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La Corte Suprema de Justicia tumbó la orden de arresto que una sala de conjueces del Tribunal de Sucre le impuso el jueves pasado al presidente Álvaro Uribe, a dos de sus ministros, a varios de sus funcionarios más cercanos y al presidente del Consejo de la Judicatura, Hernando Torres. Para la Corporación la tutela que derivó en un incidente de desacato no procedía porque existen otros mecanismos judiciales para reclamar el ajuste salarial que han venido reclamando desde hace varios años magistrados, fiscales y procuradores delegados ante los tribunales.
La decisión de los conjueces causó roncha en el Ejecutivo y hasta el propio Presidente se pronunció al mediodía del miércoles afirmando que respetaba los fallos de la justicia. Según trascendió, los conjueces de Sucre determinaron que el Gobierno incumplió una sentencia de tutela que en febrero pasado les reconoció un equilibrio salarial a 148 funcionarios de ese departamento. Según la Ley 4 de 1992, magistrados, fiscales y procuradores delegados ante los tribunales deben ganar el 80% del sueldo de los parlamentarios.
Sin embargo, ante varios incumplimientos, el Gobierno se comprometió a nivelar los salarios sobre la base del 70%. Muchos funcionarios se rehusaron al acuerdo y acudieron a las vías legales alegando que las prestaciones sociales no se concilian. El Espectador conoció que la justicia ha fallado 39 tutelas a favor de los accionantes, pero dichos fallos no los ha cumplido el Gobierno. En ese escenario el presidente Uribe señaló que se ha hecho un esfuerzo inmenso por nivelar los salarios de la Rama Judicial, pero les pidió paciencia a los accionantes porque, según reconoció, el Ejecutivo tiene limitaciones presupuestales muy severas.
Su diplomacia contrastó con las declaraciones del viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, quien calificó la orden de arresto como un desafuero y una extravagancia judicial. Curiosamente la Corte Suprema de Justicia, que durante las últimas semanas ha sido el blanco predilecto de las críticas del Presidente al señalar que existe un cartel de testigos que busca enlodarlo, le dio la razón. Los demás funcionarios que fueron afectados por el insólito fallo de los conjueces fueron los ministros de Hacienda Óscar Iván Zuluaga; el de Justicia, Fabio Valencia, y hasta la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería.
De hecho, el abogado del Jefe de Estado, Jaime Lombana, anunció que está considerando la posibilidad de denunciar a los conjueces del Tribunal de Sucre por su inusual sentencia. Precisamente sobre la polémica en torno a la nivelación de los salarios, varias tutelas en ese sentido han llegado a la Corte Constitucional y se espera que la próxima semana el alto tribunal le ponga punto final a la controversia jurídica. El Espectador conoció que el magistrado Rodrigo Escobar tiene varias tutelas en ese sentido.
El otro lío
Pero el tema del arresto parece una bicoca en comparación con las acusaciones que le ha lanzado al presidente Uribe el confeso paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, condenado por la masacre del Aro, en Ituango (Antioquia). En varias declaraciones a la Fiscalía, Villalba ha mencionado que en noviembre de 1997 se reunieron Álvaro Uribe y su hermano Santiago con los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y alias Noventa y Cobra. El Jefe de Estado ha dicho que Villalba es un metiroso que intenta desprestigiarlo e incluso se divulgó una carta firmada por Villalba en la que le pidió excusas a Uribe.
La carta de retractación, sin embargo, ha sido objeto de polémica, porque fue desmentida por el propio ex paramilitar, quien explicó que quien elaboró el documento y se lo hizo firmar fue Jesús Amado Sarria, el viudo de la tristemente célebre Monita Retrechera. Los testimonios que bajo gravedad de juramento le entregó a la justicia Villalba, obligaron a que el procurador Edgardo Maya Villazón, en reciente auto conocido por El Espectador, compulsara copias para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue “las presuntas irregularidades cometidas por Uribe Vélez, para la época de los hechos gobernador de Antioquia”.
¿Quién es Villalba?
La historia del paramilitar Francisco Villalba Hernández está llena de episodios particulares. En principio fue considerado un testigo creíble para la justicia, ya que fueron sus declaraciones las que le permitieron a la Fiscalía aclarar lo sucedido con la masacre perpetrada por los paramilitares en 1997 en el Aro, Ituango (Antioquia). Hoy Villalba purga una condena cercana a los 40 años por esta sangrienta incursión de las autodefensas.
Este año se divulgaron varias declaraciones de Villalba en las que le ha confesado a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que el hoy presidente Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, junto con oficiales de la Fuerza Pública, se reunió con jefes de las autodefensas. El Jefe de Estado ha desestimado esas versiones y lo ha señalado como uno de los testigos mentirosos que intentan enlodarlo. Hace poco se conoció una carta en la que el ex paramilitar le pidió excusas al Presidente por sus denuncias, pero luego se supo que dicho documento fue escrito por Jesús Amado Sarria.