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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó la entrada a esa justicia al excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. “Si bien los miembros de los grupos paramilitares fueron actores del conflicto armado, no son destinatarios de la JEP”, señaló, una vez más, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al resolver la solicitud de uno de los hombres más poderosos en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Como él, son ya varios los exparas que han pedido, sin mayor éxito, acceder a los beneficios que da esa justicia. Sin embargo, la justicia especial les ha aclarado que pueden entrar por otra ventana.
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En el caso de Macaco, la JEP aseguró que, si bien el juez natural de los paramilitares combatientes es Justicia y Paz (sistema creado en el gobierno de Álvaro Uribe con la ley 975 de 2005) hay otra calidad por la que puede entrar a la jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz con las Farc: la de tercero civil. Es decir, si el exjefe paramilitar se compromete ante la JEP a contar su verdad por las conductas que cometió entre 1990 y el primer semestre de 1996, cuando, según la justicia, “conformó un pequeño grupo para su seguridad personal con los hermanos Virgues quienes eran comandantes de estructuras del Magdalena Medio”, la jurisdicción podría recibirlo como financiador o auspiciador del conflicto.
Aunque ya la Sala de Definición ha dejado claro que revisará cada solicitud de sometimiento caso a caso y que no puede llegar a conclusiones generales, el mensaje para Macaco es muy similar a lo que les ha dicho a otros exparas. En casos de renombradas figuras del paramilitarismo, como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, se han llegado a conclusiones parecidas, y en otros como el de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario y Héctor Germán Buitrago, más conocido como Martín Llanos, todavía hay decisiones pendientes que se podrían ver salpicadas si este análisis se vuelve usual en la justicia especial.
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Uno de los primeros exparamilitares en pedir pista fue Salvatore Mancuso, preso en Atlanta (Estados Unidos) desde 2008, cuando fue extraditado por narcotráfico. A Mancuso se le señala de estar detrás de hechos como las masacres de El Salado, El Aro, Mapiripán, entre otras, para un total de 139. Aunque la JEP respondió que no lo podría recibir como combatiente, le abrió la puerta para revisar sus conductas previas a su ingreso a las Autodefensas, entre 1996 y 1998, cuando estuvo “comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles (despojo de tierras) en el municipio de Turbo, bajo la premisa de una lucha antisubversiva”.
En enero de este año, como con Macaco, la JEP le cerró la puerta a uno de los ideólogos del paramilitarismo, Jorge 40, quien además llegó a ser el segundo al mando del Bloque Norte de las Auc. No obstante, a renglón seguido, la Sala de Definición expresó: “Los miembros de las ‘autodefensas’ –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer si y solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores. Acogiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre el conflicto, según la cual éste es un fenómeno social complejo y multicausal”.
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Por ende, la JEP le dio instrucciones claras de cómo iniciar ese nuevo proceso, en caso de que quiera contar su verdad sobre los crímenes que cometió como auspiciador o financiador del conflicto desde 1996 a 1998, antes de ingresar a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): los magistrados le solicitaron que envíe “por escrito el compromiso concreto, claro y programado de verdad no conocida en la justicia ordinaria, de reparación y de no repetición”.
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