15 Jan 2021 - 12:02 p. m.

Vacunas, transparencia y poder

Johnattan García Ruiz*

Con un precio más justo se podrían comprar más vacunas y así proteger a más personas.

Tal vez el único país del mundo en donde no se está discutiendo un plan de vacunación contra el covid-19 es en Turkmenistán, en donde el eterno presidente Gurbanguly Berdymukhammedov asegura que el virus jamás ingresó y donde al día de hoy no reportan casos o muertes. Para el resto del planeta, la vacunación es la única salida de esta crisis de salud global. Desde que se reportaron los primeros resultados de los ensayos clínicos de las distintas vacunas, gobiernos y laboratorios farmacéuticos han entablado conversaciones multilaterales y bilaterales para asegurar que los ciudadanos del mundo reciban una. Todas estas negociaciones comparten una característica común: lo que se pacta es confidencial.

La pandemia, acompañada por una total falta de liderazgo global, hizo que los países del mundo abandonaran la cooperación como un camino para enfrentar el virus mientras se protegen los recursos públicos. De esta manera, quedamos atrapados en el peor momento posible en el dilema del prisionero: la metáfora famosa de los economistas en donde sin cooperación e información, dos individuos pueden terminar eligiendo una opción peor para ambos por intentar salvaguardar sus propios intereses. Así es la horrible modalidad de compra de medicamentos, en donde cada país negocia a ojos cerrados, sin saber si sus recursos públicos valen más o menos que los de los ciudadanos de otros países con condiciones similares.

Con un precio más justo se podrían comprar más vacunas y así proteger a más personas. Hoy sabemos, gracias al descuido de un ministro belga, que AstraZeneca le cobra a Europa €1.78 euros, Janssen €8.50 euros, Pfizer €12 euros y Moderna €18 euros. ¿Cuánto le cobrarán a Colombia? ¿Es justo que pague más o menos que Europa? ¿Qué tal comparados con Ecuador, con Chile, con Perú o con México? Si conociéramos los precios de los demás, ¿no negociaríamos mejor?

Es cierto que el problema de la transparencia en los precios de las vacunas contra el covid-19 no es exclusivo de Colombia, es global. También es cierto que prácticamente todos los gobiernos del mundo están contra la pared ante las exigencias de los laboratorios. Perú, Argentina y Panamá, por ejemplo, han tenido fuertes diferencias con Pfizer por las cláusulas que el laboratorio les exige relacionadas con la responsabilidad que podrían tener las farmacéuticas ante la justicia local y que implica que los países deban emitir leyes especiales para darles una exención. La ministra de salud del Perú, Pilar Mazzetti, afirmó que “si bien la obtención de la vacuna es una prioridad, esta no puede adquirirse a cualquier costo.” Pfizer aparentemente decidió mandar a Perú al último lugar de la fila, así que el Gobierno decidió apostarle a la vacuna china de Sinopharm.

Aunque pareciera que no tuviéramos opciones, las hay. Europa negocia unida y por eso tienen mejores precios. Colombia aún puede unirse para gestionar un futuro paquete con otros países de la región que han demostrado interés en un pacto global, como Chile y Costa Rica. De acuerdo con lo pactado en Brasil entre AstraZeneca y la Fundación Oswaldo Cruz, donde se pactó que el laboratorio puede unilateralmente decir cuándo se acaba la pandemia y modificar los precios, es probable que el valor de sus vacunas suban una vez baje la emergencia. Es vital pensar la estrategia a largo plazo y volver a buscar canales de cooperación en la región más allá de lo que ofrece COVAX.

Otra opción para aumentar la transparencia es invitar a representantes del Congreso a conocer los detalles de la negociación. La Comisión Europea pactó con el laboratorio CureVac que miembros del Parlamento Europeo puedan conocer el contrato de adquisición de vacunas, luego de meses de críticas por falta de transparencia. No es algo imposible para Colombia. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Malasia recientemente invitó al Comité de Cuentas Públicas del parlamento a conocer los precios de los contratos que firmaron como acción de transparencia, así como le informó al público el costo total de la compra de las vacunas sin revelar el costo individual de los laboratorios. Por otra parte, también es posible publicar documentos relacionados con la negociación y la adquisición de vacunas aunque ocultando con una franja negra la información protegida, como ocurre con algunos documentos relacionados con negociaciones con AstraZeneca en los Estados Unidos.

En Colombia, el Gobierno Nacional no respondió a las demandas de transparencia con la verdad sobre la exigencia de estos acuerdos de confidencialidad por parte de los laboratorios. Por el contrario, se dedicó a elaborar argumentos jurídicos confusos o incoherentes, primero diciendo que los contratos estaban protegidos por el derecho privado y luego argumentando que la información de los acuerdos contenía secretos comerciales, todo esto a pesar de que las normas sobre la transparenca frente al uso de recursos públicos es muy clara frente a qué principios priman en una emergencia de salud global. Muchos otros países fueron claros y explicaron de manera sencilla y honesta que la reserva era producto de una condición impuestas por los laboratorios. Por proteger la imagen de las farmacéuticas y evitar incomodarlos, el Gobierno terminó minando la confianza de los ciudadanos.

Prácticamente todos los países del sur global están pasando por una situación similar a la de Colombia, firmando acuerdos de confidencialidad, buscando negociaciones, intentando tener fechas claras pero dependiendo de si los laboratorios logran comprometerse o no. Eso explica la dificultad de acceder a los documentos, pero no significa que por eso debamos desistir de exigir mayor transparencia de la información hasta donde más se pueda. La presión de estos últimos días nos ha dado más información de la que teníamos antes. Eso es bueno y debemos ir por más. La práctica de ocultar información en el acceso a medicamentos y vacunas no es nueva, pero es gracias a movimientos ciudadanos y gobiernos transparentes que descubrimos que estas transacciones pueden ser en muchas ocasiones injustas con los países. Buscar una mayor transparencia no pone en riesgo la salud pública, la fortalece. Con más y mejor información siempre tomamos mejores decisiones y así salvamos más vidas.

*Johnattan García Ruiz. Investigador de Dejusticia y de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes. Twitter: @harimetsu

Comparte:
X