Oposición hace reparos a redistribución del Presupuesto General para 2019

Advierte que hay varios artículos nocivos para el país, como el artículos124 que determina trasladar los costos de las consultas populares a las entidades territoriales. Se pone en riesgo la viabilidad financiera de Colpensones con el traslado de los gastos de funcionamiento del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a la entidad estatal.

Se entregan facultades al Gobierno para reprogramar vigencias futuras, transferir recursos entre entidades y reorganizar la administración pública. Advierte el informe de los miembros de la oposición que sí estas medidas no cuentan con el control del Congreso de la República, queda facultado el Ministerio de Hacienda para asignar recursos a programas que no corresponden a lo dispuesto en el Presupuesto.

Con el artículo 133 se permite que las diferentes unidades de la Justicia Especial para la Paz (JEP) actúen como unidades ejecutorias independientes, lo que quiere decir que diversas unidades dentro de la Justicia Especial empiecen a administrar recursos sin tener la capacidad.

Los opositors al Gobierno resaltan el hecho de que se prevé la venta de las acciones de la nación en las centrales de abasto, lo cual podría conllevar a una desregulación y alza de los precios de los alimentos.

También consideran importante redistribuir los $14 billones que fueron adicionados y aprobados por las comisiones económicas. La iniciativa considera disminuir en $2 billones el presupuesto para Defensa, para el sector agropecuario proponen adicional $650.000; distribudos para la Agencia Nacional de Tierras $200.000, para la Agencia para la Renovación del Territorio otros $200.000 millones y para la Agencia de Desarrollo Rural $250.000 millones con el fin de apoyar la Reforma Rural Integral del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz.

Para Medio Ambiente, pide la oposición transferir  recursos adicionales por $320.000 millones para la lucha contra la deforestación y la minería ilegal. Para ciencia y tecnología propone un traslado de $335.000 millones, y elevar el presupuesto para Cultura en $385.000 millones y para Deporte en Recreción fortalecer los recursos en $70.000 millones,  mientras que para Comunicaciones pide disminuir los recursos en $127.000 millones.

Los dineros destinados para el Congreso deben ser rebajados en $85.000 millones, señala el documento de la oposición sobre los reparos al Presupuesto General.

En cuanto a la Educación, que tiene a los estudiantes de las universidades públicas en máxima alerta, la oposición sugiere aumentar los recursos de funcionamiento en $2,5 billones distribuidos en $1,5 billones para las universidades y $1 billón para a educación básica y media.

Que el presupuesto del sector Hacienda sea recortado en $812.000 millones y que para Inclusión Social y Reconciliación se adicionen $500.000 millones para la política de primera infancia del ICBF y que los gastos de funcionamiento del ministerio de Interior sean disminuidos en $323.000 millones.

Para Justicia Especial para la Paz (JEP) propone aumentar los recursos para funcionamiento en $100.000 millones entre las tres entidades cada una con $33.000 millones (JEP, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas).

Que haya un recorte importante de $335.000 millones para el sector de Minas y Energía y de $113.000 millones en relaciones exteriores. Para el sector de Transporte que la disminución deal del orden de los $1,1 billones repartidos en $600.000 millones de Invías y $500.000 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Advierte el informe de la oposición sobre el Presupuesto General que se desconoce el plan de privatizaciones del gobierno y preocupa que más de la mitad de los ingresos del gobierno por $143 billones, provengan de impuestos indirectos como el IVA por $61 billones y por el tributo a la renta $64 billones.