El juez 42 de conocimiento reprogramó para el próximo lunes 11 de marzo la audiencia en la cual definirá si acepta o no el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el contratista Emilio Tapia en el proceso que se adelanta por el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
En el recurso de reposición presentado por la Fiscalía se solicitó la nulidad tomada a primera hora por el funcionario judicial en el que tumbó el preacuerdo al considerar que se vulneraron los requisitos exigidos para otorgar dicho beneficio. (Ver Fiscalía pedirá 13 años de cárcel para Emilio Tapia)
Según el fiscal delegado ante la Corte, Juan Vicente Balbuena el juez de conocimiento incurrió en una vulneración al debido proceso y a los derechos fundamentales del procesado puesto que presentó unas referencias jurídicas que no tenían lugar en la audiencia celebrada en la mañana de este jueves.
En su argumentación indicó que no se podía aceptar el hecho ni la forma en cómo el contratista presentó retractación de un delito que ya había aceptado ante un juez de garantías en la audiencia de imputación de cargos y solicitud medida de aseguramiento. (Ver Procuraduría pide que no se avale preacuerdo firmado entre Emilio Tapia y Fiscalía)
En la decisión tomada a primera hora el funcionario judicial consideró que el preacuerdo presentado no cumple con los requisitos exigidos como lo son la reincorporación de los dineros de los cuales se apropió irregularmente.
En este sentido consideró que en el documento presentado no se hace ninguna aclaración indica que se debe presentar reintegro el 50 por ciento de los recursos y compromiso para la reparación y consecución del restante.
"El cumplimiento de los requisitos brilla por su ausencia. No se cumplió con ese requisito por lo que indica que no se podían celebrar estos preacuerdos con la Fiscalía", precisó el juez de conocimiento en sus observaciones.
Igualmente consideró que para la entrega de este beneficio jurídico "no basta con el arrepentimiento" del incremento patrimonial sino que debe existir un compromiso a la reincorporación de estos recursos obtenidos de manera ilegal.
El juez de conocimiento señaló que no existió una claridad sobre la cuantía del peculado además de "cómo fue el incremento, la autoría del proceso, cómo y cuándo y a quién se le entregaba este dinero. Todo esto quedó sin respuesta".
En el preacuerdo presentado ante el juez 42 de conocimiento se indicaba que el contratista aceptaba su participación y responsabilidad en los delitos de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
Ante esto pagaría una pena de 13 años bajo la figura de la detención domiciliaria con el derecho a seguir trabajando. Además se convertiría en testigo de hecho de la Fiscalía en los otros procesos que se adelantan por el llamado ´carrusel de la contratación’ y entregaría información clave sobre las irregularidades en la entrega de multimillonarios convenios viales durante la administración de Samuel Moreno Rojas.