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Aunque la aprobación de la reforma pensional en último debate por más de 80 votos le dio un respiro al Gobierno en el Congreso, la relación entre los dos poderes es aún muy tensa y sus cabezas tienden cada vez a erosionarla más. Y esto, por supuesto, marca una pauta en la semana corta que queda de legislatura y con intereses particulares de la Casa de Nariño aún en juego.
En efecto, el oficialismo logró en la noche del viernes imponerse con 86 votos por el sí y 32 por el no, lo cual dejó claro que aún tiene un amplio margen de maniobrabilidad en la Cámara. Pero lo que aún está pendiente se juega en otros escenarios que le han sido más hostiles a la administración del presidente Gustavo Petro.
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Si bien el Ejecutivo aún siente optimismo por el futuro de la ley estatutaria de educación, que está pendiente de su cuarto y último debate en la plenaria del Senado, en las últimas 48 horas se registró un nuevo capítulo de hostilidad entre Petro y el presidente de esa corporación, Iván Name (Alianza Verde), que pone en aprietos ese paso final.
El presidente Petro aseguró que en el Capitolio hay un halo de “filibusterismo” que varios parlamentarios de oposición –según él– han azuzado para intentar frenar el avance de sus reformas, en especial el de la pensional.
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“Se alistaban para romper el quórum en la conciliación si la Cámara cambiaba el texto del Senado, en el último día ya disponible. El filibusterismo y la trampa contra el pueblo trabajador y la tercera edad”, fue la queja del jefe de Estado.
Name, quien está salpicado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) –al igual que cercanos al Gobierno– y que ya ha confrontado al mandatario en ocasiones anteriores, le salió de nuevo al ring asegurando que a lo que el país ha asistido es a la “incapacidad” del Ejecutivo de buscar acuerdos en el Legislativo.
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“Qué gran desafuero calificar de filibusterismo a la incapacidad del gobierno para lograr consensos en el Senado de la República. El Congreso no es notario de los proyectos de los gobiernos, es un órgano democrático que tiene el deber de aprobar solo lo que más le conviene al país”, enfatizó Name.
Y es precisamente bajo ese ambiente en el que hay expectativa si esta semana, teniendo en cuenta que el próximo jueves es el fin de la legislatura –aunque cabe la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias por dos o tres días más–, la plenaria del Senado logrará o no sacar adelante el debate de la estatutaria de educación.
Además, la ministra del ramo, Aurora Vergara, está en la cuerda floja por esa iniciativa y desde sectores tradicionalmente aliados del gobierno Petro como el sindicato de profesores Fecode no solo pidieron su renuncia, sino que se declaró un paro indefinido al rechazar varios de los puntos que a última hora se incluyeron en las ponencias finales; no hay consenso ni en las filas oficialistas.
Pero ahí no para el asunto. La reforma laboral, estancada desde diciembre pasado en la Comisión Séptima de la Cámara, está pendiente de culminar su primer debate a ver si logra sobrevivir hasta el siguiente periodo legislativo, pero las apuestas no son muy optimistas.
La ponente de la iniciativa, la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) ha intentado moverse con el apoyo de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero sus labores no han dado los frutos esperados y en la Casa de Nariño están comenzando a dudar de la capacidad política de la legisladora.
Claro que aquí también está jugando duro el presidente de Colpensiones, el exsenador Jaime Dussán, una persona que se mueve bien en el Legislativo y que junto a la ministra Ramírez lograron sacar adelante –pese a todas las polémicas– la reforma pensional. ¿Podrán hacer lo mismo con la laboral?
En medio de estas discusiones hay otro asunto que hace que estos últimos cuatro días de legislatura sean agitados y con pronóstico reservado para el Gobierno, aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se está intentando mover para facilitar acuerdos. Se trata de las mociones de censura que al menos cinco miembros del gabinete deben enfrentar esta semana y que retrasarían las discusiones pendientes.
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Quienes deben pasar al banquillo son los ministros Velasco (Interior); el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Defensa, Iván Velásquez; de Minas, Andrés Camacho; y de Igualdad, Francia Márquez, quien a su vez es la Vicepresidenta.
Los mismos ministros y sus aliados han calificado la jugada como un intento de sabotaje al trámite de reformas que aún están vivas, por lo que insistieron en que se den los debates con altura. Pero la oposición reclama su derecho a controlar políticamente las acciones del Ejecutivo y exige que sean programadas y votadas.
Sumado a estas mociones, la oposición también se jugó la carta que le permite dirigir sesiones. Para el 18 de junio, el senador de Cambio Radical David Luna espera adelantar el debate de control político sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El parlamentario quiere dilucidar si la entidad dirigida por Carlos Ramón González –también salpicado por el escándalo UNGRD– tiene o no una estrategia de seguimiento y perfilación sobre los opositores; la entidad siempre ha rechazado ese señalamiento con fuerza.
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Y el 19 de junio, 24 horas antes del fin oficial de la legislatura, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático quieren que se les asigne el manejo de la plenaria del Senado para tramitar los proyectos que estas colectividades de oposición consideren. La misma jugada está pendiente de definirse para la Cámara, pero sería en estos cuatro días que restan.
A todo esto hay que sumarle que sigilosamente ya se vienen dando las discusiones por las presidencias de Cámara y Senado, que deben renovarse el próximo 20 de julio. Name sería reemplazado por el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y cada vez más crítico de Petro y de su administración. Y Andrés Calle, liberal sacudido igualmente por el expediente de la UNGRD y aliado del Gobierno, le cedería su silla a Katherine Miranda, de Alianza Verde y distanciada de la Casa de Nariño.
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En todo caso, dependiendo de cómo se muevan las fuerzas en la próxima semana –e incluso durante el receso legislativo–, se sabrá qué tan confrontacional seguirá siendo la relación entre Congreso y Gobierno. El presidente Petro se siente tranquilo con su relato constituyente y lo que llama “poder popular” para presionar decisiones, pero el Capitolio no quiere ceder tan fácil a esos propósitos y menos ahora que se anticipó prematuramente la campaña por el poder del 2026. Los dos bandos, petrismo y oposición, analizan milimétricamente el panorama que se avecina.
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