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La exgobernadora Aury Guerrero y el suspendido gobernador Ronald Housni habrían participado del saqueo de más de $120.000 millones que sufrió el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mientras que el proceso de Housni se encuentra en pleno juicio, Guerrero se declaró culpable de los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de los contratos y cohecho propio.
::Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés::
Según lo revelado dentro de las distintas diligencias, en 2011, Aury Socorro Guerrero, cuando era candidata a la gobernación, y Jack Housni Jaller, representante a la Cámara y hermano del suspendido gobernador Ronald Housni, recibieron de manos de Hernán Moreno, cabeza de la empresa Furel S.A, $400 millones para que los destinaran a los gastos de campaña. A cambio, Guerrero Bowie tendría que entregarle jugosos contratos cuando llegara al máximo cargo del departamento insular. Así mismo, dentro de los distintos compromisos que asumieran ambas partes, se estableció que Moreno tenía que entregarle el 10 % de cada uno de los contratos a la que pasaría a ser la gobernadora.
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Para que todo pareciera legal, la entonces gobernadora designó a César Augusto James Bryan, su secretario de gobierno, para que ajustara los pliegos de las licitaciones y concursos a la medida de Moreno y empresas socias de este. De esa forma, todos los contratos que implicaran millonarias sumas eran entregados a Furel S.A y otros empresarios relacionados con el complejo entramado de coimas. “César James me pasó el borrador del pliego de condiciones y empezamos a trabajarlos a la par”, cuanta uno de los beneficiados por los pliegos a la medida, quien luego agrega: “entre los dos íbamos leyendo y la vez íbamos verificando que los requisitos estuvieran ajustados a la norma y que en pliego resultara yo beneficiado”.
::Imputarán cargos al gobernador de San Andrés por presuntos hechos de corrupción::
De la misma manera, como la normativa de contratación del departamento exigía que un raizal (nativo de la región) estuviera en las directivas de las empresas contratistas, Moreno y sus socios le llegaron a pagar a isleños para que se limitaran a firmar los papeles de los proyectos que les entregó la gobernación. Este es el caso de Mauricio Rodríguez Cotua, raizal que por solo prestar su nombre llegó a recibir $160 millones: $70 millones por la construcción de los Colegio Instituto Bolivariano y Flowers Hill School, y $90 millones por la construcción del Megacolegio Antonia Santos.
Para evitar despertar sospechas, César Augusto James recibía las coimas y después se encargaba de repartirlas entre la exgobernadora y sus allegados, así lo demuestra los testimonios por los que Guerrero Bowie fue investigada: “Estos cheques los cambiaba en San Andrés y el dinero se lo entregaba a César James. Este 10% que se le enviaba a César James para que se lo entregara a la gobernadora Aury Guerrero, salía de la ejecución de las obras, de las mismas actas que iba pagando la Gobernación de San Andrés”.
(Puede ver: Incautan bienes de políticos de San Andrés vinculados en investigaciones de corrupción en San Andrés)
Entre las obras que hicieron parte del gran entramado de corrupción que desangró las finanzas del archipiélago está el megacolegio CEMED Antonia Santos, proyecto contratado el 23 de diciembre de 2014. La obra, cuyo constructor, diseñador e interventor estaba relacionado con Hernán Moreno, costó $50.000 millones y sus obras no llegaron ni al 50% de ejecución para la fecha de entrega, en diciembre de 2015, a pesar de la adición de $14.000 millones que hizo el gobernador Housni, justo unos meses después de asumir su mandato.
Por la presunta red de manipulación en la contratación cometida durante los gobiernos de Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni hubo un detrimento patrimonial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina de $11.000 millones. Durante el mandato de ambos se habrían presentado irregularidades en la licitación de contratos por más de $120.000 millones. A pesar de la gravedad de los cargos y la magnitud de la condena, Aury Guerrero cumplirá la pena en su casa. La Corte concedió este beneficio luego de que la condenada comprobara que tiene bajo su cargo a su madre, una anciana que debido a su condición médica no puede vivir sola.