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El Consejo de Estado le puso punto final a los incentivos económicos entregados a las personas que presentaban acciones populares.
En el debate jurídico, el alto tribunal tumbó estos beneficios incluso para los hechos que se registraran antes de que entrara a en vigencia la Ley 1475 del 2010, que eliminó el beneficio.
“El reconocimiento depende de que el operador judicial (juez) admita como razonables las alegaciones de la acción popular para hacer exigible la garantía”, precisó el juez.
La Sala determinó que el que se haya adelantado el proceso antes de la Ley 1475 no constituye un derecho adquirido, sino una mera expectativa, pues solo se concreta si el juez popular accede a las pretensiones del demandante.
El pronunciamiento lo hizo el Alto Tribunal al revocar un fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Caldas y negar una acción popular interpuesta en el 2009 que pretendía obligar a la Administración Municipal del municipio de Chinchiná a adecuar un edificio público, con el fin de proteger los derechos de la población en situación de discapacidad.