Colombia aún sigue por fuera del grupo de países que están comprometidos con exigirle a la industria mejor tecnología que reduzca las lesiones y muertes en nuestras vías. Pero un proyecto de ley en el Congreso podría cambiar esta historia.
Esta semana el Congreso de la República discutirá la suerte de un proyecto de ley que podría acercarnos a que en Colombia por fin se comercialicen automóviles y motocicletas que cuenten con elementos básicos de seguridad que sí se exigen en Estados Unidos, Europa, Japón u otros países de medianos o altos ingresos. A este proyecto, de autoría del senador Roy Barreras, también se suma otro proyecto liderado por el representante Jhon Arley Murillo que tiene un propósito similar. Iniciativas como éstas generan esperanza en quienes consideramos que son múltiples las políticas públicas que podríamos adoptar para prevenir las muertes prematuras y lesiones de miles de colombianos. Hace más de 60 años que existen regulaciones internacionales sobre seguridad vehicular. Colombia aún sigue por fuera del grupo de países que están comprometidos con exigirle a la industria mejor tecnología que reduzca las lesiones y muertes en nuestras vías.
La seguridad vial y vehicular debería ser un tema prioritario en nuestro país. En 2018, casi siete mil personas perdieron la vida en siniestros viales de transporte terrestre según el DANE. El Instituto de Medicina Legal, por su parte, reportó 6 690 muertes y 34 501 lesiones en eventos de transporte para 2019. Las lesiones y muertes causadas por choques de tránsito son la segunda causa de muerte de colombianos menores de 30 años.
Desafortunadamente, estamos acostumbrados a pensar que este tipo de eventos trágicos son un producto exclusivo del destino o de la impericia de los conductores o peatones. Esto no es así del todo; también hay factores externos a los individuos que inciden en la ocurrencia de los siniestros y en sus desenlaces. Por ejemplo, no todos los vehículos cuentan con los mismos estándares de protección. Por un lado, los fabricantes y comercializadores de vehículos ofrecen diferentes elementos de seguridad que por lo general están asociados al costo del automóvil.
Por otra parte, hay países en donde la regulación de estos elementos no exige los mismos requisitos de seguridad alrededor del mundo. Estas diferencias en las características de los vehículos son prácticamente desconocidas por conductores, pasajeros y peatones, lo que al final termina generando niveles inequitativos de protección entre distintos grupos socioeconómicos y entre distintos países.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha advertido a los países que existen reglamentos de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los vehículos que, si se aplicaran a los criterios de fabricación y producción de los países, podrían salvar muchas vidas. En el mismo sentido, tanto el Plan Mundial de Seguridad Vial de Naciones Unidas para la Década de Acción 2011-2020 como la Declaración de Estocolmo de la III Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial de 2020 han invitado a los gobiernos del mundo a que apliquen y promulguen las reglamentaciones de seguridad sobre vehículos de motor elaboradas por el Foro Mundial de las Naciones Unidas para la Armonización de las Reglamentaciones sobre Vehículos (conocido en el mundo técnico como WP.29). Estas reglamentaciones están contenidas en tres acuerdos internacionales: los Acuerdos de 1958 y 1998 sobre la regulación de certificación de nuevos vehículos, y el Acuerdo de 1997 sobre las inspecciones técnicas periódicas de vehículos en uso. Colombia aún no hace parte de ninguno de estos tres acuerdos y gracias a esto, los importadores y comercializadores pueden vendernos vehículos de baja seguridad, que países que sí hacen parte de estos compromisos jamás aceptarían en sus mercados.
El Reporte del Estado Global de Seguridad Vial de la OMS advirtió que, para el 2018, únicamente 40 países del mundo implementaban al menos 7 de los 8 reglamentos técnicos prioritarios de Naciones Unidas relacionados con la seguridad vehicular. Mientras, 124 países implementaban únicamente 1 reglamento o en el peor de los casos, ninguno de ellos. Colombia está en el segundo grupo. La implementación de estándares de seguridad vehicular juega un rol crítico tanto en la prevención de siniestros viales como en la reducción de la probabilidad de lesiones graves en caso de un siniestro. Por ejemplo, en 2019, la firma consultora de seguridad vehicular TRL presentó un estudio en el que concluyó que entre 2020 y 2030 se podrían salvar 15 mil vidas en Argentina, México, Chile y Brasil, si en estos países se implementaran estándares mínimos de resistencia de choques.
En Colombia no sería la excepción. De acuerdo con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo presentado el año pasado, en nuestro país podríamos reducir en un 20% las muertes por siniestros viales (lo equivalente a 1,400 vidas) si se implementaran los mínimos estándares de seguridad de los acuerdos de Naciones Unidas de 1958 y 1998.
Es increíble que haya pasado más de medio siglo y aún no hagamos parte de estos acuerdos internacionales. Que en Colombia tengamos autos en nuestras vías que sean menos seguros que los que circulan en otros países no es el resultado de la mala suerte, sino de una falta de compromiso político por la salud y la vida de los ciudadanos. Existiendo la posibilidad de exigir mejores estándares de seguridad vehicular para salvaguardar los derechos a la vida y la salud de los ciudadanos, Colombia debe adelantar los esfuerzos para adherirse a los reglamentos técnicos de Naciones Unidas en materia de seguridad vehicular. Más allá de un tema comercial, hablamos de un asunto de derechos humanos.
Esperemos que el Congreso de la República le dé el visto bueno a esta propuesta y que así nos permita dar un paso adelante hacia la prevención de miles de muertes y lesiones en las vías.
*Investigador de Dejusticia y profesor de cátedra de la Universidad de los Andes
En Twitter: @harimetsu