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La Sección Primera del Consejo de Estado determinó que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no tienen la facultad cobrar los consumos no facturados, pero no para imponer multas a los usuarios.
El alto tribunal tomó esta decisión tras decretar nulo una Resolución emitida por la Empresa de Energía de Cundinamarca en la que multó con 359 millones de pesos a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por una presunta adulteración de los equipos y redes eléctricas en el Hotel Tocarema, que imposibilitó la facturación de los consumos reales.
Según el proceso, el Hotel Tacarema, que luego pasó a formar parte de la DNE por extinción de dominio, por lo que tenía la obligación de tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo y era responsable de las obligaciones y derechos de los contratos de servicios públicos.
La nulidad decretada por el alto tribunal es parcial debido a que no afecta la decisión relacionada con el cobro de la energía no facturada y con el cobro de la revisión técnica efectuada por la empresa.
La Sección Primera explicó que los cobros que se han hecho a título de sanción comportan una clara y evidente violación de los artículos 6, 29 y 210 constitucionales, pues constituyen una extralimitación de las funciones y prerrogativas que les han sido reconocidas por la ley a las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Por otra parte, explica la decisión, el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 solo faculta a las empresas de servicios públicos domiciliarios para cobrar los consumos no facturados, pero no para imponer multas a los usuarios.
En su decisión, la Sala recordó que la Corte Constitucional, en sentencia SU 1010 del 2008, les ordenó a las empresas de servicios públicos domiciliarios que se abstuvieran de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de tales servicios, y que no cobraran las sanciones impuestas con anterioridad a esa providencia que no se hubiesen pagado.