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Entre los distintos líos judiciales que tiene la poderosa y controvertida familia del Cesar Mattos Barrero, El Espectador conoció otra investigación que involucra a dos miembros de este clan ante la Fiscalía. Uno es Carlos Mattos, el antiguo socio en Colombia de Hyundai, quien se encuentra en medio de una disputa jurídica para determinar si es extraditado desde España, acusado de haber sobornado a dos jueces en Bogotá. El segundo es su hermano, Edward Mattos, un reconocido ganadero de ese departamento, quien está a la espera de que la JEP lo admita como presunto financiador del bloque Norte de los paramilitares, comandado por el recientemente deportado exjefe de las Auc alias Jorge 40.
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Este diario supo que existe un expediente en la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema, en el que se busca indagar sobre un supuesto soborno millonario que habría recibido un alto funcionario judicial de Valledupar para absolver a Edward Mattos. El ganadero fue procesado por el asesinato de la jueza de Becerril Marilis Hinojosa, ejecutado en enero de 2003 por los paramilitares, comandados por alias Tolemaida y el Samario. Por el homicidio de la jueza fueron condenados varios paramilitares y el ganadero Hugues Rodríguez al igual que Rodrigo Tovar Pupo, como realmente se llama Jorge 40.
Varios de los implicados en este proceso fueron llamados a entrevista en el búnker de la Fiscalía, entre ellos el propio Hugues Rodríguez, quien no asistió a la diligencia porque se encontraba fuera del país. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que este no avanza desde mediados de 2017. La acusación de la Fiscalía apuntaba a que empresarios, ganaderos y alcaldes se confabularon para asesinar a la togada, quien iba a ser candidata a la Alcaldía de ese municipio. Además del móvil electoral, el crimen de Hinojosa se enmarca entre la cruenta guerra entre paramilitares y guerrilleros: la jueza era familiar de la pareja del jefe de las Farc Simón Trinidad, quien fue extraditado a EE. UU. en 2004.
Lea: Caso Hyundai: por soborno, Carlos Mattos es llamado a juicio por segunda vez
El caso ahora cobra relevancia luego de que Edward Mattos le pidiera a la Comisión de la Verdad de la JEP que lo escuchara en su calidad de financiador de las Auc en el Cesar y prometiera dar nombres de la alta sociedad de ese departamento que hicieron lo propio. Incluso, se comprometió a revelar hechos de corrupción judicial. Este diario se contactó con cuatro personas cercanas al entorno de los Mattos y señalaron que, si acaso Edward Mattos sabe algo de que su hermano corrompió el sistema judicial, no hay manera de que testifique en su contra. Por su parte, Carlos Mattos ha insistido ante distintos frentes judiciales que no pagó a jueces para beneficiarse y que es inocente.
En la ruta de este presunto soborno habría participado otro integrante del clan Mattos, un abogado local de Valledupar, que habría tenido como destino final un alto exfuncionario de la Rama Judicial en la zona y que llegó a ser jefe de Fiscalías de la capital del Cesar. Además, que a otro procesado le habrían hecho el mismo ofrecimiento para absolverlo, pero este habría rechazado la oscura oferta de pagar un millonario soborno a cambio de salir limpio en la sentencia. Con el fin de no afectar la investigación judicial del ente investigador, este diario se abstiene de revelar los nombres de los implicados que gestionaron la entrega de ese pago bajo la mesa.
En diálogo con este diario, el abogado de Carlos Mattos en Colombia, Iván Cancino, señaló que no conocía de esta investigación judicial y fue enfático en decir que “miente quien diga que Carlos Mattos dio algún dinero. Nos parece muy raro que empiecen a mover investigaciones con falsedades, cuando las autoridades judiciales españolas han señalado la falta de garantías de la Fiscalía colombiana. Deja un tufillo muy raro”. Otro de los abogados que fue parte del equipo de la defensa del empresario aseguró que no conocían de tal indagación. Este diario se contactó con el abogado de Edward Mattos, quien comentó que no se pronunciará.
En el caso del asesinato de la jueza Hinojosa, Edward Mattos era señalado de haberse alineado con los “paras” en Codazzi y de haberle prestado varios vehículos al grupo criminal para cometer varios delitos. Incluso en uno en que se movilizaron los paramilitares para asesinar a Hinojosa fue encontrado un maletín del ganadero, sin embargo, la justicia determinó que no había “méritos para condenarlo”. En cuanto a Hugues Rodríguez, en 2011, le pidió a la Corte Suprema que revisar la condena en su contra y expuso nuevas pruebas: una indagatoria de él mismo, dos declaraciones de Tolemaida y un informe de la Fiscalía que indicaría que Rodríguez no fue parte del organigrama de las Auc. El alto tribunal le negó la revisión de su pena. Rodríguez ha insistido en que simplemente fue un intermediario entre las Auc y la jueza con el fin de que no fuera asesinada.
Sobre Edward Mattos y su familia siempre han existido dudas de si en los años noventa y dos mil mantuvieron estrechas relaciones en Codazzi con el frente Juan Andrés Álvarez, del bloque Norte de las Auc. Además del expediente por el asesinato de la jueza Hinojosa, Edward es investigado como determinador del asesinato del sindicalista Aldo Mejía (líder de la Central Unitaria de Trabajadores), perpetrado el 4 de abril de 2001, y del homicidio del ganadero Disnaldo José Perpiñán y su ahijado Carlos Alberto López, cometido el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi (Cesar). Por el primer caso se encuentra preso en las celdas del antiguo DAS y por el segundo pidió ingresar a la JEP.
El pasado 28 de octubre, este diario registró que Edward Mattos le envió una misiva a la Comisión de la Verdad (el 9 de octubre) para que lo escuchara. En su comunicación, el comerciante y hermano del exsenador de Cambio Radical Alfonso Mattos dice que revelará nombres de políticos de la región (exgobernadores), ganaderos, palmicultores, otros grandes agricultores e incluso reconocidos cantantes de vallenato que financiaron o colaboraron en masacres, desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamiento forzado y despojo de tierras de las Auc. Esos nombres se encuentran en un documento reservado ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia especial.
Las otras supuestas mordidas
No es la primera vez que Carlos Mattos es señalado de darle plata a un funcionario judicial para corromper un proceso. El empresario se encuentra en España (país del que también es ciudadano), donde, a través de un recurso judicial, logró ponerle freno a una solicitud de extradición del Gobierno colombiano hace unas semanas. La Fiscalía lo señala de ser el cerebro de toda una operación entre 2015 y 2016 para sobornar a un juez (Reinaldo Huertas) y varios funcionarios que trabajaban con él o en el sistema de repartos de juzgados civiles de Bogotá. Según la Fiscalía, con esos sobornos, Mattos logró que una demanda que él presentó contra la multinacional surcoreana Hyundai cayera específicamente en el despacho de Huertas.
El ente investigador afirma que, tras recibir más de $2.500 millones, dictó una medida cautelar para favorecer a Mattos: ordenó que Hyundai solo podía hacer negocios en Colombia con Carlos Mattos mientras su “divorcio” se resolvía. La Fiscalía afirma que también sobornó a una jueza Ligia del Carmen Hernández, quien el año pasado fue condenada a dos años de prisión tras admitir que recibió dinero de Mattos (no menos de $100 millones dentro de cajas de zapatos) por favorecerlo con una decisión igualmente relacionada con el caso Hyundai. Un exabogado de Mattos, Álex Vernot, es acusado de haberle ofrecido dos millones de dólares a un testigo clave de la pesquisa: el abogado Luis David Durán, antiguo defensor y amigo de Mattos que ahora testificará en su contra.
Por David Escobar Moreno
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