El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) insiste en presionar para que Google se encamine a una división empresarial. A través de una propuesta presentada el pasado viernes 7 de marzo ante el juez federal Amit Mehta, el DOJ aseguró que la compañía debería verse obligada a vender su navegador web Chrome, y potencialmente Android. La primera solicitud se realizó el año pasado.
En su nueva presentación, el Departamento de Justicia catalogó a Google “un gigante económico” que, según afirmó, “negó a los usuarios un valor estadounidense básico: la capacidad de elegir en el mercado”. Para abordar eso, “Google debe deshacerse del navegador Chrome… para brindarle una oportunidad a un nuevo rival de operar una puerta de entrada significativa para buscar en Internet”. El departamento también sigue recomendando que Google cambie sus prácticas comerciales con Android para permitir la competencia justa.
Además, el Departamento de Justicia también exige que Google notifique con antelación cualquier nueva empresa conjunta, colaboración o asociación con alguna empresa que compita con Google en búsquedas o en anuncios de texto de búsqueda.
Sin embargo, para el alivio de los de Mountain View, el departamento ya no pide que la empresa se deshaga de todas sus inversiones en inteligencia artificial, que formaban parte de un conjunto inicial de recomendaciones emitidas por los demandantes en la primera instancia.
“La conducta ilegal de Google creó un gigante económico que causa estragos en el mercado para garantizar que, pase lo que pase, Google siempre gane”, aseguró el comunicado.
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Una disputa que comenzó hace cinco años
El caso antimonopolio contra Google es el más relevante desde la histórica batalla legal entre el Departamento de Justicia (DOJ) y Microsoft en la década de 1990. En aquel entonces, el gobierno de Estados Unidos demandó a Microsoft por abusar de su posición dominante en el mercado de sistemas operativos para sofocar la competencia en los navegadores web, especialmente a Netscape. El DOJ argumentó que Microsoft usó prácticas anticompetitivas para promover su navegador Internet Explorer y excluir a sus rivales, lo que llevó a un fallo en su contra en el 2000.
Más de dos décadas después, el DOJ se enfrenta a un nuevo gigante tecnológico: Google. Desde la presentación de su demanda en 2020, el gobierno estadounidense sostuvo que Google mantiene su dominio en las búsquedas en línea y la publicidad digital a través de contratos exclusivos con fabricantes de dispositivos y navegadores. Estas prácticas, según la sentencia del juez Amit Mehta en 2024, reforzaron ilegalmente su monopolio y dificultaron la competencia de otros motores de búsqueda.
El impacto de estos contratos es profundo. Según el fallo, aproximadamente el 70 % de las búsquedas en EE. UU. se realizan a través de plataformas donde Google es el motor predeterminado. Además, la empresa comparte miles de millones de dólares en ingresos con socios como Apple y Mozilla, lo que limita las oportunidades para competidores más pequeños.
Para mitigar este dominio, el DOJ propuso en noviembre de 2024 medidas drásticas, incluyendo la venta de Chrome y la posible desvinculación de Android, además de poner fin a acuerdos como el que mantiene con Apple para ser el motor de búsqueda por defecto en Safari.
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Google rechazó estas propuestas, argumentando que representan una intervención excesiva que podría afectar la privacidad de los usuarios y la innovación en la industria.
En diciembre, presentó una contrapropuesta en la que se comprometía a estructurar sus contratos de manera que permitieran múltiples acuerdos de búsqueda predeterminados en diferentes dispositivos. Esto significaría que los iPhones e iPads de Apple podrían tener distintos motores de búsqueda predeterminados. Además, la empresa propuso reducir la duración de sus acuerdos de ingresos de búsqueda con los fabricantes de hardware a solo un año en lugar de establecer contratos a largo plazo. También ofreció mayor flexibilidad en torno a la búsqueda y Chrome para los fabricantes de teléfonos Android.
Actualmente, la situación sigue evolucionando. La postura oficial del DOJ, que presentó recientemente, refuerza la posibilidad de desmembrar partes clave del negocio de Google, mientras que la empresa se prepara para lo que seguramente será un proceso de apelación que podría prolongarse por años.
Google ya manifestó su intención de apelar cualquier medida que se dicte en su contra. La próxima fecha clave en este caso será en abril, cuando el juez Mehta escuche los argumentos de ambas partes en el tribunal, un momento crucial que podría definir el futuro del dominio de Google en el mercado de búsquedas y publicidad digital.
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