Revocatoria de Peñalosa: ¿y las cuentas qué?

El CNE sigue siendo el encargado de destrabar la revocatoria. / Archivo El Espectador.

Enrique Peñalosa inició un tercer año de mandato bajo la sombra del proceso que busca revocarlo. El Consejo de Estado emitió en noviembre de 2017 un fallo, conocido recientemente, en el que anula la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la Registraduría de expedir en determinado tiempo la certificación de las firmas presentadas por el comité “Comité Unidos Revocamos a Peñalosa”. No obstante, dicha decisión ya no tiene efectos, dado que el organismo electoral validó el pasado 26 de octubre 458.935 firmas de las más de 700.000 que presentó el comité. (LEA: Revocatoria de Peñalosa: listas las firmas, falta la contabilidad)

Lo que sí está pendiente, y sigue enredado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), es la certificación de la contabilidad de los grupos promotores de la revocatoria. Incluso, sobre este último paso antes de ir a las urnas, también emitió un fallo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: el pasado 5 de diciembre, dio 10 días al ente para que expidiera dicho documento y 48 horas improrrogables para resolver las recusaciones de los magistrados, lo cual sí solucionó el CNE el 11 de diciembre. En pocas palabras, todo el proceso está hace más de cinco meses en manos del CNE.

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Pero, volviendo al fallo del Consejo de Estado, este dio la razón a la impugnación que hicieron los registradores distritales, y además de revocar la decisión del Tribunal -emitida el 18 de agosto-, no aceptó la intervención del abogado Humberto Sierra Porto, quien oficia como apoderado del alcalde Peñalosa.

Pero, ¿cómo entender el enredo entre Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Consejo de Estado? Recordemos que, antes de ir a las urnas, un proceso revocatorio debe sortear dos grandes escollos: uno, la verificación de los apoyos ciudadanos a la iniciativa, que hace la Registraduría; y dos, la entrega de los estados contables de la campaña -siempre y cuando no excedan los topes de financiación-, y que es tarea del Consejo Nacional Electoral, donde actualmente está paralizado el proceso.

El papel del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido fallar las dos tutelas presentadas por ciudadanos afines a la revocatoria, ordenado así a los dos entes electorales destrabar el proceso.

Y el reciente fallo del Consejo de Estado revocó la orden que pesaba en contra de la Registraduría, de expedir la certificación de las firmas, también en un lapso de 10 días. No obstante, aunque en los antecedentes de dicha decisión se dan algunas luces sobre lo que debe hacer el CNE, al poner de manifiesto uno de los argumentos de los registradores distritales (afirmaron que no hay normas que establezcan un tiempo determinado para que el organismo electoral haga la auditoría y verificación de los topes), el fallo en sí no contiene ninguna decisión específica contra el CNE.

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Cabe recordar que el proceso se encuentra detenido en el CNE porque, para esta corporación, la contabilidad de los comités aún no cuadra, debido a un informe del Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP), que evidencia irregularidades en las cuentas de los promotores de la revocatoria, como una posible violación de topes de financiación, firmas que no coinciden, facturas a nombre de empresas inactivas, transacciones no registradas en los libros contables o registradas a destiempo, y cheques registrados como donaciones, pero que iban para otras organizaciones.

Así las cosas, el proceso sigue como estaba: con el balón en la cancha del CNE. El tiempo corre, y la preocupación de los promotores de la revocatoria es que la Registraduría necesita al menos dos meses para preparar las elecciones, así que, si el proceso sigue embolatado en el CNE por cuatro meses más, los bogotanos definitivamente no irían a las urnas y el alcalde Peñalosa aseguraría la culminación de su segunda administración.

Algunos de esos miembros de los comités promotores incluso afirman que el proceso está “secuestrado”. Carlos Carrillo, activo opositor de la Alcaldía, asegura que “la manera en que el CNE ha secuestrado la revocatoria prueba que en Colombia aún tenemos un largo camino para ser en realidad una democracia participativa. El CNE no actúa en derecho, el mismo órgano al que no le tembló la mano para archivar la investigación por el escándalo de Odebrecht, lleva siete meses estudiando los recibos de unas fotocopias y unas empanadas”.

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En concepto del docente y diseñador industrial, los bogotanos que no están de acuerdo con la gestión del alcalde Peñalosa deben hacer un llamado a las autoridades para que los dejen ir a las urnas, y propone que hagan esa presión en las calles. “Es momento para que los bogotanos abandonemos la sumisión y salgamos en masa a las calles. Si no es la revocatoria, debe ser una movilización social de tamaño de su impopularidad la que lo haga irse del Palacio Liévano”, agrega.

El Distrito y sus defensores continúan al margen de este proceso, pues aseguran que, aparte de ser inconveniente para la ciudad, enfocarse en este sería descuidar otros aspectos de mayor importancia para la ciudad. Por tanto, no se han pronunciado ni respecto al fallo ni sobre el papel del CNE en todo el embrollo. Al respecto, el alcalde Peñalosa siempre ha manifestado que respeta a quienes no lo quieren en el cargo, pero asegura que se está "haciendo una nueva Bogotá que no se había hecho nunca”. 

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