7 Mar 2019 - 7:57 p. m.

Un mico farmacéutico que quieren colar en el Plan de Desarrollo

Un párrafo que evitaría la comercialización de los genéricos de medicamentos biotecnológicos está siendo promovido en el Congreso para que sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque no se sabe quién o cuál empresa lo está impulsando, para sus detractores es un “mico” que no se debería colar.

Sergio Silva Numa / @SergioSilva03

Intentan meter un mico en el Plan Nacional de Desarrollos para bloquear tratamientos biosimilares.  / Pixabay
Intentan meter un mico en el Plan Nacional de Desarrollos para bloquear tratamientos biosimilares. / Pixabay

Los últimos días de enero circuló por varios medios estadounidenses una noticia que causó sorpresa. Pharma, las siglas con las que se conoce al grupo más grande de farmacéuticas de ese país (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), reveló que había destinado una verdadera fortuna para hacer lobby en el Congreso y en la Casa Blanca. Solo en 2018, advirtió CNN, gastó US $27,5 millones, algo así como 82.500 millones de pesos colombianos. Fue una suma que superó la de 2009, una de las más grandes de los últimos años. Entonces, se discutía el popular Obamacare y Pharma destinó cerca de US $26 millones para influir en las decisiones del país. (Lea La nueva ruta para frenar los altos precios de los medicamentos)

Contratar a equipos de personas especializadas para incidir y presionar en políticas es una vieja práctica que suele ser usada por muchos sectores. En Colombia hay varios ejemplos. En 2016, la industria de bebidas azucaradas presionó de forma continua para evitar el impuesto a las gaseosas. Ese mismo año las compañías tabacaleras actuaron de manera parecida, cuando el Gobierno quería aumentar el tamaño de las advertencias en las cajetillas de cigarrillos. Ahora, de nuevo, parece estar sucediendo algo similar: hay alguien haciendo lobby para incluir un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). ¿A favor de quién? Todo parece indicar que de algunas empresas farmacéuticas. (Lea Cambiar el código de los medicamentos, una sospechosa práctica farmacéutica)

El parágrafo que buscan añadir es breve. También un poco confuso. Bajo el título de “Autonomía Médica en el Plan Nacional de Mejoramiento de Calidad en salud”, tiene varios objetivos. El primero, que el Gobierno tome medidas para “proteger la autonomía médica y el respeto el respeto de su prescripción” de medicamentos. El segundo, que el Gobierno motive la autorregulación como pilar de la sostenibilidad financiera del sistema.

Se trata, dice el artículo en términos más técnicos, de “medidas enmarcadas dentro de la vigente prohibición de la sustitución (…) entre los medicamentos biotecnológicos que no tengan aprobada sanitariamente su intercambiabilidad, sin el consentimiento del médico tratante y el consentimiento informado del paciente”.

Eludiendo la complejidad de esa frase, el párrafo podría ser “la piedra en el zapato” de una intensa discusión que el país ha dado por siete años para regular unas de las medicinas más costosas para los sistemas de salud: los medicamentos biotecnológicos. Esenciales para tratar enfermedades como el cáncer o la artritis, han suscitado intensos debates que el Gobierno intentó resolver en 2014. A través de un decreto, abrió la posibilidad de que ingresaran al mercado colombiano los genéricos de estos fármacos. “Biosimilares” es el término con el que se les conoce en el mundo farmacéutico.

Juan Manuel Anaya es uno de los científicos más citados de Colombia. Es médico reumatólogo y director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la U. del Rosario. También fue uno de los seleccionados por el Gobierno para integrar la Comisión de Sabios. Tras ver el artículo que han intento incluir en el PND, cree que en esta discusión hay que tener algo claro: “Los biosimilares ofrecen similar calidad, seguridad y eficacia que los medicamentos biológicos innovadores, y tienen la enorme ventaja de reducir costos. Por lo tanto, deben ser considerados como la primera opción terapéutica”.

A lo que se refiere es que a la hora de hablar de intercambiabilidad, es decir, a la posibilidad de realizar un intercambio terapéutico entre dos medicamentos (en este caso de biotecnológicos a biosimilares) no debería hablarse de prohibición, como lo sugiere el artículo. “La intercambiabilidad se ha apoyado en ‘estudios de cambio’, los cuales, en enfermedades autoinmunes, han demostrado que la intercambiabilidad no se asocia con un riesgo significativo para la seguridad o reducción de la eficacia terapéutica”. En otras palabras, este grupo de genéricos son seguros y eficaces.

Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional, tampoco está de acuerdo en que se restrinja el uso de esas versiones genéricas. Para ella, además, el artículo tiene otro inconveniente: “Establecer como un mandato que la marca formulada por el médico es la que debe entregarse al paciente, es una injerencia que está violando principios técnicos y prudentes que garantizan una prescripción prudente”.

“Este es un ‘mico’ promovido por las multinacionales propietarias de biotecnológicos monopólicos y algunos actores a su servicio que, con un falso discurso de defensa de la autonomía médica y el interés de los pacientes, buscan mantener las barreras al acceso de biotecnológicos competidores”, concluye Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, luego de revisar la redacción del texto.

Pedro Amariles, vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia, y ex decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, sabe que el debate ha sido intenso y que ha habido argumentos a favor y en contra. En sus palabras, hoy hay desarrollos que evidencian si hay o no diferencias en términos de eficacia y seguridad entre ambos grupos de fármacos. Sin embargo, aclara que “es clave identificar los medicamentos en los que hay mayor incertidumbre y hacerles un seguimiento más cercano y cuantificado”.

“Pero, ¿cuál cree que es el objetivo de este artículo?” “En esencia, intuyo que se trata de un tema fundamentalmente comercial”, responde. “El ingreso de más competencia implica que la industria tenga que bajar los precios. Y lo que le interesa es mantener el monopolio. Estamos hablando de una industria en la que se mueven muchos recursos”.

En este punto, la pregunta clave es quién está detrás de la promoción de ese párrafo. Una fuente que prefiere preservar su nombre afirma que fue Afidro, la asociación que agremia a las principales multinacionales farmacéuticas. Ellos, por su parte, aseguran que no tienen nada que ver. “No es nuestro. Deberían preguntar a los otros gremios farmacéuticos, porque de aquí no salió”, dicen.

José Luis Méndez, presidente de Asinfar, que reúne a los laboratorios nacionales, también es tajante en su respuesta. “No tenemos nada que ver. Me parece un adefesio”, advierte.

Entonces, ¿quién o qué empresa está intentado convencer a algunos congresistas de incluir ese “mico? Saberlo con precisión es muy difícil, pero entre el grupo de lobistas conocidos hay un nombre que salta a la luz: Nicolás Botero-Páramo Gaviria. Según fuentes del Ministerio de Salud, con su nombre han llegado correos con solicitudes relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo.

Abogado y politólogo especialista en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes, Botero-Páramo es el director de una empresa llamada Lösung. También fue asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia. Según su página web, esta es una firma dedicada a “generar nuevos vínculos y conexiones que faciliten el desarrollo de estrategias de relacionamiento y posicionamiento audaces”. Él la define de manera más concreta: “Es una firma de consultoría en asuntos públicos y de gobierno”.

En el momento de responder si fue contratado por alguna farmacéutica en particular para impulsar ese artículo, sus respuestas son confusas. Después de unos días de espera, asegura por WhatsApp que no es vocero de ninguna iniciativa en salud en particular.

“En esos procesos Investigación y relacionamiento, nos reunimos con muy diferentes actores que tienen que ver con el diseño o ejecución de políticas públicas. Es decir, con Gobierno, reguladores, legisladores, asociaciones, gremios, beneficiarios, usuarios, etc. Sobre el tema de salud y autonomía médica, como ciudadano, en diferentes reuniones el Gobierno nos ha pedido que pongamos por escrito nuestras ideas sobre el tema para conocerlas y evaluarlas. Hablar con el Gobierno es una oportunidad para que el regulador vea diferentes ángulos sobre cómo se ejerce hoy la autonomía médica y cómo se podría regular”.

“Es decir que sí han promovido ese artículo sobre autonomía médica para que sea incluido en el PND ¿cierto?”. Su breve respuesta deja más interrogantes que certezas: “Sergio, bueno, un cordial saludo”.

 

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