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Fiscal supervisa primera investigación por daños ambientales

Mario Iguarán viajó a Chocó en los operativos de embargo, secuestro y extinción de 25 dragas y una retroexcavadora.

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El pasado 21 de abril las autoridades lograron incautar 24 dragas que se utilizaban en la exploración y explotación ilegal de minas de oro.

Luego de seis meses de investigación, las autoridades lograron dar un duro golpe a una organización encargada de explotar ilegalmente oro. No se descarta la posibilidad de crear una unidad especial para manejar delitos ambientales.

"Las 24 dragas tienen un costo de más de $20 mil, fue promovida por el Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas, y con el concurso de la Procuraduría , el Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional , la Fuerza Aérea y El Ejército Nacional", dijo en ese momento Iguarán.

Las diligencias judiciales fueron realizadas en varios puntos sobre la rivera del Río Quito, en jurisdicción de las cabeceras municipales de Paimadó y Manugrú, donde funcionaban las dragas sin los permisos ambientales y títulos mineros necesarios para ejecutar esa actividad.

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"Después de este operativo se logró establecer del grave impacto ambiental que generó esta empresa que además utilizaban cianuro, mercurio, ACPM, gasolina y cianuro", agregó el Fiscal.

Los operativos fueron ordenados por un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, dentro de una investigación que adelanta por concierto para delinquir, explotación ilegal de yacimiento minero y contaminación ambiental.

La incautación de la maquinaria fue efectuada por agentes del CTI con el apoyo de efectivos del Ejército, la Armada , la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional , que brindaron apoyo logístico y de transporte a la comisión judicial.

En desarrollo del proceso, peritos del CTI se desplazaron a la región y establecieron, luego de tomar muestras tomadas al río, que las personas que habitan en los sectores donde funcionan las dragas están expuestas a enfermedades por contaminación de las aguas.

También concluyeron que la región sufre una grave contaminación ambiental indiscriminada y una destrucción progresiva y masiva de su flora y fauna.

La Fiscalía presentó las diligencias realizadas ante un Juez de Control de Garantías de Quibdó, para que ejerciera el control de legalidad. Actualmente las dragas son trasladadas a la capital del Chocó por vía fluvial, bajo cadena de custodia policial.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, en el año 400 hectáreas de bosque son taladas para el desarrollo de esa actividad ilícita, 3.7 toneladas de mercurio son vertidos en suelos y ríos afectando la salud y el medio ambiente, 250 mil toneladas de sedimento son aportadas por efectos del proceso erosivo y 35 mil galones de aceites y de combustibles son usados por ese tipo de maquinaria industrial.

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