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La idea es excelente: eliminar una entidad que estorba más de lo que ayuda y que no existe sino en este país.
Lo malo son los motivos del presidente y el remedio de trasladar el personal de la Procuraduría a otra entidad donde funcione como una “fiscalía contra la corrupción”.
El motivo del traslado, según Petro, es cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual se necesita la sentencia de un juez para sancionar a un funcionario de elección popular. Esa Corte, en efecto, dio la orden de “reformar el sistema colombiano”, precisamente a raíz de la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte de Alejandro Ordóñez hace casi diez años.
Lo malo no es que eso suene a revancha, porque el acto de Ordóñez fue, en efecto, abusivo y sectario, como todos sus actos. No creo yo que sea revancha, porque no tendría sentido ni eficacia. Lo malo es otra cosa: generalizar sobre la base de un defecto marginal de la Procuraduría, cuando la Procuraduría toda es defectuosa.
Me explico: no necesitamos de la Procuraduría para sancionar a ningún funcionario.
Si se trata de una falta grave, ya el Código Penal estableció como “delitos contra la administración pública” los de peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, usurpación y abuso de funciones públicas, utilización indebida de información o de influencias, y omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. También existe responsabilidad civil por daños a terceros.
Y si se trata de faltas disciplinarias, cada agencia del Estado tiene un reglamento de personal que estipula los deberes y las sanciones para cada uno de los funcionarios, con dos pequeñas ventajas: que esos reglamentos o manuales están hechos para la agencia concreta con sus cargos concretos y que los supervisores están sobre el terreno.
Por eso digo que la Procuraduría General es una mala idea que debemos a Bolívar, que se ha venido agrandando y deformando con cada Constitución (incluida la de 1991), y que por eso no existe en ninguna otra democracia que se sepa (ni siquiera en Venezuela, cuya Constitución Bolivariana no incluye a esta entidad entre los componentes del “Poder Ciudadano”).
La Procuraduría tiene otros problemas. Primero, que hemos ensayado todas las maneras de elegir un procurador independiente, pero el elegido depende del que le hizo el favor. Segundo, que Ordóñez y Cabello, para no irnos lejos, nos mostraron cómo abrir los ojos cuando conviene (el caso de las basuras en Bogotá) y cerrarlos cuando no conviene (Duque haciendo campaña a boca llena y el alcalde Quintero sancionado por hacerla “de ladito”). Tercero, que el funcionario honrado no hace nada porque cualquiera puede empapelarlo por un inciso del Código Disciplinario. Y cuarto, que cada una de las funciones de este elefante blanco las cumple o debe cumplir otra entidad del Estado (superintendencias, Defensoría, justicia ordinaria, Fiscalía…).
Otra cosa distinta es la lucha contra la corrupción, que por supuesto es una prioridad nacional. Y que por serlo debe ser objeto de un programa integral bien diseñado, que puede pasar —o no pasar— por endosarle a alguien los 4.137 funcionarios que ahora ejercen tareas redundantes en la Procuraduría General de la Nación.
Y es que en Colombia cuando una cosa estorba simplemente la llevamos a que estorbe en otra parte.
* Director de la revista digital “Razón Pública”.
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