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Hicieron más ruido las derrotas de nuestros deportistas en Paris, que la ruptura del cese bilateral del fuego entre Gobierno y ELN. La mayoría de los ciudadanos no se enteró de lo que pasa con la supuesta Paz Total y en particular con el ELN y las flaquezas oficiales. En otro país habría pánico y zozobra.
Gobierno y ELN han venido sosteniendo conversaciones encaminadas a lograr la paz y, en principio, todo parecía que iba por buen camino al pactarse un cese al fuego por un año que venció el pasado 3 de agosto. Ese ambiente de reconciliación fue fugaz porque los diálogos quedaron suspendidos desde hace algún tiempo y no fue posible prolongar el cese al fuego, entre otras cosas, porque a los elenos les dio por exigir que este Gobierno expida un decreto reconociendo que son un Grupo Armado Organizado (GAO), lo que parece que Petro está tentado a hacer, para seguirlos complaciendo a cambio de nada.
Para que se entienda el asunto, es preciso aclarar que Grupo Armado Organizado (GAO) es una de las dos divisiones en la que las fuerzas militares desde 2011 dividieron las bandas criminales (bacrim); la otra es la de Grupos Delictivos Organizados (GDO).
Hoy los elenos están ubicados como GDO, porque sus miembros están concertados para cometer delitos, con el propósito de obtener beneficios. Es claro, entonces, que lo que el ELN pretende imponer al Gobierno es que los excluya de esa categoría delictual en la que se encuentran catalogados, no sin razón, y que los gradúen como Grupo Armado Organizado, lo que de acuerdo con la directiva militar se predica de quienes “bajo una dirección de un mando responsable ejerzan sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
El Gobierno tiene que medir esa exigencia del ELN porque no la merecen, pues se sabe que siguen dedicados al narcotráfico, al secuestro y la extorsión, en todo el territorio nacional y en Venezuela, donde son protegidos de Maduro y su banda. Además, porque este sería el primer paso seguro para que fuesen reconocidos internacionalmente como un grupo beligerante alzado en armas, prerrogativa que el Gobierno no se puede dar el lujo de reconocer al ELN, ni siquiera en los tiempos contradictorios y alborotados de Petro.
En efecto, según los investigadores y profesores Lina María Mejía Torres y Mauricio Jaramillo Jassir, “el reconocimiento de la beligerancia se ha entendido como la posibilidad de que un grupo armado sea reconocido bajo las normas aplicables como un sujeto de derecho internacional y, por tanto, con capacidad similar o equivalente a los Estados para combatir en un conflicto armado en igualdad de condiciones, con derechos y garantías”. Cuando un grupo insurgente alcanza la calidad –o dignidad– de beligerante, sus obligaciones en la guerra en relación con el DIH son severas, pero también sus prerrogativas como sujeto de derechos, tantas que no dista mucho de ser tratado como un Estado dentro de otro.
Eso es lo que está en juego. El ELN calcula minuciosamente todo, y ha puesto entre las cuerdas a un Gobierno que ya debería decirles que mientras sigan delinquiendo no los cambiará de Grupo Delictivo a Grupo Armado, porque de hacerlo, los convertirían en unos guerrilleros heroicos acatados en el concierto internacional.
Eso explica el porqué, luego de vencido el plazo del primer cese bilateral pactado con el Gobierno, el ELN ha expresado que, dizque en señal de buena voluntad, no atacará a la fuerza pública, salvo para defenderse. Difícil creer a insurgentes que varias veces han mentido.
Lo que los elenos buscan y estarían a punto de lograr es que, sin haber cambiado su libreto violento, se les despoje de su ropaje delincuencial, para que ellos puedan seguir en lo mismo, pero hablándole de tú a tú a Petro o al que venga en el futuro y, además, con vocería internacional que hoy no tienen.
Todos quisiéramos que ELN dejara de delinquir y que fuera reconocido como grupo beligerante, para que haya paz. Mientras eso no sea así, Petro y su combo tienen que pensar bien que no pueden seguir haciéndoles concesiones graciosas e injustificadas a los elenos.
Adenda No. 1. Por sus impecables hojas de vida, Dora Lucy Arias, Iris Marín y Jomary Ortegón constituyen una terna importante y esperanzadora para los nuevos tiempos en la Defensoría del Pueblo.
Adenda No. 2. Si es por desactualizado y mentiroso, hay que renovar no solo el escudo sino también el himno nacional. ¡Vaya cambio!
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