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Un fuerte llamado de atención le hizo la Sección Tercera del Consejo de Estado al Ministerio de Defensa ante los argumentos utilizados en el marco de un proceso de reparación administrativa, en el cual se le ordenó el pago de una indemnización a los familiares de un sargento segundo del Ejército que murió en el marco de la la toma guerrillera a la base militar de Gutiérrez (Cundinamarca) en julio de 1999.
El alto tribunal consideró que las decisiones en las cuales se halla la responsabilidad de las instituciones que hacen parte de la Fuerza Pública no pueden tomarse como un golpe a la jurisdicción de las autoridades, ya que en un proceso administrativo se determina la responsabilidad, omisión, negligencia y fallas en la planeación y ejecución de las operaciones militares y ponen en peligro innecesario la vida de los soldados y de la población civil.
En el caso materia de estudio se consideró que “lo inaudito son las conductas omisivas que desplegaron varios oficiales del Ejército Nacional que contribuyeron al desastre táctico en el que murieron 38 militares que confiaban en la diligencia de sus superiores y en la idoneidad de sus decisiones para superar la difícil situación que pesaba sobre sus vidas”.
La Sección afirmó que el daño no se produce con la condena económica a la institución por la muerte del sargento, “sino la muerte de este colombiano, y de quienes murieron con él, en condiciones que pudieron ser evitadas por el Ejército Nacional”.
Por tal razón, se ordenó la remisión de una copia de la providencia al Presidente de la República, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y a la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “para que estas consideraciones sobre la forma en la que la entidad demandada se opuso a las pretensiones del líbelo, sean tomadas en cuenta y eventualmente sean incorporadas a las políticas públicas que se estén formulando e implementando en materia de defensa judicial, especialmente en aquellos casos relativos a graves violaciones de derechos humanos”.
La Sala encontró demostrada la responsabilidad del Ejército debido a que la posibilidad de un ataque guerrillero a estos dos pelotones era conocida por los altos mandos militares, pero no se hizo nada para evitar ese peligro o minimizarlo; no se les proveyó el material de guerra necesario para brindarles igualdad en el combate, lo que incluía armamento y equipos de comunicación; y no se coordinó un plan eficaz para garantizar apoyo efectivo, pese a sus reiteradas solicitudes, pues recibieron órdenes de esperar refuerzos, lo que facilitó la emboscada.
“Resulta relevante anotar que las declaraciones de algunos de los soldados son bastante dicientes sobre el estado del armamento con el que contaban los militares, pues indican que la metralleta M-60 utilizada por el pelotón, aunque funcionó bien al momento del combate, increíblemente se encontraba remendada con cinta, por lo que no permitieron una resistencia efectiva al ataque”, precisa uno de los apartes del fallo.
En la acción murieron 35 soldados y 3 suboficiales. El Consejo de Estado ordenó el pago de 400 millones de pesos por los perjuicios morales sufridos por la familia de una de las víctimas, un sargento segundo del Ejército.
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