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Cerro Matoso es una de las principales compañías mineras en Colombia. Esta emplea a más de 2.000 trabajadores y tiene una fuerte presencia en el departamento de Córdoba, siendo la extracción del níquel parte de sus actividades principales.
Recientemente la Contraloría General informó sobre su decisión de imputar una responsabilidad fiscal, en contra de la mencionada empresa, por el orden de los $230.000 millones. En suma, Cerro Matoso tendría que responderle a la nación por, así lo determinó la investigación del ente de control, no pagar las regalías correspondientes a contratos de hace más de una década dedicados a la extracción de hierro y níquel.
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La autoridad señala que Cerro Matoso incurrió en una reducción injustificada de las bases de liquidaciones para las regalías de estos minerales, llegando a tarifas inferiores. En suma, la compañía habría recurrido a prácticas irregulares para evadir el valor total que debía pagar a la nación en contraprestación por su actividad extractivista.
Horas más tarde, Cerro Matoso emitió un comunicado en el que dijo que respeta la decisión de la Contraloría, pero que no la comparte.
“La empresa considera que dicha investigación y la decisión recientemente adoptada carecen de sustento jurídico y técnico, entre otros motivos porque desconoce la fórmula contractual convenida para el pago de regalías y hace referencia a contratos de concesión que finalizaron hace casi doce años, en 2012, los cuales están siendo actualmente liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, manifestó Cerro Matoso.
Según lo argumentado por la compañía, la Contraloría está incurriendo en un error al intentar señalar su actuación con base en una ley (la 141 de 1994) que solo aplica para contratos nuevos o extensiones de contratos que se hubieren celebrado a partir de la expedición de la misma.
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Su principal argumento se basa en que el contrato que cuestiona la Contraloría (el 1727 de 1991) es previo a la mencionada ley, y nunca se prorrogó. Sin embargo no queda clara la situación del contrato 866, que es de 1963, pero que se prorrogó en 2007.
Para Cerro Matoso, la penalidad monetaria impuesta atenta contra la seguridad jurídica de Colombia, pues sienta un precedente que amenaza con la promoción y protección de la inversión extranjera.
Por lo anterior, la mencionada empresa anunció que ejercerá su derecho a la defensa y acudirá a las instancias pertinentes.
“Expresamos preocupación porque las declaraciones públicas de la CGR constituyen un grave y evidente prejuzgamiento en contra de la empresa. Estas desconocen el derecho de defensa y la presunción de inocencia a la que la empresa tiene derecho hasta que haya un fallo con responsabilidad fiscal en firme, hecho que aún no ha ocurrido”, dijo, al añadir que el ente de control genera confusión en la opinión pública, y afecta la reputación de la empresa, al decir que Cerro Matoso estaría adeudando regalías por la supuesta e inexistente explotación de hierro, cuando, dice, justamente este fue uno de los temas que el propio ente de control fiscal resolvió archivar a través de su auto de imputación.
“Es importante mencionar que solo en 2023, Cerro Matoso pagó más de $486 mil millones de pesos en regalías y en 42 años de operación ha aportado al país una cifra superior a los $3,6 billones de pesos en esta materia. Cerro Matoso reitera su buena fe y su decisión de cumplir con la normativa legal y contractual aplicable al pago de regalías. Asimismo, manifiesta su interés en mantener los impactos positivos en el país y en especial en la región del sur de Córdoba, donde ha operado y trabajado a partir del diálogo y la generación de confianza con sus vecinos para aportar al desarrollo del territorio”, concluyó.
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