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“Con dolor de patria, pero con el firme propósito de hacer de la honestidad el más importante de los lineamientos institucionales, culminamos investigación propia que compromete a tres mayores y un patrullero en actos que mancillan honor policial. Deberán responder ante la justicia”. Esas fueron las palabras con las que, el pasado 2 de agosto de 2023, el director de la Policía, el general William René Salamanca, informó sobre un expediente que, hasta hoy, se maneja bajo total reserva ante las autoridades judiciales y que fue denunciada por agentes encubiertos de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) que hacen presencia en Colombia.
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El Espectador tuvo acceso a esta investigación que inició el pasado 25 de mayo de 2023, cuando agendes de la DEA alertaron sobre cómo el mayor de la Policía, Pablo Andrés Uribe Gómez, quien estaba adscrito a la Dirección Antinarcóticos, lideró una red criminal destinada a dos graves acciones: primero, presentar a falsas fuentes humanas ante las autoridades para cobrar de manera fraudulenta millonarias recompensas de la DEA y la propia Policía. Según la investigación de la Fiscalía, conocida por este diario, esas sumas eran divididas entre las falsas fuentes y los altos oficiales hoy capturados y respondiendo ante la justicia.
La segunda actividad ilícita que habría sido ejecutada por el propio Uribe Gómez y los mayores Carlos Mario Montoya Castro (entonces líder del Gaula de la Policía en Cesar) y Andrés Felipe Osorio Osorio (encargado de investigar hechos de corrupción en la justicia penal militar), era cobrar grandes sumas de dineros a grupos criminales para dejarles pasar los cargamentos de cocaína por las vías y puertos en la región Caribe. Estas acciones criminales fueron reportadas a los agentes de la DEA en Colombia por un agente encubierto que, hasta hace muy pocos meses, era parte de la estructura criminal de los tres mayores de la Policía, pero que este diario se abstiene a revelar por motivos de seguridad.
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Los documentos conocidos por este diario señalan que este agente encubierto, quien también trabajaba para la Fiscalía en otros procesos de narcotráfico bajo ese mismo rol, grabó varias conversaciones que incriminan a los mayores de la Policía. Además, este hombre le dijo a los agentes de la DEA en Colombia que el mayor Uribe Gómez recogía información de amigos que fueron extraditados a Estados Unidos y de miembros de organizaciones criminales. “La fuente humana indica que los uniformados tienen relación directa con miembros del Clan del Golfo y La Cordillera, por lo que teme por su vida y la de su familia”, dice la investigación de la Fiscalía.
Se trata de dos organizaciones criminales que han tenido alianzas con miembros de la fuerza pública, como recientemente lo han revelado investigaciones judiciales. Por ejemplo, en marzo de 2022, el capo narcotraficante alias Matamba se fugó de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, con la ayuda de miembros de la Policía, el INPEC y del Clan del Golfo. En cuanto a La Cordillera, que delinque en el departamento de Risaralda, la Fiscalía ha dicho que integrantes de la Policía hacen parte de la organización. Incluso, el ente investigador indaga qué uniformados tuvieron que ver con el asesinato del estudiante Lucas Villa, perpetrado en mayo de 2021 en el marco de las marchas del paro nacional.
Aún hay policías por capturar
La fiscal del caso contra los dos mayores de la Policía detalló en las audiencias que, entre 2019 y 2023, en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Bogotá, el alto oficial Uribe Gómez, junto al agente infiltrado y otros funcionarios de la Policía que aún no se han podido identificar, se organizaron para repartirse los dineros de las recompensas de la oficina de “gastos reservados” de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y de la DEA. “Teniendo como modus operandi que los funcionarios recogían la información y se la entregaban al agente infiltrado para que él reclamara esas grandes sumas y luego las dividieran entre el grupo de policías”.
En marzo de 2023, dice la Fiscalía, se sumaron los mayores Osorio, Montoya (quien ya aceptó cargos) y Elkin José Tovio Casarrubia, un patrullero de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL), quienes estaban encargados de facilitar la salida de los cargamentos de cocaína en los puertos de Barranquilla y Cartagena. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, denominada como Operación Dignidad, los mayores de la Policía usaban vehículos de la institución para mover los cargamentos de droga y los sobornos que eran entregados por parte los grupos narcotraficantes.
Por ejemplo, semanas antes de sus capturas, los uniformados habían pactado con los grupos narcotraficante simular una avanzada policial con el fin de sacar tres toneladas de cocaína por los puertos de Barranquilla y Santa Marta, sin embargo, el enorme alijo de droga no salió, ya que las autoridades los apresaron primero. Otra de las alertas que tuvo la Fiscalía para saber que los cuatro policías andaban en malos pasos es que no tenían cómo justificar el ingreso de más de $1.000 millones y que, dice la investigación, venían de las coimas recibidas de las mafias a cambio de facilitar y prestar logística en los envíos de contenedores de droga a Países Bajos y Bélgica.
Lo que pudo establecer este diario es que mientras los mayores son procesados penalmente, la Fiscalía adelanta investigaciones sobre qué otros funcionarios de la Policía se repartían las recompensas y qué narcotraficantes del Clan del Golfo y La Cordillera estaban aliados con los altos oficiales. “Sabemos que había funcionarios de la Oficina de Gastos Reservados de la Dirección Antinarcóticos de la Policía que también recibían plata a cambio de hacer esos millonarios giros fraudulentos. Se está buscando qué otros policías de igual o mayor rango también participaban en el movimiento de cocaína”, dice una fuente del caso, quedando sobre la mesa que aún queda tela por cortar en este capítulo de corrupción policial.
Por David Escobar Moreno
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