Torpedos a la diversidad

Al ver los recursos que la Procuraduría gasta en torpedear los avances jurídicos a favor de las personas trans, no sobra preguntar: ¿Qué gana el país con la exclusión de estas personas? ¿Cuál es la amenaza que representan para el Estado?

El Espectador
23 de febrero de 2016 - 08:24 p. m.
Es absurda la vehemencia de la Procuraduría en su oposición a los derechos de las personas trans. /  Cristian Garavito - El Espectador
Es absurda la vehemencia de la Procuraduría en su oposición a los derechos de las personas trans. / Cristian Garavito - El Espectador

El procurador Alejandro Ordóñez sigue dando batallas jurídicas indebidas en contra de la diversidad de los colombianos. En dos instancias distintas (frente al Consejo de Estado y la Corte Constitucional), la Procuraduría se ha manifestado en contra de los derechos de aquellas personas con identidades trans. Sus posiciones representan a una porción de la población que no entiende —ni parece interesada en hacerlo— por qué es importante que el país abra las puertas a la pluralidad.

El año pasado celebramos que el Gobierno expidiera el Decreto 1227 de 2015, el cual eliminó trámites innecesarios para que las personas cambien legalmente la categoría “sexo” en la cédula de ciudadanía. Desde entonces, según cálculos de las organizaciones que forman parte de la coalición Aquelarre Trans, más de 340 personas han podido realizar el cambio y, por ende, cuentan con documentos oficiales que reflejan el sexo con el que se identifican.

Esto tiene doble valor: simbólico, pues el Estado está reconociendo a colombianos que eran excluidos por no contar con un documento que los representara, y práctico, pues en muchas ocasiones los trámites de estas personas se veían truncados por una aparente incongruencia entre lo contenido en los documentos oficiales y la apariencia física de sus portadores.

El procurador, ante lo anterior, le pidió al Consejo de Estado que anule el decreto, pues dice que el género es una cuestión biológica y no una elección, y porque, evidenciando la mala fe que les atribuye a los ciudadanos colombianos y su incomprensión del tema, la facilidad de cambiar el sexo permitiría que alguno de los miembros de una pareja homosexual cambie sus documentos y se casara como si fuesen heterosexuales. Sobre estos puntos regresamos más adelante.

El segundo caso tiene que ver con la ley de feminicidio. En la Corte Constitucional hay una demanda sobre la posible indeterminación que tiene la tipificación de los homicidios por motivos de género. Sin embargo, en su concepto, el Ministerio Público aprovechó para salirse por la tangente y seguir adelantando su agenda en contra de la diversidad. Para el procurador, es importante que la Corte ajuste la interpretación de lo que se entiende como violencia por sexo, “este último como un asunto determinado por características biológicas, fisiológicas y genéticas, que son estables y permanentes”.

En palabras sencillas, el procurador quiere que en Colombia las mujeres trans no puedan ser consideradas como víctimas de feminicidio. Para la Procuraduría, entidad encargada de velar por los derechos de todos los colombianos, estas personas no son mujeres de verdad. ¡Por favor!

La posición en ambos casos es coherente en su forma sesgada de entender el mundo. La literatura académica sobre cómo el género es una construcción social y se manifiesta más allá de los órganos sexuales biológicos es amplia, pero aun si eso no persuade al procurador, hay un motivo de peso para que piense dos veces sobre sus convicciones: que hay personas, de carne y hueso, diciéndole que ellas se identifican con un sexo distinto al biológico con el que nacieron y que sus reparos a reconocerlos les causan daños reales.

Al ver los recursos que la Procuraduría gasta en torpedear los avances jurídicos a favor de las personas trans, no sobra preguntar: ¿Qué gana el país con la exclusión de estas personas? ¿Cuál es la amenaza que representan para el Estado? Si aceptamos que una persona que se identifica a sí misma como mujer sea reconocida como mujer, y lo mismo con una persona que se identifique como hombre, ¿eso en qué afecta los derechos de los demás?

Ojalá el Consejo de Estado y la Corte Constitucional reiteren que en Colombia se protege la diversidad. 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Por El Espectador

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