En mayo de 1992, dos años después de que el M-19 firmara la paz y sus miembros fueran amparados con una ley de indulto (Ley 77 del 22 de diciembre de 1989), la jueza sin rostro Clemencia García de Useche produjo una decisión que causó revuelo político. Basada en que la entonces organización guerrillera incurrió en actos de terrorismo durante la toma del Palacio de Justicia, llamó a juicio a la cúpula del M-19 que ya transitaba por los estrados del poder político. Desde entonces, la polémica no cesa y el tema revive los fantasmas del pasado.
Cuando ocurrieron los hechos del Palacio, como era de esperarse, la justicia ordinaria abrió investigación contra el M-19. La última intervención se dio el 31 de enero de 1989, cuando el juez 30 de instrucción criminal ambulante, Uriel Alberto Amaya, acusó a la guerrilla, en cabeza de sus principales líderes, de los delitos de rebelión, homicidio, secuestro y falsedad en documento público. Un año después, por efecto del proceso de paz, la misma justicia ordinaria dispuso la cesación de procedimiento en favor de los guerrilleros indultados.
Es decir, ni prescribió el caso ni existió cosa juzgada. Por eso en 1992, cuando la jueza Clemencia García retomó el expediente, lo que hizo fue modificar los delitos imputados, y como consideró que se habían dado situaciones de terrorismo como el incendio, concluyó que el indulto no amparaba estos crímenes. Es más, la ley de indulto, en su artículo sexto, dejó expreso que no podía ser concedido a quienes formaran parte de organizaciones terroristas. No obstante, para el Gobierno de la época significaba un dilema político más que judicial.
En consecuencia, con el apoyo de la administración de César Gaviria y el respaldo de la Procuraduría, el Congreso tramitó de afán una ley de reindulto (Ley 7ª del 3 de julio de 1992), con un solo artículo permitiendo la aplicación de la cosa juzgada para fortalecer las políticas de reconciliación. Al mismo tiempo, en respuesta a una apelación de la Procuraduría, el 22 de octubre de ese mismo año, el Tribunal Nacional anuló la decisión de la jueza sin rostro y ordenó que fuera investigada penal y disciplinariamente por afectar la paz.
La jueza Clemencia García logró salir airosa de las imputaciones en su contra, pero su vida desde entonces no fue la misma. A pesar de sus dos décadas de experiencia como jueza y de que fue designada fiscal delegada ante el Tribunal Nacional, empezó a ser objeto de estigmatizaciones y amenazas. A finales de 1997, por discrepancias frente a una decisión de preclusión, renunció al poder judicial y demandó a la Fiscalía por renuncia presionada. Antes de lo esperado tenía una imputación por el supuesto delito de prevaricato.
En septiembre de 1999 fue remitida a una casa fiscal en la cárcel La Picota, justo en la época en que comenzaba a tramitar su derecho a pensión. En ese momento su hijo, Felipe Useche, adelantaba una maestría en política criminal en Madrid (España), pero la exjueza le impidió regresar a Colombia hasta que concluyera su especialización. Cuando lo hizo asumió la defensa junto con su padre, también abogado. El caso se prolongó hasta 2003, cuando Clemencia García de Useche fue absuelta de todos los cargos en su contra.
Clemencia García superó el escollo y retomó su actividad profesional, pero después se supo de una decisión inesperada. Tras varias solicitudes, un juzgado penal de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal y el archivo definitivo del caso en el proceso contra el M-19 por los hechos del Palacio de Justicia. La decisión, adoptada el 27 de noviembre de 2009, le ponía sello de cosa juzgada a la investigación que en enero de 1989 había quedado en una acusación, luego convertida en cesación de procedimiento por el tema de la paz.
Entonces, la familia del capitán Héctor Talero Cruz, uno de los oficiales muertos en la toma del Palacio de Justicia, buscó a la exjueza Clemencia García para saber si algo podía hacerse. La evaluación del caso permitió concluir que era posible apelar la decisión, y por ello Felipe Useche se convirtió en el abogado de la familia Talero. El 8 de septiembre de 2010, con ponencia del hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro, el Tribunal de Bogotá revocó la decisión y dispuso seguir investigando lo sucedido.
En esencia, el Tribunal concluyó que, a la luz del Tratado de Roma, los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir y es un deber del Estado seguir investigándolos. El expediente regresó al juzgado que había decretado la prescripción, y de inmediato el abogado Felipe Useche pidió que se vinculara a la cúpula del M-19 a la investigación. El juzgado segundo penal negó dos recursos consecutivos, hasta que el tema volvió al Tribunal de Bogotá, que en febrero de 2011 señaló que las denuncias debían interponerse ante la Fiscalía.
En representación de la familia Talero, Felipe Useche comenzó a preparar esa denuncia. No obstante, en abril de 2013 el juzgado segundo penal del circuito se pronunció de nuevo sobre el caso y, por el delito de homicidio agravado, condenó a 30 años de prisión a los miembros del M-19 que habían muerto en Palacio. Pero también absolvió a los guerrilleros por la muerte de varios miembros de las Fuerzas Militares, entre ellos el capitán Héctor Talero. Este detalle sirvió para que Useche planteara de inmediato la apelación de la sentencia.
Hasta el momento van dos años y siete meses sin que se conozca el resultado de la apelación. Sin embargo, ese tiempo le permitió a Felipe Useche apoyar a Raúl Talero, hermano del fallecido capitán Héctor Talero, para presentar la denuncia ante la Fiscalía. Un documento de 68 páginas, basado en que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir ni ser indultados y los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de cómo se planeó la toma del Palacio de Justicia y si hubo nexos del M-19 con el narcotráfico.
La denuncia fue presentada el 6 de noviembre de 2015, horas antes de que el presidente Juan Manuel Santos encabezara la ceremonia en la que el Estado pidió perdón a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia a raíz de una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de un fallo a través del cual se condenó a la Nación por estos hechos. Sin conexidad con esta decisión del abogado Useche, ese mismo día, en horas de la tarde, la Fiscalía anunció que evaluaría el alcance de los indultos concedidos al M-19.
El fiscal Montealegre delegó al vicefiscal Jorge Perdomo para realizar este examen, y ya fueron citados para rendir declaración los excomandantes del M-19 Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro, Vera Grabe, Otty Patiño, Arjaid Artunduaga y Everth Bustamante. En los próximos días se establecerán las fechas de estas diligencias que le servirán al vicefiscal como base de análisis de los indultos otorgados. El objetivo es determinar los alcances de la cosa juzgada. En otro frente ordenó investigar la responsabilidad de los ministros de la época.
Como era de esperarse, además de la extensa documentación que existe sobre el tema, la decisión que servirá de punto de partida para evaluar el alcance del indulto al M-19 será precisamente la sentencia de mayo de 1992, a través de la cual la jueza Clemencia García de Useche intentó reabrir el proceso contra los exmiembros de la organización guerrillera. Desafortunadamente, la exjueza no podrá conocer el desenlace porque falleció de un fulminante infarto el pasado 14 de agosto. Su pelea sigue viva en manos de su hijo, Felipe Useche.