Redes sociales: ¿proteger o limitar la libertad de expresión?

Facebook manifiesta en sus normas que no admite el lenguaje que incite al odio. / Archivo El Espectador

La Corte Constitucional se pronunció este jueves sobre cuatro tutelas que estudió en las que había conflictos entre la libertad de expresión de unos ciudadanos y el derecho a “vivir sin humillaciones” de otros. El organismo no hizo mayores declaraciones sobre tres de los casos analizados, porque consideró que su intervención ya no era necesaria (pues ya se había dirimido uno de los casos), o las situaciones estudiadas no tenían relevancia constitucional.

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La única tutela en donde la Corte sí tomó una decisión concreta fue en el caso de un exdirectivo de Sayco (entidad que gestiona derechos de autor) —y actual notario de Santa Marta, Magdalena— que durante siete años recibió insultos y reclamos por parte de un compositor, a través de redes sociales. Ante esta situación, la corporación decidió ordenarle al artista que retire en menos de tres meses todos los mensajes publicados y, en caso de no hacerlo, el organismo solicitará a las plataformas eliminarlos.

El pronunciamiento de la Corte despertó confusión, acrecentada por el hecho de que el fallo aún no se conoce. Lo único que se sabe es lo que dijeron los magistrados José Fernando Reyes y Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, en la rueda de prensa.

El Espectador conversó con Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. Botero reiteró que aún hay mucha confusión sobre la decisión que tomó la Corte, porque el fallo aún no se conoce y es allí donde se especificarán importantes detalles de la determinación. Por ejemplo, se espera que el documento explique con claridad cuáles son los criterios que pueden concluir que unos comentarios afectan “gravemente la dignidad de una persona hasta el punto que (la) humille y le afecte el derecho a vivir de manera digna”, como dijo la magistrada Ortiz, frente a otras afirmaciones que no lo harían.

Además, Botero también cuestionó que la Corte haya dicho que entre el exdirectivo de Sayco —y actual notario— y el compositor que lo atacaba por redes hay una relación de simetría. Para la analista, el vínculo que hay entre un artista y un exempleado de la entidad que recauda y distribuye los derechos de autor, y que actualmente es un funcionario público, no es de igualdad.

Este diario intentó contactarse con Facebook y Youtube (Google), que fueron las redes en donde se publicaron los contenidos a los que la Corte se refirió. Con Facebook no fue posible comunicarse, pero en sus normas manifiesta que no admite el lenguaje que incita al odio, entendiendo este como aquel que ataca a las personas por “raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, casta, sexo, género, identidad de género y discapacidad o enfermedad grave”.

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Por su parte, Google le indicó a El Espectador que esperará el fallo de la Corte para pronunciarse al respecto. No obstante, señaló que sus usuarios pueden denunciar los contenidos que no cumplan con las políticas de la plataforma, como pueden ser aquellos que inciten al odio, sean violentos o tengan contenido sexual.

Sobre este tema, la Corte indicó que no se les puede pedir a las redes eliminar de manera sistemática ciertos contenidos (por ejemplo, todas las publicaciones que contengan un insulto), porque ello sería darles responsabilidades de jueces y además sería una tarea muy difícil. El magistrado José Fernando Reyes recordó que las palabras que son obscenas en un país pueden no serlo en otro, y en ese sentido los togados reiteraron la importancia de interpretar cada caso en el marco de su contexto.

Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), indicó a El Espectador que esta discusión hay que “elevarla” un poco, pues considera que la más reciente decisión de la Corte refleja que la corporación últimamente “está teniendo un pulso sobre qué se entiende por la libertad de expresión, y ese pulso además está girando alrededor de cómo limitar la libertad de expresión, y no cómo protegerla”.

Ello se reflejaría en que los togados en la rueda de prensa explicaron que normalmente los jueces no deben entrar a dirimir las disputas entre ciudadanos en redes sociales. Sin embargo, también dijeron que la justicia sí debe intervenir cuando el contenido del mensaje es suficientemente denigrante, teniendo en cuenta criterios como el impacto, alcance, difusión o periodicidad que tuvo.

El director de la FLIP también mencionó que abrir la puerta a que la justicia intervenga en este tipo de situaciones podría ser contradictorio con la sentencia 442 de 2011 de la misma Corte Constitucional. En dicho documento la corporación dice que “la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”.

Vaca reconoce que los dilemas de libertad de expresión en redes sociales son difíciles de dirimir, pero indicó que “la solución es más libertad de expresión y no menos (…) Me preocupa mucho que está cogiendo carrera el tema de eliminar contenidos, y yo soy más partidario de complementar contenidos, de rectificar contenidos, pero no de eliminarlos (…) El debate público es más información, no menos”.

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Los crecientes conflictos en redes sociales se podrían explicar por las recientes y aún novedosas dinámicas que han traído las plataformas a jueces y ciudadanos. Botero afirma que estamos ante “un nuevo fenómeno social y todo fenómeno social requiere de un proceso de aprendizaje”. Según ella, una clave para tener espacios virtuales sanos es la educación, pues afirma que “estamos en un pico de ingreso de gente a las redes sociales y de uso de las plataformas que tienen estos problemas, pero vamos ajustándonos. En principio la educación no es una amenaza por sí misma a la libertad de expresión, sino que la educación es parte de las reglas que tenemos en una sociedad”.