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Lo que comenzó como un objetivo para beneficiar a las comunidades más vulnerables de La Guajira, terminó en un escándalo de corrupción de gran envergadura. Las irregularidades en la contratación al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha afectado, hasta ahora, a un total de nueve congresistas, contratistas y hasta funcionarios de alto nivel del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. La Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal en contra de los legisladores, quienes fueron mencionados por Olmedo López, exdirector de la entidad, quien se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía para recibir beneficios judiciales. El exdirectivo ha contado, además, cómo habría funcionado un supuesto esquema para entregar contratos en el Legislativo a cambio de votos para aprobar proyectos de ley, y señaló, incluso, que algunos contratos habrían llegado hasta las filas del ELN. Pero, iniciemos por el principio:
Enero de 2024
“En La Guajira estamos suministrando agua con contratistas privados y a través de diferentes convenios. Sin embargo, cumpliendo con los lineamientos del presidente Gustavo Petro, a partir de hoy, reforzamos la capacidad de abastecimiento de agua con 40 nuevos carrotanques”. Así presentó Sneyder Pinilla el pasado 19 de enero la contratación de los vehículos para llevar agua potable a ese departamento. Para entonces, la Corte Constitucional ya había tumbado un total de 12 decretos emitidos por el Ejecutivo con el fin de atender los problemas de La Guajira, luego de que el presidente Petro declarara una emergencia social y económica en esa región. Aunque parecía una medida sólida para atender los llamados de la población, denuncias periodísticas demostraron que el Ejército alertó que los carrotanques, luego de un mes, se encontraban parqueados en una base militar en el municipio de Uribia.
Febrero de 2024
Luego de las primeras denuncias en medios de comunicación, el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, el 23 de febrero, anunció que se haría una revisión en los contratos de los carrotanques y, en caso de encontrar irregularidades, se tomarían cartas en el asunto contra los responsables. Antes de que López emitiera una directriz al respecto, W Radio reveló que se trataba de un contrato con la empresa Impoamericana Rogers SAS, la cual pertenecía a Luis Eduardo López Rosero, más conocido como el Pastuso. El contrato para adquirir los 40 vehículos fue firmado por más de $40.000 millones, en el cual se habrían presentado sobrecostos de hasta $20.000 millones. Es decir, cada carrotanque habría costado $500 millones más del precio estipulado.
Esas denuncias llevaron que López declarara insubsistente al entonces subdirector de la Unidad, Víctor Andrés Meza. Un día después, el 24 de febrero, y ya fuera de su cargo, Meza explicó que el contrato entre Impamericana Rogers SAS y la Ungrd estuvo a cargo de la subdirección de Manejo de Desastres, dirigida por Sneyder Pinilla, y la orden de proveeduría fue firmada por Olmedo López. Todo este panorama prendió las alarmas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, las cuales adelantaron inspecciones a la Ungrd para dar con nuevos detalles de la contratación de los carrotanques.
Marzo de 2024
Con las inspecciones de los entes de control en curso, Olmedo López dio un paso al costado y salió de la dirección de la Unidad, y fue reemplazado por Carlos Carrillo. Para el 4 de marzo, la Procuraduría ya tenía abierto un proceso disciplinario en contra del ahora exdirector, al cual también fue vinculado el exsubdirector Meza. El 6 de marzo, Sneyder Pinilla también presentó su carta de renuncia a la subdirección de Manejo de Desastres. Los resultados de las primeras investigaciones arrojaron irregularidades en la forma en que se ejecutó el contrato de los carrotanques, pues se determinó que Impoamericana Rogers SAS, la compañía que se quedó con el contrato, sería una “empresa de papel”, pues su sede física no existía y no había reportado facturaciones a la DIAN antes de la firma de contratos con la Unidad.
La empresa pertenecía al Pastuso, cuyo nombre no era nuevo para los entes de control. En octubre de 2020, el contratista fue imputado por la Contraloría debido a otro caso de corrupción: los sobrecostos en ayudas humanitarias entregadas durante la pandemia del Covid-19. Luket SAS fue una de las compañías que terminó enredada en ese escándalo y de la que López es su representante legal. Su nombre tampoco es nuevo para la Ungrd, pues durante 15 años ha sido contratista con la Unidad. Sin ir muy lejos, Luket SAS fue una de las empresas invitadas por el exdirector Olmedo López para participar en la licitación para la compra de los carrotanques .
Según reveló W Radio, el Pastuso también figura como representante legal de Brand SAS, otra compañía que fue invitada por Olmedo López para la adjudicación del contrato de compra de los carrotanques. Al revisar los detalles de la compañía, el medio radial encontró que la principal accionista de la compañía es Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de Luis Eduardo López. Su hija, de hecho, también figura como representante legal suplente de Kalmo SAS, empresa que, a su vez, consignó a Impoamericana Rogers SAS más de $50 millones para pagar una parte de los vehículos que llevarían agua a La Guajira.
Abril de 2024
Para inicios de abril, la Procuraduría y la Contraloría anunciaron nuevas investigaciones en contra de los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo que llevó al segundo a enviar una solicitud a la Fiscalía, el 24 de abril, para acogerse a un principio de oportunidad, a cambio de contar las verdades de los sobrecostos en los contratos de los vehículos y, de esta forma, recibir beneficios judiciales en un eventual proceso penal en su contra. Es aquí cuando aparecen los primeros nombres de peso en el entramado de corrupción. En información entregada a medios de comunicación, Pinilla vinculó al escándalo al entonces presidente del Senado, Iván Name, y a quien fuese su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Según Pinilla, él tendría pruebas para demostrar que ambos legisladores habrían recibido un soborno de $4.000 millones, producto del sobrecosto del contrato de los carrotanques, para agilizar las llamadas reformas sociales del gobierno Petro en el Congreso. En su testimonio, el exsubdirector Pinilla aseguró que para el senador Name se destinaron $3.000 millones, mientras que para Calle fueron $1.000 millones. Incluso, señaló haber sido él mismo quien le entregó el soborno al entonces presidente de la Cámara en su apartamento en Montería. Ambos congresistas negaron tajantemente su participación en los hechos. Pinilla mencionó en ese momento que junto a esos nombres estarían los de otros 15 congresistas implicados en la contratación irregular en la Ungrd, y aseguró que esa información fue consignada en una matriz de colaboración que entregó a la Fiscalía.
Mayo de 2024
El exsubdirector Pinilla, a inicios de mayo, entregó nuevos nombres de posibles implicados en el escándalo de corrupción. En la matriz de colaboración entregada al ente investigador, mencionó a la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, de haber sido el enlace entre él y el expresidente del Senado Iván Name. De acuerdo con las declaraciones de Pinilla, Ortiz fue quien le habría entregado los $3.000 millones al parlamentario. El presidente Petro le pidió la renuncia a Ortiz y ese mismo día señaló a través de su cuenta de X: “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”.
Entretanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación preliminar en contra de ambos expresidentes del Congreso, expediente que aterrizó en el despacho del magistrado Francisco Farfán. A este panorama se sumaba otro nombre de peso: el del entonces ministro del Interior (y exdirector encargado de la Ungrd) Luis Fernando Velasco. De acuerdo con Pinilla, el antiguo titular de la cartera política había estado presente en varias reuniones en las que se pactó la entrega de los dineros a congresistas. Sin embargo, desde el primer momento, Velasco negó los señalamientos, y argumentó que estuvo menos de 30 días al frente de la Unidad y, por eso, no adelantó ninguna licitación.
No obstante, Velasco fue señalado por Pinilla por su presunta participación en el entramado, no como antiguo director de la Unidad, sino en sus funciones de ministro del Interior, acusaciones que fueron desestimadas por el ahora exministro. En otra orilla, el nombre de Olmedo López permanecía en silencio, pues no estaba dispuesto a hablar hasta que se le otorgaran garantías de seguridad, pues había sido objeto de amenazas desde que salió de la entidad. Sin embargo, el exdirector de la Ungrd volvió a aparecer para señalar a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, de haber cuadrado reuniones entre alcaldes y la oficina de López, al parecer en búsqueda de contratos. El presidente Petro pidió la renuncia del secretario, pero días después se echó para atrás.
A finales de mayo, la Fiscalía le otorgó un esquema de seguridad al Olmedo López, lo que abrió la puerta para iniciar su negociación con el ente investigador. López también buscaba acogerse a un principio de oportunidad para recibir beneficios judiciales, al igual que Sneyder Pinilla. En entrevista con varios medios de comunicación, la antigua cabeza de la Ungrd reconoció su participación en el entramado y entregó nombres como el del representante a la Cámara Wadith Manzur, quien, según dijo, habría tenido un papel determinante en la contratación irregular de la Ungrd, sin mencionar pruebas concretas. Por ese motivo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación en contra del congresista conservador.
Junio de 2024
El principio de oportunidad se convirtió en la herramienta que los tres principales testigos del caso buscaban negociar con la Fiscalía, a cambio de entregar información relevante sobre el escándalo de contratación. Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López (el Pastuso) se reunieron con un destacado grupo de fiscales encargados de llevar la investigación: Andrea Muñoz, fiscal anticorrupción; Gabriel Sandoval, fiscal contra el crimen organizado; María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante este alto tribunal. Los tres implicados entregaron nombres, documentos, contratos y el contexto en el que se dieron los hechos. Así mismo, se comprometieron a entregar los recursos de los que se habrían apropiado ilegalmente.
Mientras los exdirectivos de la Unidad fueron llamados a declarar por la Corte Suprema de Justicia, el contratista López Rosero se quedó atrás en la carrera, pues, de acuerdo con los fiscales encargados, le habría ocultado información al ente investigador. El Espectador conoció que, por cuenta de los datos imprecisos del Pastuso, el principio de oportunidad se le fue de las manos y ahora negocia un preacuerdo —otro tipo de negociación con menos beneficios— con el búnker.
Julio de 2024
A mediados de julio, la Fiscalía dio a conocer los primeros resultados de la investigación. Por primera vez, el ente investigador aseguró tener pruebas concretas que demostrarían la participación de nueve congresistas en el engranaje de corrupción. Los nombres de los legisladores fueron obtenidos tras los interrogatorios a López y Pinilla. Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera, Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U) y Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep) son los mencionados por el ente investigador.
Así mismo, el ente dirigido por Luz Adriana Camargo se había mantenido en silencio sobre uno de los escándalos más grandes que ha atravesado el gobierno de Gustavo Petro, pero, ahora, está lista para imputar a los dos exdirectivos de la Ungrd y al contratista que estuvo detrás de la venta con sobrecostos de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. Los delitos a los que los vinculará son: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Además, pedirá medida de aseguramiento en contra de los tres.
En los más recientes acontecimientos, luego de un informe revelado por Noticias Caracol sobre la diligencia llevada a cabo el 25 de junio en la Sala de Instrucción en la Corte Suprema de Justicia a la que asistió Olmedo López, el exdirector entregó detalles del funcionamiento de la contratación irregular en la Ungrd. De acuerdo con las declaraciones del exfuncionario, las órdenes de entregar contratos se impartían en “el cónclave”, como nombró a los supuestos encuentros con ministros y congresistas, en las que al parecer habrían participado Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien para entonces ejercía como director del Dapre.
Según manifestó López, hubo al menos dos de estas reuniones, una el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, y otra el 15 de diciembre “en la oficina de un ministro”. A uno de esos encuentros, según dijo, asistió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y una de sus asesoras, la cual visitaba regularmente la Ungrd y se reunía con Sneyder Pinilla. De igual manera, López aseguró que todo inició cuando, desde la cartera de Hacienda, se aprobó una adición de $208.000 millones para la Ungrd.
Una de las supuestas reuniones en las que participó Olmedo López y dirigió el ministro de Hacienda, había sido para que el alto funcionario le ordenara al entonces director de la Ungrd que direccionara tres contratos que sumaban $92.000 millones. Ese dinero, de acuerdo con su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte, habría sido para beneficiar a congresistas y obtener sus votos a favor en proyectos de ley. Los nombres de los legisladores beneficiados, supuestamente entregados por el titular de la cartera de Hacienda, fueron ratificados por la congresista Karen Manrique, representante a la Cámara de la circunscripción especial de paz por Arauca.
En otro de sus aportes ante la Sala de Instrucción, López aseguró que, incluso, algunos contratos habrían sido direccionados hacia las filas del ELN en territorios que coinciden con las solicitudes de la congresista Manrique para pedir la adjudicación de contratos. Aunque solo entregó como prueba su mismo testimonio, en su libreta de contabilidad del desangre a la Ungrd dice tener anotado que la supuesta financiación a esa guerrilla se dio en el contexto del debate por los secuestros del ELN, en 2023.
“Emitieron un comunicado hace unos meses diciendo que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres, mientras hablábamos de paz. ¿Y cómo se lo iban a garantizar? Pues con contratos, señora magistrada”, explicó Olmedo. A renglón seguido, el exfuncionario investigado dijo que ese impase en la negociación se superó con un supuesto contrato de la Unidad dirigido a Arauca.
En respuesta a la información divulgada por Noticias Caracol, la defensa de López apuntó que interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la filtración del interrogatorio al exdirector de la Ungrd en la Sala de Instrucción. Además, manifestó su preocupación por la seguridad de López y su equipo de defensa judicial, del cual ya renunciaron dos miembros “por temor a ser asesinados”. Por su parte, la Corte Suprema anunció la apertura de una investigación formal en contra de los congresistas presuntamente implicados en el entramado. Y, a su vez, rechazó las filtraciones de la diligencia.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, en medio de la investigación en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Dos pesos pesados de la política que están mencionados en el escándalo de corrupción de la Ungrd, según las recientes declaraciones de Olmedo López.
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