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Este jueves, la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, confirmó que las escuelas rurales que debía conectar Centros Poblados, contratista acusado de corrupción, quedarán en manos de la empresa bogotana ETB y la compañía de conectividad Skynet.
La razón: fue la unión temporal que quedó en segundo lugar en la carrera por la denominada región B, la porción que le fue adjudicada a Centros Poblados y que corresponde a Arauca, Cundinamarca (incluida Bogotá), Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Los demás departamentos corresponden a la región A, adjudicada a Claro hace un año.
En entrevista con este diario, la ministra responde a los cuestionamientos de las veedurías que señalaron la necesidad de iniciar una nueva licitación, en vez de entregarle el contrato a ETB.
Asimismo, asegura que evalúan “alternativas” para cubrir un faltante: si bien ETB y Skynet, al igual que Centros Poblados, ofrecieron 18 meses adicionales de conexión (para un total de 10 años) y una velocidad de 6 mbps, quedaron en segundo lugar porque propusieron menos puntos conectados que Centros Poblados. Es bajo esa oferta original que se firmará el contrato. La pregunta ahora es cómo resolver la conexión de los 688 puntos menos o que faltarían.
Cuando usted llegó al Ministerio dijo que no era fijo que el contrato se le adjudicaría a la ETB, cosa que anunció la exministra Abudinen, y que había varias opciones que estaban evaluando. ¿Por qué se deciden finalmente por esta opción?
Cuando llego al Ministerio me encuentro con que el análisis no era exclusivamente contractual, no era un problema solo del contrato y saber qué pasaba con $70.000 millones. Encuentro que las variables en el asunto son enormes. Tenía que empezar a revisar lo financiero, técnico, jurídico, velar por el objetivo principal, que es la conectividad en las zonas rurales. Además, encontré temas penales, disciplinarios, contenciosos, con acción popular, derechos de petición, acciones de tutela… Tenía además que alinear todo eso con otro frente importante: que había sucedido un hecho que estaba generando un daño profundo en el país y en los niños y que no podía dejarse de lado. Hoy puedo decir con absoluta certeza que estamos dando los pasos que son: liquidar el contrato y con la liquidación hay dos opciones: que en los tres días siguientes los contratistas paguen lo liquidado, que incluye el anticipo y los intereses que se han generado por ese valor. Si no están de acuerdo, tienen 10 días hábiles para presentar recurso. Si eso pasa, seguirá el proceso administrativo correspondiente, pero si queda ejecutoriado ya tendría un título ejecutivo para poder exigir los $70.000 millones iniciando un proceso de cobro coactivo.
Segundo paso: una vez haya liquidado y pueda empezar el cobro correspondiente voy entonces a suscribir el contrato, en este caso con quien quedó de segundas en el proceso licitatorio. Según el análisis del escenario que acabo de comentar es la opción que nos permite rescatar las vigencias futuras que ya están programadas y no perder los aportes que ya habían sido concedidos por el Gobierno, por más de un billón de pesos dirigido a este contrato. Yo tenía que sopesar todo, si hubiera llegado corriendo a liquidar y adjudicar, seguramente hubiera cometido errores. No pasó eso.
Cuando se anunció que ETB quedaría con el contrato, las veedurías, que durante todo el proceso de licitación advirtieron irregularidades que después se terminaron comprobando, dijeron que no se le debería dar ese contrato a ETB, sino abrir una nueva licitación. ¿En qué base jurídica se toma esta decisión?
Uno de los primeros cuestionamientos que me hice sobre este caso era saber dónde había estado el vicio. Revisando eso concluí que el proceso licitatorio no está viciado, lo que está viciado es una etapa de formalización del contrato con quien ganó la adjudicación. En consecuencia, puedo aplicar la norma que expresamente me permite proceder, que indica que al no cumplir el primero que ganó puedo suscribir el contrato con el segundo en calificación. Aquí se presentaron 10 proponentes cuya diferencia en puntaje se generaba presentando más centros, más velocidad y más tiempo de prestación del servicio.
Centros Poblados precisamente ganó por ofrecer más puntos. ¿Cómo se resolverá el hecho de que ETB ofreció menos puntos y seguramente hay municipios donde ya se pudo haber creado la expectativa de conexión?
Cuando estamos dando aplicación al artículo 9 de la ley 1550 para poder contratar con el que quedó de segundas en la licitación, se contrata con la propuesta que presentaron y eso hace que efectivamente haya una variación en el número de los centros digitales. Todos los departamentos que habían sido inicialmente incluidos van a tener centros digitales, va a variar el número de centros. El desafío es rescatar toda la estructura contractual y presupuestal para no perder la posibilidad de utilizar las vigencias futuras y cuanto antes llevar la conectividad a las zonas rurales. No obstante, como quedan algunos centros digitales sin ser instalados, ya estamos evaluando las alternativas que por otra vía tenemos como Ministerio para solventar la situación.
En muchas escuelas ya hay equipos que quedaron instalados, y seguramente hay muchos rectores o instituciones preguntándose qué va a pasar con todo eso que les dejaron ahí…
El contrato que hay es de aporte. Eso significa que hay un servicio público de por medio. El Estado toma la decisión de hacer unos aportes, poner un dinero, a cambio de que particulares presten el servicio. No estamos adquiriendo equipos, ni cableados, ni antenas; la estructura física no es lo que se adquiere, sino un servicio por 10 años. Sí, se necesitan equipos para el centro digital, pero eso no es lo contratado. Si el contratista inició con su labor en los puntos, eso era parte del normal desarrollo del contrato, y esos equipos son propiedad del contratista, no tenemos ninguna injerencia en el particular y habrá que tomar las medidas correspondientes para que puedan ejercer su derecho de propiedad respecto de esos bienes, que no representan ninguna clase de pago, contraprestación, adelanto de nada, porque lo que contratamos fue el servicio. Con el nuevo contratista estaremos coordinando para ejecutar el cronograma correspondiente en los puntos que queden dentro del contrato.
La otra región, la región A, adjudicada a Claro, también presentó algunos retrasos. ¿Cómo va esa ejecución?
En ese contrato como en todos estamos verificando el cumplimiento; no esperemos menos que se honren las condiciones propias del contrato. Se han venido entregando centros digitales, la interventoría ha venido haciendo su evaluación, tenemos que seguir haciendo el monitoreo.
¿En este momento cuál es la cifra de los centros digitales entregados por Claro? ¿Cuántos debería haber entregado ya?
Hoy particularmente estoy focalizada con la zona B. No quiere decir que subestime la zona A, es importante porque suma al gran derrotero, pero tengo actualizadas las cifras de la zona b.
¿Cuáles serán las prioridades de su ministerio en el tiempo que queda de este Gobierno?
Son 235 días y trabajaremos en dos frentes: conectividad y transformación digital. En conectividad tenemos que seguir trabajando en el 70 % de cobertura de los hogares y en ese frente también está trabajar en los centros digitales. Además, están las decisiones respecto del espectro, que son importantes y que ya estamos abordando. Soy consciente de que tiene que haber una construcción colectiva. Estamos esperando observaciones, esto tiene un trámite que garantiza la participación de todos para que las disposiciones finales sean las que corresponden a las mejores opciones para el país.
Desde transformación digital se trata de trabajar fuertemente en el uso y la apropiación de la tecnología. Esto tiene dos caras: una técnica, de investigación, inversión, cara que en términos prácticos va marchando bien. Seguiremos apoyando eso. Pero la otra cara es la gente del común que necesita de la tecnología, a la que hay que llevársela. Seguiremos trabajando en nuestro objetivo para que se sepa usar, que haya apropiación. La oferta ahí es enorme, dirigida por grupos focales, a niñas, niños, jóvenes. Está el objetivo de dejar 100 programadores certificados. Y en gobierno digital: trabajaremos hasta el último minuto para seguir fortaleciendo la carpeta ciudadana digital y la autenticación por parte de los ciudadanos, que puedan utilizar la carpeta y que estén a un clic de todos los trámites y servicios del gobierno.
¿Subasta de 5G queda entonces para el próximo gobierno?
5G no es un blanco y negro. Está compuesto de diferentes elementos. Uno tiene que ver con el marco jurídico. El proyecto de decreto de topes está publicado y ahí hay cabida para la banda que permitirá que se desarrolle y fortalezca 5G. Adicionalmente, tenemos el proyecto que se viene implementando de los puntos piloto, con lo que nos estamos acercando a 50 puntos, en siete ciudades y seis empresas. Esa experiencia nos va a fortalecer para llegar a los resultados óptimos.
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