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A medida que se acumulan las pruebas sobre la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección de Olmedo López, la mayoría de las víctimas de los desastres naturales en el país siguen conociendo solo una historia: la incertidumbre.
Aquellos que se han quedado sin hogar, sin techo, sin lugar de trabajo, sin un proyecto de vida claro tras un desastre natural—es decir, la materialización del riesgo en el país— la promesa de encontrar un nuevo sitio donde vivir no se ha concretado, para algunos por más de cinco años.
“Durante siete años nos han mentido. Es una cantidad de mentiras que ya tiene cansada a la gente. Ya hemos perdido la esperanza”, relata Víctor Salcedo, veedor de la Mesa Técnica de Damnificados de Mocoa, uno de los procesos de reasentamiento inconclusos en el país. “Ahora hay mucha gente viviendo en los predios en los que se supone iban a construir las nuevas casas, pero lo hacen en construcciones que ellos mismos hicieron, lo que los deja igual de expuestos a las lluvias que cuando ocurrió la avalancha”.
Este caso, quizá el más famoso del país y cuyo proceso inconcluso ya hemos relatado en este diario, se suma a los casos de Piojo (Atlántico), Quetame (Cundinamarca), Supía (Caldas), Anorí (Antioquia), Carmen de Bolívar, La Mojana, Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Rosas (Cauca) y Ábrego (Norte de Santander). Todos son procesos de reubicación en curso. Entre todas sus víctimas hay, al menos, diez mil personas damnificadas por deslizamientos de tierra, inundaciones, vendavales, entre otros fenómenos naturales.
El Espectador tuvo acceso a información detallada lo que está ocurriendo en estos proyectos de reasentamiento inconclusos. Es una situación que ocurre en un contexto de crecientes amenazas que está viviendo el mundo por fenómenos climáticos. La siguiente cifra puede ponerlo en perspectiva: se estima, según un reporte de Observatorio de los Desplazados Internos del Consejo Noruego para los Refugiados, cada año más de 26 millones de personas son desplazadas por desastres relacionados con el clima. Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de afectados.
Únicamente para este fenómeno de La Niña en 2024, de acuerdo con estimaciones de Gobierno Nacional, se espera que las lluvias dejen, en los próximos meses, más de 550 familias afectadas, 16 mil viviendas destruidas y daños por más de $20 billones.
Sumado a esto, un estudio publicado en la revista Disaster Risk Reduction hace algunas semanas encontró que el noroccidente de Colombia es una de las regiones en la que los desastres climáticos afectan a más personas en comparación a otras zonas del mundo, principalmente debido a las pocas medidas para proteger a las poblaciones y los territorios.
En los enredos de la burocracia
De los diez casos de reubicación a los que tuvo acceso este diario, ninguno tiene, al momento, una fecha para su inicio. En seis casos, ya se tienen los predios identificados (pero aún no se han hecho los pagos para la titulación), dos se encuentran suspendidos (La Mojana y Mocoa), y en los restantes se están en estructuración.
Los procesos suspendidos se deben, principalmente, a problemas de contratos para la reubicación y en obras complementarias. Por ejemplo, en la región de La Mojana, que se encuentra parcialmente inundada por la ruptura del Dique de Caregato, no se puede avanzar en las obras de reasentamiento hasta que cese la emergencia y se completen las obras de mitigación en curso.
A pesar de que solo una de las 13 intervenciones en este punto se encuentra suspendido, fuentes cercanas al contrato aseguran que podría darse una declaratoria de caducidad del consorcio a cargo de las intervenciones cerca al dique por incumplimientos en las obras. Sin estos no hay proceso de reubicación.
Por su parte, para el caso de Mocoa (Putumayo), en el contrato para la reconstrucción de las viviendas, que inició en 2017, que ha sido prorrogado más de siete veces y en el que se han invertido más de $142 mil millones, no ha sido finalizado.
Para la segunda fase de este proyecto, en el que se ha girado más de $9 mil millones, se encuentra congelado, pues, según la UNGRD, “el municipio no postuló predios urbanos viables para desarrollar el proyecto”.
Además de esto, el actual director de la Unidad, Carlos Carrillo, asegura que no se reanudarán los contratos con las actuales empresas a cargos de las viviendas del proyecto Sauces II, por la “incompetencia que han mostrado al no avanzar en ese proyecto”.
Otro de los procesos han tenido demoras y problemas por la compra de predios, lo cuales deben ser legalizados por parte de las entidades, y, en algunas ocasiones, los terrenos que son aptos. Es el caso de Carmen de Bolívar. Allí, el terreno escogido se encontraba embargado por el Distrito de Cartagena, lo que impedía la compra del predio.
En Piojó (Atlántico), en donde las comunidades recientemente protestaron, se tuvo que cambiar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para lograr la viabilidad del proyecto. A pesar de esto, la UNGRD no ha reportado información sobre la compra del terreno.
Mientras esto ocurre, las comunidades viven en lugares provisionales con arriendos entregados por el estado, y su futuro es incierto, pues en ningún caso se avanza en los proyectos complementarios para su reasentamiento como edificaciones educativas o zonas productivas.
En este último punto es importante señalar, como indica Anne-Catherine Chardon, quien ha estudiado la gestión del riesgo en el país, el Estado colombiano no dispone actualmente de una normativa específica para formular y aplicar planes de reasentamiento. Estos únicamente se construyen de acuerdo con lo que las autoridades determinen para cada caso.
“Al analizar las políticas de mitigación de riesgos naturales en las áreas urbanas latinoamericanas, se encuentran importantes fallas de orientación e intervención. Las políticas se han dirigido casi exclusivamente al campo físico-natural o físico-espacial, dejando de lado factores fundamentales relacionados con la vulnerabilidad social, cultural, económica y financiera”, indica Chardon.
En la misma línea se encuentra Andrew Harper, asesor de la Agencia de la Nación Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien alerta que no responder a estas necesidades de manera adecuada puede ser una bomba de tiempo.
“Si las personas marginalizadas no se les dan soluciones, se puede empezar a formar un resentimiento que puede hacer que las personas se alineen con poderes por fuera de los espacios legales”, indicó, hace unos meses, Harper. “Hay que pensar en cómo la financiación climática puede ayudar esto, pensando en el reto de cómo hacer que ese dinero llegue a la comunidad y no se quede atascado en las burocracias locales”.
A pesar de que en muchas ocasiones el reasentamiento es la única opción para las comunidades, estas no siempre quieren participar en ello. Por ejemplo, en La Mojana, uno de los principales proyectos de reubicación del país, debido a inviabilidad de contener las inundaciones, hay cierta resistencia abandonar esta región por parte de actores locales.
“Luego de varias conversaciones con el Gobierno Nacional, la sensación para algunos no es muy buena. No sabemos de dónde sacan esa idea de la reubicación, nosotros no nos vamos a ir de La Mojana, nosotros nacimos aquí y moriremos aquí”, indicó Enrique Martínez, presidente de ganaderos de La Mojana.
Para Rafael Cruz, subdirector de la UNGRD, estas tensiones hacen parte del proceso. “Los procesos de reasentamiento son procesos violentos por naturaleza, bien sea porque ocurrió un desastre y la gente lo perdió todo como cuando es prospectivo, toca decirle a la persona, ‘usted está viviendo en un sitio de alto riesgo, no mitigable es mejor que se mueva a otro lado’. Siempre es un proceso, es socialmente muy complejo”, indica.
De hecho este lunes 22 de julio, la UNGRD lanzó la “Estrategia Nacional de Recuperación Resiliente Adaptada al Cambio Climático y con Enfoque Comunitario”, con la que busca mejorar la capacidad de recuperación. Este documento será puesto a consideración de la ciudadanía en los próximos días.
Su implementación busca, según la entidad, asegurar una gestión integral y efectiva en los procesos de rehabilitación y reconstrucción frente a desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades, capacitándolas para adaptarse a la adversidad, identificar riesgos y responder adecuadamente.
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