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En medio de las discusiones de la reforma a la salud, que terminaron por este año el 18 de diciembre, pero se retomarán en febrero de 2025, diferentes asociaciones de la salud se han pronunciado sobre la situación que afronta el sector.
Esta vez, la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica - Capítulo Cundinamarca emitió un comunicado para pedir medidas urgentes por el cierre de algunos servicios pediátricos y obstétricos en hospitales y clínicas del país.
El documento, firmado por Paula Castro, directora del Capítulo Cundinamarca de la asociación, señala que la situación que está atravesando el sistema de salud afecta la atención que reciben niños, niñas y adolescentes, considerados un sector vulnerable dentro de los pacientes.
“La falta de pago oportuno por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a los hospitales ha derivado en una grave crisis financiera que ha afectado la operatividad de los centros de atención. Como resultado, se han visto obligados a tomar medidas drásticas, entre ellas, el cierre de servicios esenciales, como la atención de urgencias pediátricas y obstétricas, así como la suspensión de los servicios de Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) y Pediátrico (UCIP)”, señalan en el comunicado.
La asociación también asegura que los profesionales de la salud, dedicados a prestar servicios de pediatría u obstetricia, han llegado a “una posición insostenible”, que les imposibilita brindar una atención adecuada por la falta de recursos y por la “parálisis en la aceptación de remisiones” que estaría ocurriendo en la red de hospitales del país.
“Exigimos a las EPS y al gobierno nacional que tomen medidas inmediatas para solucionar esta grave crisis, que respalden a los hospitales en su funcionamiento y que garanticen el pago de los servicios prestados para que puedan seguir operando sin comprometer la atención a los pacientes más vulnerables”, se lee en el documento.
Es importante recordar que el cierre de unidades de pediatría, atención neonatal y obstetricia es una situación que se vive desde hace varios años en el sistema de salud, como contamos en un artículo publicado en 2023, y que estaría impulsada en parte por la poca rentabilidad de estos servicios. El caso más reciente fue el anuncio del Hospital Universitario San Ignacio, en Bogotá, sobre el cierre definitivo de su servicio de partos.
“Reiteramos la importancia de que el estado cumpla con su obligación de proteger el derecho a la salud de todos los colombianos, y de los niños y neonatos; especialmente de los menores de edad, quienes son sujetos de especial protección Constitucional y como todos los colombianos merecen una atención médica de calidad que garantice su desarrollo saludable y su bienestar. La protección de nuestros derechos fundamentales debe ser una prioridad para todos los actores involucrados en la gestión del sistema de salud”, apunta la asociación.
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