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El caso Mattos no puede convertirse en uno de tantos casos de corrupción pública y privada que quedan en impunidad, por cuenta de maniobras dilatorias para evitar que se haga justicia y se condene a los principales criminales.
Carlos Mattos, después de haberse fugado a España para evitar a toda costa ser judicializado por presuntamente haber sobornado el sistema de reparto judicial y hasta a dos jueces —sí, como lo escuchan, dos jueces—, regresó finalmente a Colombia con la cabeza agachada y afirmando, como si tratara de dar la impresión de tener un algún trastorno mental, que aquí lo querían matar. Un espectáculo lamentable por parte de una persona lamentable, a la que la “alta sociedad colombiana” contempló sin merecimiento alguno.
Esto es apenas una muestra de las intenciones de Mattos, que no son cosa distinta que dilatar su proceso penal con fugas, excusas médicas, problemas mentales o quién sabe qué, para justificar el aplazamiento de sus diligencias, alegar vencimientos de términos y obtener “mansión por cárcel” o evitar ser condenado. Para él, cualquier maniobra es válida, incluso la de hacerse el loco y ser visto como un sujeto debilucho, otrora poderoso, perverso, corrupto, detestable y, sobre todo, de mal gusto y malas costumbres, que supo encantar a muchos con su fortuna, no a todos. Algunos lograron advertir que Mattos era tan solo un hombre con dinero.
Pero en lo que no puede hacerse el loco es en que habría comprado a dos jueces, quienes lamentablemente no solo mancharon la imagen de la Rama Judicial, sino también de la democracia, en la que se supone que los jueces son tan imparciales como incorruptibles.
Mattos, después de manipular con sobornos el reparto para que su proceso le cayera al juez que previamente tenía “arreglado”, le habría pagado a este, un tipo también insignificante llamado Reinaldo Huertas, quien como juez decretó a su favor una arbitraria medida cautelar que le permitía al empresario mantener el control de la comercialización de carros y repuestos Hyundai en el territorio colombiano, a pesar de que la casa matriz ya le había terminado su contrato. Igualmente, le habría untado la mano a Ligia del Carmen Hernández, otra jueza que actuó, a cambio de dinero, para favorecerlo en su disputa jurídica. Con la justicia comprada, Mattos consiguió un acuerdo extorsivo con la casa matriz, sacándoles una jugosa indemnización, pues él y sus mercenarios jueces pusieron a los coreanos contra las cuerdas.
Este aberrante caso —por el que ya fue destituido el nefasto juez Huertas, fue condenada la jueza Hernández y están también presos algunos abogados de Mattos (no todos) y varios funcionarios encargados del reparto de los procesos judiciales— debe concluir con una condena ejemplarizante para Mattos.
Se trató de un entramado de corrupción para favorecer al otrora poderoso empresario, quien demostró su habilidad tanto en los negocios como en la trampa. Se requiere celeridad de fiscales y jueces para evitar lo que es totalmente previsible: aplazamiento del proceso por cuenta de solicitudes improcedentes y excusas médicas inventadas. No es gratis que Mattos no solo haya intentado posar de loco cuando llegó, sino que en medio de una audiencia haya simulado un desmayo para evitar ser enviado a la cárcel, objetivo que no logró.
Este caso y los demás de corrupción que involucran a políticos o empresarios tienen como común denominador los intentos desesperados por alargar la fecha de la condena, con cualquier argucia avalada por abogados que deshonran la profesión, a quienes Mattos ha exhibido como sus mascotas y que, dicho sea de paso, tienen ya fama de inventar sistemáticas excusas.
Dicen que los clientes se parecen a sus abogados. En este caso, no puedo dejar pasar por alto que Mattos se hizo ridículamente famoso por su inodoro de cuero, del que alardeó en las revistas de la “farsándula” criolla. Cancino, uno de sus abogados, es famoso en las redes sociales por sus sistemáticas churrias, con las que busca aplazar las audiencias. ¡Qué coincidencia!
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