Para que el Consejo de Gobierno Judical arranque a funcionar, no han sido suficientes los ocho meses de esfuerzos y pujas que vienen desde junio del año pasado, cuando el Congreso aprobó la reforma de equilibrio de poderes. Esa reforma de la Carta Política, que se discutió en medio de escándalos de corrupción de magistrados y jueces, eliminó al Consejo Superior de la Judicatura y, en su lugar, se planteó crear una nueva institución, compuesta por los tres presidentes de las Altas Cortes, dos representantes de los magistrados, jueces y empleados de la Rama Judicial, tres expertos permanentes y un gerente.
Desde ese momento, las críticas comenzaron a nublar el comienzo de su trabajo y, hasta hoy, ese panorama no se ha aclarado ni un poco. La más reciente medida del Consejo de Estado de suspender la convocatoria de la elección de tres de sus miembros, oscurece todavía más la situación.
El anunció lo hizo el consejero Danilo Rojas, quien dio la noticia al tiempo que estrenaba oficina en la presidencia del Consejo de Estado. Según este alto tribunal, el proceso de elección de los miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial no establece parámetros para evaluar las hojas de vida de los aspirantes, ni criterios de méritos a tener en cuenta para elegirlos. Con esta decisión se reversó la elección de noviembre pasado, en la que los tres presidentes de las Altas Cortes, y dos delegados de magistrados y jueces, eligieron a Juan Carlos Grillo Posada, Gloria López Jaramillo y Laura Marulanda Tobón para estos cargos.
Llamó la atención en el momento de su nombramiento que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, firmó un documento en el que estableció que se extendía la convocatoria a especialistas en tecnologías de la información y profesionales con experiencia en el sistema judicial. Este cambio en las reglas iniciales, que exigían a los candidatos por lo menos diez años de experiencia en administración pública, abrió la posibilidad para que funcionarios de la Fiscalía y de la administración judicial pudieran participar en la convocatoria.
Así ocurrió, por ejemplo, con la exauditora general Laura Marulanda. Antes de su nombramiento -hoy anulado- ocupaba el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín y, además, es una persona cercana al fiscal Eduardo Montealegre.
Como si no fuera lo suficientemente alarmante la suspensión de los tres miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial, hay que recordar que la institución ya estaba desequilibrada. El 26 de noviembre del año pasado, de nuevo con una decisión del Consejo de Estado, se suspendió la elección del representante de los jueces y magistrados en el Consejo de Gobierno, Vicente de Santis. La medida se tomó después de revisar el acta de votación en la que participaron 4.559 jueces y magistrados, pero al revisar el total en las mesas, se encontró que en 316 de las 1.306 escrutadas, se incurrió en un desfase que afectó 2.854 votos. Los magistrados explicaron que la irregularidad afectaba directamente la elección de De Santis, pues fue él quien obtuvo la mayoría de la votación (824) y la cifra de los votos que hacen falta, hubiera podido darle la victoria a cualquier otra aspirante.
Que De Santis quedara suspendido resultó ser un alivio para quienes habían denunciado que el presidente Bustos había estado en una reunión en la que se decidió que todos los jueces de la Costa Caribe iban a apoyar a su paisano (De Santis es magistrado del Tribunal de Barranquilla). Sin embargo, el representante alcanzó a realizar tareas dentro el Consejo de Gobierno y votó en la elección de los tres miembros permanentes, hoy suspendida. Haciendo cuentas, los únicos miembros que hoy tiene el nuevo Consejo son los tres presidentes de las Altas Cortes y el gerente.
Según fuentes involucradas en este proceso, la situación actual del organismo que debe reemplazar la Judicatura es la peor. Sin reglas claras para la convocatoria de los candidatos a miembros del Consejo, una de las posibilidades que existen para modificarlas es que se replanteen en un nuevo proyecto de ley, o esperar a que el que presentó el Gobierno y el Legislativo sea suficiente para dejarlas claras. El problema es el tiempo que esta medida tomaría para ser efectiva y poner a funcionar el Consejo.
Así las cosas, ocho meses de haber nacido el Consejo de Gobierno Judicial, los únicos realmente ocupados con éste son los magistrados del Consejo de Estado. Ellos tienen claro qué es lo más urgente: reabrir lo más pronto posible las convocatorias.