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En los próximos meses el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como los entes territoriales de Cartagena de Indias tendrán que alistar un plan ambiental para recuperar los archipiélagos de El Rosario y San Bernardo, tomados por particulares dedicados a actividades turísticas.
Así lo ordenó el Consejo de Estado, en el que destaca que se deben demoler lo edificios que han sido construidos en zonas que han sido ocupadas ilegalmente por los particulares.
Ante estos hechos señala que se deben recuperar las áreas continental y marítima que han sufrido un gran daño ambiental debido al impacto producido por las construcciones y las actividades ilegales que se realizaron.
En uno de los apartes de la providencia se llama la atención por la falta de medidas tomadas por la Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los entes territoriales y ambientales de Cartagena “puesto que no impidieron la degradación de los ecosistemas de la zona del Archipiélago, además de no ejecutar las acciones tendientes a la restitución de los bienes de la Nación”.
En este punto se llama la atención a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), y la Dirección Marítima General, (Dimar), a través de la Capitanía del Puerto de Cartagena por no tomar acciones pertinentes sobre el tema.
Y es que la gravedad por este daño ambiental también abarca la Fiscalía y autoridades medioambientales por estos hechos, ya que desde 1968 el área fue declarada zona baldía, que no podía ser ocupada por particulares.
“En el año 2000, la Contraloría General de la República presentó un informe en el que destacó que por la acción negligente y la omisión en el cumplimiento de sus funciones, el INCORA, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente -UAESPNN- y la Corporación Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, eran responsables de la indebida ocupación de los bienes de la Nación y la alteración sistemática de los ecosistemas naturales de las Islas del Rosario y de la Ciénaga de la Virgen”, dice el fallo.
En la misma decisión, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó la implantación de un plan de desarrollo sostenible y otro para la recuperación del área marina protegida, que debe ir acompañada de un informe sobre las violaciones a normas medioambientales.
En cuatro meses las entidades estatales condenadas deberán rendir los primeros informes de su avance en el plan de recuperación del archipiélago, que irá aparejado por el acompañamiento y vigilancia permanente de la Procuraduría General de la Nación.
“(…) Es indispensable que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-, el Distrito Turístico de Cartagena y la Dirección Marítima General -DIMAR-, continúen con el desarrollo de las gestiones que conducirán a la formulación del Plan de Manejo del Area Marina Protegida, para lo cual contaban con un plazo de seis (6) meses, según lo dispuso el artículo 4° de la Resolución 679 de 2005”, agregó la providencia.
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