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Priorizar el diálogo y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz fue el llamado de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en su más reciente informe trimestral, el primero tras la visita del Consejo de Seguridad de ese organismo en el país. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el principal objetivo es “alcanzar una paz duradera”.
El informe, que le hace seguimiento al cumplimiento de los seis puntos del Acuerdo, exaltó los esfuerzos actuales del Gobierno para resolver el conflicto armado en el país. Sin embargo, instó a todas las partes a tener mayor compromiso y entregar resultados tangibles. “Aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz”, dice el informe.
En ese contexto, el documento pone de manifiesto los diálogos que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC). Si bien resalta los avances en las mesas y los beneficios que han traído los ceses al fuego en términos de reducción de la confrontación armada, la Misión de Verificación de la ONU señala que todavía son medidas preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza, por lo que insisten en tomar medidas concretas que acompañen los ceses al fuego.
“Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”, se lee en el informe entregado este domingo, que será presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el martes 9 de abril por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Asimismo, el documento señaló la importancia de la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC como una oportunidad para superar dificultades y fortalecer el cese al fuego. “La celebración de una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC FARC-EP es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”, dice el informe.
En cuanto a la violencia contra la población civil, en el informe se hizo un llamado urgente a que haya medidas más directas. “Las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas y las mujeres, los niños y las niñas que forman parte de ellas, siguen sufriendo de manera desproporcionada la violencia persistente y la falta de desarrollo en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente”, afirma el documento.
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Además, aunque resalta el avance de los diálogos de paz que se llevan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), dijo que, aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”.
Así va la implementación del Acuerdo de Paz
El balance del informe en términos generales es positivo y reconoció avances significativos en el tema de tierras y sanciones propias. Sin embargo, expone la necesidad prioritaria de que las comunidades “comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo”.
El llamado urgente a medidas más directas responde a la constante violencia contra la población civil. “Las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas y las mujeres, los niños y las niñas que forman parte de ellas, siguen sufriendo de manera desproporcionada la violencia persistente y la falta de desarrollo en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente”, afirma el documento.
En el periodo comprendido por el informe, del 27 de diciembre de 2022 al 26 marzo de 2023, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, se documentó el desplazamiento forzado de 14.365 personas y el confinamiento de otras 35.432 en 9 departamentos y 35 municipios. Así mismo, los actores armados ilegales impusieron un cese total de las actividades cotidianas en las comunidades de departamentos como Chocó, Caquetá y Putumayo.
Reforma Rural Integral: entre limitaciones y promesas a futuro
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia entrega un balance positivo en cuanto a Reforma Rural Integral, entre otras cosas, por la priorización de recursos para la Agencia Nacional de Tierras, que para 2024 duplicó su presupuesto, y para la Agencia de Desarrollo Rural, que se cuadruplicó. Sin embargo, con ese aumento de recursos, también llegan los desafíos. El informe señala que el reto estará en la implementación de cara a las limitaciones institucionales y de coordinación.
Precisamente, el informe destaca que los avances en la implementación de la reforma han sido desiguales. Ejemplo de ello es que “en la región del Caribe se hicieron avances en la adquisición de tierras, mientras que en la Amazonía el Gobierno se centró en reconocer los derechos del campesinado en las zonas de reserva forestal y garantizar al mismo tiempo la conservación ambiental”, señala el documento. De ahí que el llamado sea a mantener una sincronización en los planes nacionales para la reforma rural con el objetivo de optimizar y coordinar.
Otra de las limitaciones que identificó la Misión de Verificación fue en cuanto a compra y adjudicación de tierras, pues se redujo la meta de entregas prevista en la hoja de ruta del Gobierno. Inicialmente, estaba proyectada la entrega de 3 millones de hectáreas para 2026, pero se disminuyó a 1.5 millones de hectáreas. Eso se suma a que tampoco hubo avances significativos en el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos: del objetivo total, que son 3 millones de hectáreas, desde el 2022 solo se han comprado 24 mil hectáreas con miras a la reforma rural.
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Acciones a largo plazo para la reincorporación
La reincorporación de excombatientes pasó de ejecutar medidas urgentes a proyectarse a acciones de largo plazo. Para ello, el informe resalta la necesidad de una cooperación entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y los excombatientes junto con sus representantes. Eso, además del acompañamiento y participación activa de entidades gubernamentales y estatales a escala nacional, regional y local.
Así mismo, el documento de la Misión de Verificación hace énfasis en la necesidad de aprobar decretos claves incluidos en el Programa de Reincorporación Integral, el Sistema Nacional de Reincorporación y uno más que se relaciona con las áreas especiales de reincorporación colectiva.
Sin embargo, más allá de las tareas pendientes, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo especial énfasis en el asesinato de excombatientes en el trimestre en el que se enmarca el informe. Se registraron diez asesinatos en el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024, lo que representa un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos.
Sobre las garantías de seguridad
Sobre el tema de seguridad, el informe afirma que es necesario ampliar la presencia de las instituciones y los servicios del Estado en todo el país. Por ello, pone énfasis en que se expidan “los decretos que establecen los marcos normativo, presupuestario e institucional” para poner en marcha la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y el Programa de Protección Integral para excombatientes.
Además, indica que los avances del Ministerio del Interior en varias medidas diseñadas para abordar los desafíos de seguridad que enfrentan los excombatientes, los líderes sociales y las comunidades siguieron siendo limitados como con el “programa Integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios”, el plan para garantizar la vida de lideresas y defensores y “el fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas”.
El informe hace un recuento de los hechos violentos ocurridos en los últimos meses, como los confinamientos que ha sufrido especialmente Chocó, y el cese total de las actividades cotidianas, así como la suspensión de la movilidad en Caquetá y Putumayo, hechos duraron entre 4 y 27 días, como lo registró Colombia+20 en esta nota.
Una de las alarmas del informe es que son los casos de violencia sexual de género contra mujeres excombatientes y niños y niñas en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. “Entre 2020 y 2023 se reportaron a la Misión y a las autoridades competentes 11 casos de este tipo de violencia en seis antiguos espacios territoriales, que afectan todos ellos a mujeres y niñas. En el período sobre el que se informa se reportó un caso a la Misión”, dice el informe.
La preparación de la JEP en las sanciones propias
Este año la Jurisdicción Especial para la Paz debe dictar las primeras sanciones propias, uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer ese tribunal (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias) y que serán impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.
Sobre este tema, la JEP dice que debe prepararse para esa implementación. “Es importante que la Jurisdicción Especial para la Paz alcance la etapa en que se dicten las sanciones propias. Sin embargo, concebir el proceso de justicia transicional como un proceso continuo con etapas interconectadas es clave para tomar conciencia de los avances significativos que ya se han alcanzado”. Según el informe, hasta la fecha, la JEP ha imputado a 151 personas, incluyendo miembros de las antiguas FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, terceros civiles y un agente del Estado no combatiente. Del total de personas imputadas, el 89 % ha reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
“En un caso particular, 30 exmiembros del Ejército imputados por crímenes en el departamento del Huila han aceptado su responsabilidad, mientras que cinco generales retirados enfrentarán un proceso adversarial. De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión”, dice el documento que también se hizo eco del duro choque entre ese tribunal y el antiguo secretariado de las extintas FARC por algunas decisiones que ha tomado la JEP y que, según los excombatientes, se “alejan” del espíritu del Acuerdo de Paz y que estarían generando inseguridad jurídica de los firmantes de paz. “El Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, está poniendo a disposición sus buenos oficios”, dice el informe.
El rezago de los capítulos étnicos y de género
Para la Misión de Verificación resulta alarmante que la limitación de recursos se convierta de nuevo en un obstáculo para la implementación de las más de 100 disposiciones sobre género que quedaron plasmadas en el Acuerdo Final de Paz.
La problemática se refleja puntualmente en la falta de asignación de un presupuesto adecuado para el Viceministerio de las Mujeres, contemplado en el Ministerio de Igualdad, y su papel crucial en la coordinación entre el Acuerdo y el Plan de Desarrollo.
“Son necesarios más recursos relacionados con el género en las entidades gubernamentales para acelerar el ritmo de implementación de las disposiciones sobre género del Acuerdo y cumplir las expectativas de las numerosas mujeres que participaron en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo”, se lee en el informe.
Por otro lado, la Misión de Verificación destaca la participación activa de las mujeres, como negociadoras y participantes en los eventos establecidos por la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Sin embargo, al mismo tiempo, las cuestiones de género, como la inclusión de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad en las conversaciones de paz en curso, fueron limitadas.
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Sobre el capítulo étnico, el informe considera positivo que la Vicepresidencia de Colombia haya tomado meedidas significativas para acelerar la implementación de este punto con el objetivo de alcanzar al menos un 60 % de implementación del capítulo para el año 2026, pero también alerta sobre que “solo cuatro de las 23 instituciones de implementación habían cumplido sus objetivos de 2023 en relación con el capítulo étnico”.
El informe remarca como positivo la expidición de un decreto en febrero “para regular la formalización y adquisición de tierras para los consejos comunitarios afrocolombianos” lo que para la Misión es un “paso adelante en la defensa de los derechos de estas comunidades”.
Pero agregan que persisten los desafíos. “Representantes del Mecanismo Especial de Consulta han alertado sobre la continua violencia e inseguridad en los municipios PDET, lo que podría poner en peligro la implementación de los programas diseñados para estos territorios”, dice.
¿Y las negociaciones de paz con el ELN y la disidencia Estado Mayor Central?
El Secretario General elogió los avances logrados en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, instando a ambas partes a continuar trabajando en beneficio del interés a largo plazo de Colombia. Asimismo, señaló la importancia de la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC como una oportunidad para superar dificultades y fortalecer el cese al fuego.
“La celebración de una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC FARC-EP es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”, dice el informe.
El secretario también indica que se necesitan medidas concretas e inmediatas para llevar alivios a las comunidades. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”, dice.