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Ante el Consejo de Estado ofrecen su testimonio los senadores Alexander López Maya y Jorge Eduardo Géchem Turbay, dentro de la demanda de pérdida de investidura que cursa en contra del también congresista Mauricio Lizcano Arango.
Al dirigente se le sindica de haber promovido el nombramiento de una funcionaria en el Senado de manera irregular, persiguiendo fines burocráticos.
Para tal fin, dice el demandante, se declaró insubsistente a Paola Andrea González Ariza, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero no por necesidades del servicio sino para contar con cuotas burocráticas dentro de la célula legislativa.
También fue citado a declarar el secretario general del Senado, Emilio Otero Dajud, de quien se espera señale si el trámite siguió todo los principios que exige la ley o, por el contrario, hizo al demandado protagonista de las irregularidades que se le endilgan en el curso de esta acción.
De ser aceptadas las alegaciones de la presunta víctima, el Consejo de Estado se verá forzado a decretar lo que se denomina la ‘muerte política’ de los dirigentes, pues así como se le conoce a la pérdida de investidura, que inhabilita de por vida al sancionado para volver a aspirar a cargos de elección popular.
Antes de convocar a audiencia pública, en la cual se escuchará a cada una de las partes, la colegiatura también tendrá en cuenta la versión del propio Lizcano, respecto de la presunta violación al reglamento interno del Congreso que le atribuye la exfuncionaria de la Comisión de Derechos Humanos.