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En respuesta al editorial del 23 de septiembre de 2023, titulado “Diez años de apatridia y racismo en República Dominicana”.
Con el título “Diez años de apatridia y racismo en República Dominicana”, El Espectador incurre en afirmaciones que faltan a la verdad, lesionando así el buen nombre de nuestro país. Como dominicano, exministro de Relaciones Exteriores y seguidor del proyecto de nación y del pensamiento del fenecido doctor Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República, me permito puntualizar lo siguiente:
La histórica sentencia de nuestro Tribunal Constitucional fue el resultado de un recurso de revisión incoado por una señora de padres haitianos que alegaba una supuesta “desnacionalización”, que encontró eco en varios foros internacionales. Dicha sentencia vino a ratificar, de manera valiente e inequívoca, lo que postula nuestra Constitución en su artículo 18, que establece un principio inalterable en todas las constituciones desde 1929: que los hijos de padres extranjeros en tránsito o residiendo ilegalmente en territorio dominicano no adquieren la nacionalidad por el hecho de haber nacido en el país. No les corresponde el derecho al suelo (jus soli).
Como respuesta definitiva a este problema, el Tribunal Constitucional apela a una figura jurisprudencial constitucional del modelo colombiano: hacer la sentencia de este caso particular extensiva a casos similares comunes, el llamado efecto inter comunis.
La sentencia 168-13, que estableció un plan de regularización para esos ilegales, más tarde convertido en la Ley 169-14, tuvo pocos logros, porque las misiones consulares de Haití no facilitaron los documentos requeridos a tales fines por sus nacionales.
En cuanto a la apatridia, esta figura jurídica es sencillamente inexistente en el caso que nos ocupa. Quienes la alegan parecen desconocer que los hijos de haitianos indocumentados nacidos en nuestro territorio son haitianos, en virtud del jus sanguinis establecido por la Constitución haitiana, por lo que no carecen de nacionalidad. Por tanto, cualquier esfuerzo orientado a invocar tratados internacionales para esos fines está condenado al fracaso.
Es oportuno precisar que no ha habido un país más solidario con Haití que el nuestro. Ejemplos sobran: desde la ayuda prestada en injustos embargos en los años 90, pasando por la solidaridad dominicana ante el dantesco sismo en la década pasada, hasta el presente.
Muchos haitianos trabajan en áreas importantes de nuestra economía, como el turismo, la agricultura y el sector de la construcción. Según cifras del Gobierno nacional, cerca del 33 % de los nacimientos en las maternidades de Santo Domingo, nuestra capital, corresponden a madres que llegan directamente desde Haití casi en labor de parto y la cifra se duplica en las provincias fronterizas, ocupando así el legítimo espacio de las dominicanas en los hospitales. Sus hijos, aun sin documentos, estudian en nuestras escuelas públicas.
El presidente Abinader, además de destinar sumas importantes del presupuesto nacional para cubrir estas necesidades, en todas sus intervenciones en foros internacionales pide la solidaridad de la comunidad internacional para Haití. Cualquier otra afirmación al respecto, además de incierta, es injusta.
No debemos obviar el conflicto que afecta a la República Dominicana y a la República de Haití, que vulnera nuestra soberanía, en violación al Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje suscrito en 1929. Esperamos que prime la sensatez, especialmente en el lado transgresor del pacto.
Reciba el hermano pueblo colombiano nuestros parabienes y El Espectador nuestra gratitud por esta publicación en sus prestigiosas páginas.
*Excanciller de la República Dominicana.
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