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En tres meses las autoridades de salud han registrado veinte muertes de menores de cinco años en el Chocó. A estos niños no los mató la violencia, ni tampoco los accidentes. Son víctimas de haber nacido en un departamento donde el agua potable es un lujo, en municipios donde los políticos siguen sin construir los acueductos prometidos, donde las mamás utilizan para lavar los platos y para cocinar el agua del río a la que van todos sus desperdicios.
El Ministerio de Salud confirmó que los menores, habitantes de municipios como Riosucio, Bagadó, Tadó y Carmen de Atrato, donde se presentan las situaciones más críticas, murieron después de presentar una enfermedad diarreica aguda y desnutrición severa.
De acuerdo con el viceministro Fernando Ruiz Gómez, 18 de las 20 muertes están relacionadas con el consumo de aguas sin tratamiento.
“El domingo pasado se movilizó una comisión del Instituto Nacional de Salud para revisar y evaluar cuáles son las condiciones efectivas de mortalidad y de morbilidad en esta región del país y el 11, 12 y 13 de marzo viajará una comisión del ministerio. Infortunadamente, las distancias son un factor que afecta tremendamente la posibilidad de actuar a tiempo”, indicó el viceministro Ruiz.
Pero más allá de las acciones inmediatas, que igual son necesarias, el problema del Chocó sigue siendo la ausencia de sistemas de abastecimiento de agua potable, una situación que se agudiza con las numerosas denuncias que indican que la explotación ilegal de oro en el departamento está vertiendo incalculables cargas de contaminación por mercurio en el río Atrato y sus afluentes.
El 27 de enero pasado 180 comunidades afrocolombianas demandaron a 26 entidades del Estado para reclamar por el abandono en que se encuentra el principal afluente del Pacífico.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar los problemas que afectan la cuenca completa del Atrato, que vienen empeorando desde hace diez años, cuatro acciones populares interpuestas desde 2011 continúan sin ser resueltas, y no se han escuchado los llamados de la Contraloría local y tampoco los de Codechocó, autoridad ambiental.
Tampoco ha habido quien responda a los detallados informes en los que la Defensoría del Pueblo ha descrito cómo la gente se está intoxicando con el agua que beben en Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, y cómo se están muriendo los niños en Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.
Ayer, la Corte Constitucional citó a las principales autoridades de salud del país para que el próximo 19 de marzo expliquen qué medidas de fondo van a tomarse para entregarle soluciones al Chocó.
Por Redacción Salud
