.
Mercancía lucrativa
La también directora científica de la Fundación Ifarma, organización que estudia el comportamiento de los medicamentos, desarrolló un estudio comparativo sobre los sistemas de salud de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, a partir de 50 entrevistas a especialistas y expertos.Luego de realizar un estudio sobre la política farmacéutica de 2003, en el que se observaba que para 2010 los medicamentos de alto costo tendrían un fuerte impacto sobre las finanzas del sistema de salud, la investigadora estableció que aunque el medicamento es un bien social, desde la perspectiva del mercado también es considerado como una mercancía para generar lucro.
Al respecto, recordó que estudios internacionales demuestran casos concretos en los que la industria farmacéutica no solo incentiva la prescripción de medicamentos costosos con información de carácter sesgado, sino que además se registran situaciones en las que los jueces reciben solicitudes similares en las cuales solo cambia el nombre del paciente.
Tales posturas son fuente de continuos enfrentamientos puesto que mientras los accionistas de las compañías farmacéuticas buscan sacar el mayor provecho posible a su inversión, los sistemas de salud se ven obligados a garantizar el acceso a los medicamentos de estas organizaciones.
Sistema excluyente
“Las personas con más ingresos normalmente tienen mayor información sobre el acceso a servicios de salud, junto con la posibilidad de interponer acciones judiciales contra el Estado para acceder a medicamentos que no están cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS)”, afirma Claudia Patricia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder.Puesto que el Estado debe gastar más dinero en la compra de algunos medicamentos, el acceso a los servicios básicos de salud de la población más pobre continúa desatendido, tal como lo demuestran cifras del Ministerio de Salud.
Según el trabajo realizado por Claudia Vargas, parte de esta crisis requiere soluciones mucho más amplias que incluyen la reforma del modelo de atención, de modo que se haga mayor énfasis en acciones de carácter preventivo y de promoción de la salud.
A esa conclusión llegó Claudia Marcela Vargas en la investigación presentada en la Conferencia magistral “Análisis comparativo de la judicialización del acceso a medicamentos en cuatro países de América Latina”, como parte de la programación académica del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N).
La investigadora, magíster en Farmacia de la U.N., advierte que como las personas que tienen más acceso a estos mecanismos jurídicos son un grupo privilegiado, el consumo de medicamentos de alto costo termina afectando la posibilidad de que el resto de la población pueda gozar de los mismos beneficios, situación que es mucho más grave en las zonas rurales.
Sus aportes forman parte de los resultados de su tesis de doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), mediante la cual se propuso indagar sobre aquellos medicamentos a los que se tenía acceso por vías judiciales y tutelas.
Casos como Juxtapid (para disminuir el colesterol) –cuyo frasco de 28 cápsulas vale 110 millones de pesos–, o Viekira Pak (para el tratamiento de pacientes con el virus de la hepatitis C), con un precio que supera los 30 millones de pesos por una caja de 56 tabletas, son algunos ejemplos de esta dramática situación.
Debido a que los medicamentos que son nuevos usualmente salen al mercado con precios muy altos, este escenario es un caldo de cultivo para que los sistemas de salud se vean obligados a priorizar y restringir su uso a algunos pacientes, e incluso a no cubrirlos por falta de recursos.
Así mismo, la interposición de tutelas y recursos legales para tener acceso a medicamentos de alto costo termina generando un cuello de botella porque todos los actores del sistema concentran sus esfuerzos en resolver estos problemas descuidando las necesidades del resto de la población.
Mercancía lucrativa
La también directora científica de la Fundación Ifarma, organización que estudia el comportamiento de los medicamentos, desarrolló un estudio comparativo sobre los sistemas de salud de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, a partir de 50 entrevistas a especialistas y expertos.Luego de realizar un estudio sobre la política farmacéutica de 2003, en el que se observaba que para 2010 los medicamentos de alto costo tendrían un fuerte impacto sobre las finanzas del sistema de salud, la investigadora estableció que aunque el medicamento es un bien social, desde la perspectiva del mercado también es considerado como una mercancía para generar lucro.
Al respecto, recordó que estudios internacionales demuestran casos concretos en los que la industria farmacéutica no solo incentiva la prescripción de medicamentos costosos con información de carácter sesgado, sino que además se registran situaciones en las que los jueces reciben solicitudes similares en las cuales solo cambia el nombre del paciente.
Tales posturas son fuente de continuos enfrentamientos puesto que mientras los accionistas de las compañías farmacéuticas buscan sacar el mayor provecho posible a su inversión, los sistemas de salud se ven obligados a garantizar el acceso a los medicamentos de estas organizaciones.
Sistema excluyente
“Las personas con más ingresos normalmente tienen mayor información sobre el acceso a servicios de salud, junto con la posibilidad de interponer acciones judiciales contra el Estado para acceder a medicamentos que no están cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS)”, afirma Claudia Patricia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder.Puesto que el Estado debe gastar más dinero en la compra de algunos medicamentos, el acceso a los servicios básicos de salud de la población más pobre continúa desatendido, tal como lo demuestran cifras del Ministerio de Salud.
Según el trabajo realizado por Claudia Vargas, parte de esta crisis requiere soluciones mucho más amplias que incluyen la reforma del modelo de atención, de modo que se haga mayor énfasis en acciones de carácter preventivo y de promoción de la salud.