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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representado en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por la destrucción de un convento de la Comunidad Hermanas Misioneras Madre Laura ubicado en el municipio de Caldono, Cauca, en junio de 1999.
El claustro fue destruido en el marco de un ataque perpetrado por la guerrilla de las Farc en contra de la estación de Policía del citado municipio. En el enfrentamiento, resultaron afectadas las viviendas que se encontraban en cercanías a la edificación.
Además, dos monjas resultaron gravemente heridas, lo cual ocasionó que una de ellas desarrollara un shock post traumático. En el hecho materia de estudio, se consideró que las autoridades tienen la función de proteger a la población civil utilizando para esto los instrumentos que se le han otorgado para cumplir con esta obligación.
“Considerar los actos de terrorismo como el hecho exclusivo de un tercero, en términos del mal llamado nexo de causalidad, implicaría condenar a la impotencia a la población, dado que quien tiene el deber jurídico de protegerla, porque tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es el Estado, encarnado en sus fuerzas militares y de policía”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
El tribunal de lo contencioso administrativo determinó que pese a que el convento se encontraba ubicado en cercanías a la estación de la Policía, la comunidad religiosa no tenía que soportar las consecuencias de dicho ataque. “En todo evento que pueda tener ocurrencia y que vaya dirigido contra la sociedad en su conjunto, y no obstante su carácter de absolutamente injustificable, sería utópico pretender que los ciudadanos tienen el deber de soportar las cargas que su ocurrencia implica”.
Por estos hechos las entidades demandadas tendrán que pagar una multimillonaria indemnización.