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Avanza el caso 003 de la JEP sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En el relato del excomandante del Gaula en Casanare entre 2006 y 2007, quedó claro una vez más que el desempeño en los resultados operacionales medía muchas cosas.
Desde la presión para mejorar los números hasta el tipo y alcance de las felicitaciones cuando se cumplían las metas.
Según se los explicó el mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte a la JEP, la Comisión de la Verdad y las víctimas presentes en Yopal, la presión de sus superiores lo llevó a firmar un acta en la que se comprometía a un número específico de bajas.
Comandaba el Ejército mi condecorado general Mario Montoya.
El mayor reconoció ante las familias presentes que los muertos en combate —vale decir, los protagonistas de los resultados operativos— “no eran combatientes ni delincuentes”. El resultado operativo, por lo tanto, era en realidad un asesinato de personas desarmadas y ajenas a la confrontación con los insurgentes.
En palabras del mayor, un comandante de la división podría haber especulado con los siguientes números: “Si yo tengo que dar 400 bajas y tengo cuatro brigadas, cada una me da 100 bajas”. Un comandante de brigada, a su vez, podría haber escrito en su libreta de apuntes: “Si tengo cuatro unidades, cada una me da 25”.
Y así se podría haber armado una eficiente, sencilla y racional operación conducente a los falsos positivos.
La definición oficial de “resultado operacional” en los manuales de la guerra contrainsurgente no es tan relevante como lo es todo lo que supone entre entendidos y practicantes. El paso de “baja en combate” a “resultado operacional” es menos mecánico y burocrático de lo que se puede suponer, a juzgar por la verticalidad y la economía en el lenguaje marcial.
La asepsia con que los militares codifican sus labores es un ejercicio más de camuflaje.
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